Las comunidades garífunas de Santa Fe en Colón, al norte de Honduras, se han instalado en campamentos de recuperación de tierras, ante la venta ilegal del territorio ancestral provocada por el alcalde municipal Noel Ruiz y avalada desde el Instituto de la Propiedad a beneficio de empresarios canadienses.
En Honduras existen enormes presiones territoriales sobre la costa garífuna, siendo la bahía de Trujillo en Colón y Tela en Atlántida, las más apetecidas por empresarios extranjeros, que con la ayuda de empresarios nacionales y políticos hondureños se están apoderando de las playas y humedales para la construcción de emporios turísticos.
Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista, Carivida, Njoi y Banana Coast, son algunas de las empresas canadienses denunciadas por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), por adquisición de tierras de forma indebida ante la negligencia de las autoridades encargadas de investigarlas y aplicar justicia.
“Los canadienses llegaron hace más de diez años haciéndose pasar como amigos”, dice Matías Caballero, maestro de educación primaria en Santa Fe, quien forma parte de la Ofraneh, y acompañó a Radio Progreso en un recorrido por los tres campamentos que las comunidades han instalados para defender sus tierras. “Luego comenzaron a comprar pequeños terrenos a precios simbólicos, y de repente ya se habían apoderado del 70 por ciento de nuestras tierras”.
Producto de la lucha que mantienen las comunidades garífunas, seis personas están siendo judicializadas por denunciar la venta ilegal de tierras. César Geovany Bernárdez, miembro de la coordinación general de Ofraneh, y corresponsal de Radio Progreso, ha sido acusado por el canadiense Patrick Forseth, de usurpar un terreno que se encuentra dentro del título de la comunidad de Guadalupe en Santa Fe, Colón.
El canadiense Patrick Forseth es dueño de la Sociedad Mercantil “Carivida”, junto a Randy Jorgensen conocido como “el Rey del Porno”, quienes han sido denunciados por apoderarse ilegalmente de las tierras garífunas ubicadas en la bahía de Trujillo, según la Ofraneh.
En 2008, la comunidad Guadalupe interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía de las Etnias por la venta ilegal de tierras dentro del perímetro de su título comunitario, pero pese a estas denuncias el juez Fredy Cenen Caballero Núñez, del Juzgado de Trujillo, acreditó legítima propiedad del terreno comunitario a la Sociedad Mercantil Carivida, de Patrick Forseth.
En 2016 en esa misma comunidad de Guadalupe fue detenida la dirigente garífuna Medaline Martina David Fernández por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de Carivida. El Juzgado de Letras de la ciudad de Trujillo emitió un sobreseimiento definitivo a favor de la dirigente garífuna, pero en mayo de 2017 por el mismo delito fue detenido César Geovany Bernández, comunicador social de Ofraneh y corresponsal de Radio Progreso.
El terreno adquirido por la empresa “Carivida” formó parte de un proyecto de ecoturismo manejado por las mujeres garífunas de Guadalupe, con el financiamiento de PNUD y AECID, pero este se vio afectado por la ola de violencia que provocó la instalación de una represa hidroeléctrica sobre el río Betulia, asegura la población que se mantiene en los campamentos.
“Nos han destruido los campamentos y todos los días recibimos amenazas por esta lucha”, dice Aida Reyes del Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad Guadalupe, organización que mantiene tomado el terreno comunitario donde antes funcionaba el proyecto de Mujeres “Mutu”. Terreno que fue vendido al empresario canadiense por parte del señor Eleuterio Arriola, quien se auto dominó dueño del predio.
Sin embargo, la comunidad de Guadalupe posee un título definitivo de la propiedad comunitaria otorgado en 1998, inscrito en el Instituto de la Propiedad con registro número 6663, folio 467 y tomo 45. En tal virtud la municipalidad de Santa Fe no estaba facultada a entregar título individual al señor Eleuterio Arriola, para que este vendiera la tierra al canadiense. “El alcalde ha cometido un delito y debe aplicársele la justicia”, agrega Aída Reyes, quien permanece en el campamento a pesar de las amenazas y hostigamiento por parte de los empleados del empresario canadiense.
La Ofraneh ha dicho públicamente que todas las comunidades garífunas están amenazadas con desaparecer, producto de la implementación de las ciudades modelo que acarrea la explotación minera, instalación de represas hidroeléctricas y mega proyectos turísticos, con el visto bueno del gobierno pasando por encima de la vida y dignidad de las comunidades.
Ofraneh es la organización que aglutina las comunidades garífunas en las costas hondureñas, ha librado una lucha dentro y fuera del país en defensa de sus territorios ancestrales. En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sentenció al Estado de Honduras por violación a varios derechos a las comunidades garífunas El Triunfo de La Cruz en el municipio de Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.
A pesar de las amenazas, hostigamiento y procesos de criminalización las comunidades garífunas de Santa Fe, Colón, permanecen en los campamentos de recuperación de tierras día y noche, esperando que les devuelvan la tierra que recibieron en herencia de sus ancestros.
Radio Waruguma
La Radio Waruguma (Estrella), localizada en la ciudad de Trujillo, Colón, ha recibido una resolución donde se le califica de “Rebelde” y se le amenaza de cierre, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esta es la segunda ocasión en que la radio Waruguma es objeto de resoluciones con el propósito de clausurarla. Además de Waruguma, la radio Comunitaria Sugua (Caliente), en Sambo Creek, también ha sido objeto de amenazas de cierre por parte de Conatel en 2016.
Esto se convierte en un atentado al derecho humano a la comunicación que tienen todas las personas en el país. Ante esta situación, la lucha de las comunidades garífunas se arrecia, ante la indiferencia de un Estado hondureño racista y violador de derechos humanos.
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