La discusión y aprobación del nuevo código penal en el Congreso Nacional está llegando a su final en medio de una fuerte polémica por la decisión del Partido Nacional de rebajar las penas en los delitos vinculados con la corrupción.
“De acuerdo a mi experiencia como fiscal, no era necesario un nuevo código penal, yo creo que con simples reformas a algunos delitos que no estaban contemplados, como los delitos informáticos por ejemplo y otros que andan allí rondando en otras leyes especiales se puede manejar la criminalidad en Honduras”, explicó el ex fiscal del Ministerio Público y diputado, Jari Dixon Herrera.
La discusión de la ley ha tenido sus momentos tensos y calmos. En los últimos días la polémica se ha disparado en relación a la reducción de las penas para delitos vinculados a la corrupción e impunidad.
Blindaje
Diferentes sectores se han pronunciado sobre la reducción de penas, han condenado al Partido Nacional por asumir esas posiciones y a la vez han coincido que lejos de bajarse, debería incrementarse los castigos contra los que le roben y abusen del Estado.
Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia, señala que el poder Legislativo se muestra tolerante ante las conductas ligadas a la corrupción. “Al disminuir las penas entonces muchas personas pudieran quedar en libertad o podrían, mediante una conmuta, andar tranquilamente y habiendo cometido actos que son detestables para la ciudadanía, no es un buen mensaje”, dijo el juez Díaz.
Las penas de 6 a 9 años contempladas en los artículos 475, 476 y 477 fueron reducidas de 4 a 6 años por los delitos de malversación por apropiación, malversación por uso y malversación por aplicación oficial diferente.
En el artículo 478, las penas de 6 a 9 años fueron reducidas de 4 a 6 años por el delito administración desleal del patrimonio público, y en el artículo 479, la pena de 9 a 12 años fue reducida de 6 a 9 años por los delitos anteriores con agravantes específicos.
El Partido Nacional, a través de sus dirigentes en el Congreso Nacional, ha explicado públicamente que no se trata de una reducción de penas, como lo denuncian los diputados de la oposición, sino que se trata de una readecuación de penas en el nuevo código penal.
“Esto es simple matemáticas. Si antes tenían de 6 a 9 y hoy tiene de 4 a 6, a dónde está la readecuación de las penas, a dónde está ese término readecuación de penas, lo que hicieron fue reducir lo que se había aprobado. Lo que hicieron fue aprovecharse de una ratificación del acta para reducir penas”, explicó el diputado Jari Dixon Herrera.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, dijo desconocer muchas interioridades de lo que en el Congreso Nacional se estaba aprobando. “Nosotros no hemos sido integrados por parte de la comisión de asuntos penales del Congreso. Nosotros no podríamos hablar, porque el conocimiento que ha tenido el Colegio de Abogados es que precisamente el código penal estaba contemplando procesos más rigurosos y penas más rigurosas”, aseguró José María Díaz.
Contradicción gubernamental
“El mensaje que tiene que enviarse es un mensaje fuerte, de combate fuerte, de sanciones drásticas porque la corrupción, en todo los países del mundo, es combatida de la manera más fuerte posible”, dijo el juez Mario Díaz.
En el nuevo código penal, que se discute y aprueba en el Congreso Nacional, ya no existe la conmuta, que era el pago de 10 Lempiras por cada día en prisión cuando sobre la pena que le habían aplicado al acusado llegada hasta cinco años. Ahora el juez puede aplicar el “reemplazo” que podría ser casi lo mismo, un arresto domiciliario, asistir a firmar al juzgado, hacer trabajo comunitario.
“El mensaje es que la ley solamente se hizo para las grandes mayorías, y las grandes mayorías desposeídas, el que tiene poder económico y político en el país tiene licencia para delinquir. Ellos, con este nuevo código penal, se están blindando para las acciones penales que pudieran venir en el futuro”, manifestó el abogado Jari Dixon Herrera.
