Por Javier San Vicente Maeztu
Honduras es el país que más ingresos fiscales pierde por incentivos a empresas nacionales y extranjeras: un 5,6% de su PIB
La nueva Ley de Fomento del Turismo en Honduras es ejemplo de cómo las élites económicas controlan la política fiscal para beneficiarse sin tener en cuenta el interés público, los recursos naturales y a la población originaria.
El día a día para la gran mayoría de los hondureños no es sencillo. Más del 60% de la población de este país centroamericano vive en la pobreza, y aproximadamente el 40% sobrevive bajo la línea de la pobreza extrema. Además, se trata de uno de los países más violentos del planeta, debido a su importancia como ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos, lo que provoca el desplazamiento forzado de miles de sus ciudadanos al año, que huyen hacia el norte buscando mejores condiciones de vida, o simplemente para evitar ser víctimas de la violencia armada.
Frente a esta dura realidad, el Estado hondureño no puede (o no quiere) atender las necesidades de sus ciudadanos y eliminar las causas estructurales de la pobreza y la violencia. Los altos niveles de corrupción, que son una constante desde la época colonial, provocan que las élites políticas que dominan el país estén más centradas en obtener beneficio para ellos y sus allegados (no pocas veces vinculados con el crimen organizado) que en lograr un verdadero progreso económico y social.
En este contexto, la política fiscal del país muestra un diseño dirigido a favorecer a determinadas élites, en vez de a trabajar para construir un verdadero estado democrático y avanzar hacia la justicia social. De hecho, en el 2015 y según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, organización socia de InspirAction, el 70% de la recaudación fiscal del país procedía de impuestos indirectos, caracterizados por su regresividad. Esta situación viene derivada de la proliferación de leyes que ofrecen incentivos fiscales a empresas nacionales y extranjeras. Según datos de las autoridades tributarias de la región, Honduras es el país que más ingresos fiscales pierde en relación al tamaño de su economía como consecuencia de la aplicación de estos incentivos en toda Centroamérica, suponiendo esta pérdida un 5,6% de su PIB. Al mismo tiempo el país sigue estando a la cola en cuanto a recepción de inversión extranjera directa en la región, siendo el cuarto país (de seis) en términos nominales.
La última de estas normativas que promueven los incentivos fiscales es la Ley de Fomento del Turismo, actualmente en discusión dentro del Congreso Nacional de Honduras. Esta ley se suma a una anterior, aprobada en 1998 y llamada Ley de Promoción del Turismo, cuya aplicación solo en el año 2016 causó, según ICEFI, una reducción en los ingresos fiscales del país de alrededor de 500 millones de lempiras (21 millones USD). La nueva normativa dispone, además de la ampliación de los privilegios fiscales actuales, la creación de un Fondo de Turismo, el cual según ICEFI “es una muestra de corporativismo del Estado, pues confluyen intereses privados que manejarán recursos y decisiones públicas, lo que da lugar a un potencial foco de corrupción”.
Además, la nueva ley propone que dicho ente pueda expropiar tierras que hoy son de propiedad privada o comunitaria, por la existencia de un aparente interés para promover inversiones turísticas. Este precepto produce todavía mayor preocupación, más teniendo en cuenta los nefastos antecedentes de Honduras en cuanto a persecución del movimiento ambientalista y de defensa de los recursos naturales.
Desde el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres en 2016, ocurrido en el marco de su defensa de un rio sagrado frente a las pretensiones de una empresa, han sido múltiples los casos de hostigamiento, amenazas y muertes de defensores del territorio. En enero de 2017 Global Witness publicó un informe en el que calificaba a Honduras como el país más peligroso del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente.
Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que agrupa a amplios sectores del pueblo afrodescendiente garífuna, aseguran que esta ley no ha sido debidamente socializada. Además, señalan que les produce gran preocupación que se otorgue al Fondo de Turismo capacidad para promover la expropiación de tierras, contraviniendo de forma directa el derecho a consulta previa, libre e informada establecido en la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Y su preocupación no está para nada infundada, dado que el pueblo garífuna ha sufrido varias experiencias negativas en los últimos años en relación con la implementación de proyectos turísticos en la costa caribeña de Honduras. Entre estas destacan el desalojo violente de la comunidad de Barra Vieja en Tela para favorecer el proyecto turístico Indura Resort en 2014, o el proceso de despojo de tierras en marcha en la actualidad en los alrededores la ciudad de Trujillo en detrimento del pueblo garífuna.
Es por ello que es fundamental cambiar la política fiscal del país, en cuanto a incentivos fiscales empresariales, y lograr frenar la aprobación de esta ley turística en el Congreso de Honduras, que debe ser sustituida por una normativa que promueva un tipo de turismo más respetuoso con el medio ambiente y con los pueblos originarios, de base comunitaria y que respete las decisiones de las poblaciones a las que pueda afectar.
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