Hondureñas y hondureños:
El presente llamamiento procede de diversas organizaciones Sociales y de compatriotas que se articulan como Convergencia contra el continuismo con el propósito de que tomemos conciencia sobre la necesidad de hacer frente a los graves problemas actuales e históricos que nos aquejan como pueblo, al efecto de procurar la transformación política, económica, social y cultural indispensable para avanzar hacia una Sociedad libre, fundada en democracia participativa e incluyente.
Hacemos un llamamiento a rechazar la reelección por su ilegalidad, porque la Constitución de la República de Honduras la prohíbe y porque representa el continuismo para la profundización del modelo neoliberal que desmantela el Estado de Derecho, ahonda la pérdida de la soberanía nacional y la violación permanente de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales.
Para imponer la reelección, la Corte Suprema de Justicia, al margen de sus atribuciones, declaró inaplicables varios artículos que la prohíben, y el Congreso Nacional, por su parte, rechazó la solicitud para que dicha decisión fuese tomada por voluntad soberana directa, mediante plebiscito. Una decisión ilegal porque ninguno de los poderes del Estado puede sustituir al pueblo, que es el soberano.
Ante esta situación de abuso de poder, la Constitución de la República reconoce el derecho a la desobediencia civil y a la insurrección popular y obliga a las Fuerzas Armadas a garantizar la alternatibilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Como hasta ahora ninguna de las reacciones planteadas se han realizado, el proceso electoral conserva incólumes sus vicios de nulidad plena, y, por consiguiente, su desarrollo conlleva una fuerte carga de disolución política y social, de consecuente riesgo imprevisible por la consumación del fraude electoral. Más aún cuando, la posición declarada de un sector de la comunidad internacional es la de recomendar, de manera acomodaticia, la reglamentación de la reelección presidencial, con lo cual se avala una novedosa modalidad de golpe de Estado por vía electoral.
La escalada continuista, concretada en la reelección presidencial, se fundamenta en el binomio corrupción-impunidad como mecanismo de acumulación de capital, indispensable para sostener el régimen neoliberal. En términos económicos, el proyecto gubernamental “Plan de País” se sustenta en el asistencialismo que elimina políticas públicas sociales. Basta con ver el contenido del Presupuesto General de la República y demás iniciativas del régimen: plan 20-20 para atraer inversión extranjera transnacional, favorecida con políticas de empleo precario con tercerización; plan “con chamba vivís mejor”, un programa de subsidio salarial a los empresarios que genera inestabilidad laboral; programas publicitarios de caridad pública totalmente ajenos al desarrollo social sostenible; combate a la criminalidad basado en el exclusivismo militarista, de hecho fracasado; manoseo informativo masivo para esconder el incremento de la pobreza, de la desigualdad social, de la criminalidad, de la violación de los Derechos Humanos especialmente en materia laboral; y, en fin, el colapso económico merced al brutal aumento de la deuda pública internacional, al robo sin freno del erario y de los demás bienes nacionales.
Algunos, por conveniencia o por ingenuidad, se permiten darle crédito y hasta entusiastas aplausos al concierto de los medios de comunicación corporativos que resaltan la mentira oficial, con las estadísticas del engaño, y que mantienen soterrada la espantosa realidad en que vive cerca del 70 por ciento de la población hondureña, sin posibilidad de cambiarla bajo el continuismo reeleccionista. Son los comparsas del régimen, cómplices directos del atraso y de la desgraciada perspectiva a que apunta el actual proceso electoral.
Los hondureños y hondureñas, independientemente de las ideologías, de las afinidades y militancias políticas, de las diversidades sociales y culturales, no debemos ser indiferentes a tal situación y lo que ésta depara al futuro de nuestra Sociedad. No debemos ser indiferentes a los problemas de las comunidades que defienden sus bienes comunes, como sus ríos, sus bosques, sus minerales, sus carreteras. Rechazamos tajantemente a los que impunemente judicializan, persiguen o matan -como en el caso de Bertha Cáceres-a personas y organizaciones que reclaman justicia, protegen sus territorios, su tierra y patrimonios comunes.
Tampoco debemos ignorar problemas que se engloban en la privatización de los sistemas de salud, de educación, de los servicios públicos, en el desempleo y la falta de oportunidades de vida segura y digna que afecta de manera directa a la niñez, a las mujeres, la juventud y todas las poblaciones llevadas a situación de vulnerabilidad. No debemos, asimismo, dispensar el asalto y la desarticulación a las instituciones como la de seguridad social; así como la parcelación del territorio nacional en ciudades modelo, algo que equivale al desmembramiento del Estado de Honduras y a la eliminación de la nacionalidad hondureña en favor de la globalización y del bloqueo a la necesaria integración regional y latinoamericana.
Hondureñas y hondureños:
En virtud del sucinto enfoque sobre la situación nacional aquí expuesto, esta Convergencia contra el continuismo de diversas organizaciones y articulaciones sociales considera, por el bien nacional y la salvación de Honduras, nuestra Patria, que ha llegado el momento de unirnos en una sola voz y en un solo esfuerzo para el rescate de nuestra institucionalidad y la superación del atraso y la dependencia. Es éste un momento crucial, de urgente acción de soberanía para atajar el continuismo dictatorial, la reelección, por todos los medios constitucionales y acciones ciudadanas posibles.
Este llamamiento político no es de naturaleza ni intención electorera. Es de imperiosa razón de ciudadanía y de país, de pueblo consciente y organizado. Es de genuina unidad nacional. De auténtica representatividad democrática, profundamente legítima, construida a base de consensos en todos los órdenes de la vida y del desarrollo integral de la nación, y finalmente refrendado a través de un Gran Pacto Político, Económico, Social y Cultural que responda a las necesidades, anhelos y perspectivas de cambio del pueblo hondureño.
Honduras, 19 de agosto 2017
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