Por Daniel Gutman
En la Declaración final de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro de 1992, se estableció que la participación ciudadana en la toma de decisiones es “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales”. Sin embargo, en América Latina y el Caribe este enunciado tiene aún escaso correlato con la realidad.
Así lo han reconocido la mayor parte de los países de la región, que 25 años después redactan un instrumento jurídico supranacional con el objetivo de hacer posible en la realidad el acceso a la información y a la justicia ambiental para sus habitantes.
Delegados de 24 países participan entre el lunes 31 y el viernes 4 en Buenos Aires de la séptima reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Principio 10 de los 27 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
La de Buenos Aires se espera que sea la penúltima discusión sobre el texto, realizada a puertas cerradas. En noviembre o diciembre se acordaría el documento final, en una ciudad que aún no se ha definido.
Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer.
En la capital argentina quedó claro que el debate sobre los alcances que debe darse a la participación ciudadana no se ha cerrado, a pesar de que la negociación, motorizada por laComisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue lanzada en noviembre de 2014.
El punto sobresaliente es que no se ha definido todavía si el documento será o no vinculante para los Estados firmantes.
Si se acuerda que lo sea, resultará un piso mínimo que las naciones parte deberán garantizar a sus habitantes en materia de participación en cuestiones ambientales. Si la decisión es que no lo sea, podría ser una nueva declaración de principios, que no cambie nada en la vida real.
El relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el estadounidense John Knox, sentó posición cuando advirtió que “el instrumento tiene que ser vinculante, aunque de esa manera sea más difícil alcanzar un consenso”.
“Si no lo es, quedará la impresión de que, en lugar de un paso adelante, será un paso atrás”, agregó.
Knox participó como invitado especial en la apertura del encuentro, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia de tres ministros del gobierno anfitrión y la viceministra de Ambiente de Costa Rica, Patricia Madrigal.
La funcionaria costarricense participó en representación de la mesa directiva del comité de negociación, que presiden su país y Chile e integran además Argentina, México, Perú, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas.
En el mismo sentido que Knox, el especialista argentino sobre derecho ambiental, Daniel Sabsay, orador en una sesión especial sobre la implementación del futuro acuerdo, se mostró “preocupado por la perspectiva de el texto quede en el campo el campo de las grandes expresiones, sin ningún resultado”.
“En los borradores que se han conocido hasta ahora, no hay instrumentos concretos que imperativamente deban ser ejercitados por los países y empoderen a la sociedad civil. Si no es vinculante el acuerdo no será útil”, dijo a IPS.
El debate se da en el contexto de una escalada de las disputas por las tierras y los recursos naturales, que dispara cada vez más conflictos en el mundo y en particular en la región.
“Los conflictos sociales por cuestiones ambientales han provocado 200 asesinatos el año pasado en todo el mundo, de los cuales 60 por ciento se registraron en América Latina. La región más violenta es el Amazonas, donde 16 personas murieron por defender la tierra”, dijo la jamaiquina Danielle Andrade, elegida como representante por la sociedad civil en las negociaciones.
Esa realidad pone en evidencia las deficiencias de los gobiernos para encauzar las preocupaciones de las comunidades locales frente a proyectos extractivos o de uso de la tierra que los afectan.
El Principio 10 de la Declaración de Río dice que los Estados deben facilitar y fomentar la participación social en los debates ambientales, poniendo la información a disposición de todos y garantizando el acceso a los procedimientos judiciales y administrativos.
El consenso es que, en general, en América Latina se ha desarrollado suficiente normativa en ese sentido. De hecho, el canciller argentino, Jorge Faurie, dijo que “desde 1992, 20 países de la región han incorporado a sus Constitucionales el derecho a un ambiente sano y sostenible”.
La cuestión, entonces, parece ser, cómo llevar a la práctica esos derechos que están sobre el papel.
“Casi todos los países tienen normas ambientales, pero problemas para que se cumplan. Por eso entendemos que es fundamental que se cree un comité de implementación del tratado, al que los ciudadanos de la región puedan elevar sus conflictos ambientales, y que tenga participación del público y facultades para intervenir”, dijo a IPS el argentino Andrés Napoli, otro representante de la sociedad organizada en las negociaciones.
El acuerdo que se negocia está inspirado en la llamada Convención de Aarhus, aprobada en 1998 en esa ciudad de Dinamarca, en el ámbito de la Comisión Económica para Europa. Ese instrumento sirvió especialmente para los países del este europeo, que habían abandonado el comunismo pocos años antes y tenían escasa normativa ambiental.
“Los países de América Latina han desarrollado legislación ambiental desde la década de los 90 y recientemente lo han hecho algunos países del Caribe anglófono”, explicó Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal.
“Por eso, se apunta a perfeccionar la capacidad de los Estados para garantizar los derechos tutelados en esa legislación. Algunos países no logran la implementación de la legislación ambiental no porque no quieran, sino por falta de capacitación o de recursos financieros”, añadió a IPS.
De Miguel aseguró que “esperamos un acuerdo ambicioso, que incluya la creación de institucionalidad que luego lo haga cumplir. Y deseamos que lo firmen no solo los 24 países que están negociando, sino los 33 de la región”, agregó.
Entre los países que participan en las discusiones están todos los de América del Sur menos Venezuela y todos los de América Central, excepto Nicaragua, mientras dentro del Caribe insular y continental destacan ausencias como las de Barbados, Cuba, Guyana y Suriname.
Los artículos que se discuten en Buenos Aires incluyen el 6, que define el alcance del derecho a la información; el 7 y el 8, acerca de la participación de los ciudadanos en los procesos de decisiones; y el 9, que reglamenta el acceso a la justicia.
Para la última reunión quedará el debate sobre los artículos que definen la institucionalización del tratado y la creación o no de un comité de cumplimiento que, según la mayoría, definirán su efectividad.
“Es imprescindible establecer mecanismos para asegurar que la participación sea real y las poblaciones más vulnerables accedan a la información, porque solo los organismos oficiales y las oenegés no pueden ‘traccionar (movilizar)’ la participación”, resumió en la sesión especial sobre implementación Leila Devia, directora del Centro Regional Sudamericano del Convenio de Basilea.
Ese convenio, en que participan 170 Estados parte, se ocupa del control transfronterizo de los desechos peligros y de su eliminación.
Derechos indígenas y comunidades
En el borrador para el Acuerdo Regional hay varias referencias a los pueblos indígenas y se establece que se reconocerá el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, reconocido en la mayoría de las legislaciones nacionales y que establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que norma los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
También se prevé que la información sea entregada en lenguas indígenas y que reciban asistencia especial para acceder a información, en tanto se los reconoce como grupo vulnerable.
Además, se establece que, ante cada proyecto con impacto ambiental, el Estado tendrá la obligación de identificar a las comunidades directamente afectadas y de promover su participación informada en la toma de decisiones.
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