Herrera aseguró que las penas muy bajas ahora estarán sujetas a conciliaciones y también a la suspensión de la acción penal. El diputado explicó que cuando se da la conciliación o la suspensión de la acción penal, según el código procesal penal, la persona podría incluso quedar sin antecedentes penales.
¿Bofetada a la Maccih?
Varios sectores de la sociedad opinan que la decisión del Partido Nacional en el Congreso de la República es una contradicción con lo que pregonan tanto dentro como fuera del país. Hablan de una lucha fuerte contra la corrupción y la impunidad poniendo como ejemplo de esa voluntad la llegada, en colaboración con la Organización de Estados Americanos, OEA, de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih.
“Es una bofetada en la cara, a la Maccih le están diciendo señores ustedes no valen nada, ustedes no tienen ningún poder, a ustedes no los respetamos, ustedes vinieron aquí por una estrategia política para calmar a los indignados, el tratado o el convenio no les da poder inclusive ni de actuar dentro de los procesos penales. Ustedes están aquí para ganarse un buen sueldo, andar en carros de lujo, para hacer reuniones en hoteles de lujo, pero aquí no nos van a venir a molestar” analizó Jari Dixon Herrera.
El coordinador de los Tribunales de Sentencias, Mario Díaz, también analizó que las nuevas disposiciones en las penas por corrupción entran en choque con la Maccih. “La Maccih aboga para que tengamos sanciones fuertes, para que no haya criterios de oportunidad en casos de corrupción y porque muchas prebendas que han tenido diferentes acciones criminales como éstas no sigan ocurriendo, por lo tanto, creo que habrá un choque muy fuerte, muy frontal contra la Maccih”, vaticinó el juez Díaz.
El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y enlace de ese poder del Estado con la Maccih, Rafael Bustillo, calificó de cuestiones políticas la reducción de penas por delitos conexos a la corrupción aprobadas por el Congreso Nacional en el nuevo código penal.
“Esas son cuestiones de los políticos, yo creo que lo que hay que hacer siempre es atacar el problema, si ellos tuvieron a bien reducir penas pues esa es decisión de ellos, habrá que ver por qué lo hicieron. Siempre hay que atacar el problema no solamente incrementando penas es que se combate el delito y la corrupción”, dijo el Magistrado Bustillo.
¿Rectificarán?
Los expertos en leyes cuestionan fuertemente la decisión del Partido Nacional de bajar las penas contra los corruptos y abonar más caldo a la impunidad.
“Para nosotros es novedad que se estén disminuyendo las penas. En las situaciones y con las estadísticas de crímenes que hay en el país, no creemos que la tendencia sea a disminuir las penas cuando más bien tenemos que, de alguna forma, sentar un ejemplo e incrementar las penas tal y como se discutió con el caso de la niñez”, dijo el presidente de los abogados en Honduras, José María Díaz.
El director de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, es de la idea que, ante la vinculación de integrantes del Partido Nacional y ex funcionarios públicos a los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el mensaje del partido de gobierno es equivocado razón por la cual debe buscar la manera de anteponer la ética.
“El Congreso Nacional de la República, por cuestiones éticas, no puede tomar este tipo de decisiones de reducción de penas puesto que no podemos desconocer que en los últimos cuatro años ha sido un tema constante en la agenda pública”, dijo Hernández.
Transparencia Internacional espera que se tome la decisión de revertir esa situación y poder buscar los mecanismos para generar procesos de integridad pública sin abandonar las sanciones y condenas contra los corruptos.
Todas esas expectativas se contradicen con lo que analiza el abogado Jari Dixon, diputado al Congreso Nacional. “En el Congreso Nacional no se respeta absolutamente nada, no se respeta ni lo que se aprueba adentro del hemiciclo legislativo. Y no se respeta porque venimos de un proceso de incumplimiento de hace muchos años donde a los incumplidores de la ley, a los incumplidores de los procesos nunca se le ha llamado a la justicia hondureña, nunca se le ha resarcido responsabilidad”, finalizó Dixon Herrera.
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