Así como todos los días Angélica Recinos preparaba a sus tres hijos para que su padre Oscar Martínez los llevara a la escuela. La mañana del jueves 10 de agosto nunca imaginó que su rutina se vería interrumpida por más de 200 policías y militares, quienes acompañados por una tanqueta antimotines, escudos, palos y pistolas cumplirían una orden de captura y desalojo.
La población de Pajuiles, aldea ubicada en Tela, Atlántida lleva más de 140 días de lucha contra un proyecto hidroeléctrico que pertenece al empresario Jasson Hawit, plan que amenaza la fuente de agua de la población del sector, por tal razón han denominado al campamento de resistencia como una zona digna de lucha y oposición a todo lo que atente contra la naturaleza.
Cuando Angélica terminaba de ponerle el uniforme a su hijo, vio que algo extraño sucedía fuera de su casa, y es que frente a su vivienda estaban las champas, mantas y electrodomésticos que conforman el campamento digno. "Vi a muchos policías, uno de ellos tenía una hoja en su mano pero nadie vio el contenido de la misma, lo cierto es que dijo que tenía una orden de desalojo y obligó llevarse detenido a mi esposo y a dos jóvenes más, luego me llamó a mí y solo me acerqué al cerco y también me montaron a la patrulla", relató Angélica.
A eso de las 6:30 de la mañana, llegaron los uniformados para decomisar todo lo relacionado al campamento y también para cumplir con una orden de requerimiento contra Oscar Martínez, delegado de la palabra y a Angélica, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
No bastó con subirlos a la patrulla, los afectados denuncian que luego de detenerlos, los policías los presentaron ante los ingenieros de la empresa hidroeléctrica, con el fin de exponerlos y ponerlos en riesgo, además de criminalizarlos por el simple hecho de protestar. "Es profundamente lamentable el papel de la policía, ellos responden a los intereses de los grupos de poder, este es un ejemplo de ello. Quitaron, desalojaron y agredieron solo para que la maquinaria pudiera pasar al sector alto donde se ejecuta la hidroeléctrica", dijo el ambientalista Juan Mejía, de la coordinación del MADJ.
"Yo la verdad no fumo, pero hoy decidí hacerlo. No aguanto la impotencia, ver a mis compañeros detenidos y criminalizados solo por enfrentarse a grupos poderosos, es deprimente esta situación", así reaccionó un joven del sector quien indignado por lo sucedido afirmó que hoy más que nunca su compromiso con la comunidad se mantiene y que arriesgará si es posible su vida para defenderla de estos proyectos.
En la zona donde estaba el campamento solo quedaron rastros: residuos con el que prendieron fuego, pedazos de tela de las mantas decomisadas y ciertos pedazos de madera de las mesas que ahí tenían instaladas. Los materiales se fueron, pero las personas siguen con el mismo deseo a pesar de la intimidación.
Mientras la gente se reunía para abordar el papel que jugarán en este proceso de lucha, los detenidos fueron trasladados a la posta de la Policía Preventiva de Tela, Atlántida. El primero en ser liberado fue el joven Orlando Castro. "Yo soy de la comunidad, al momento del desalojo yo me encontraba ahí, pero no portaba papeles, un policía me lo pidió, yo le dije que los iría a traer pero no accedió así que me montaron a la patrulla", contó el suceso el afectado. Castro fue puesto en libertad, una vez que sus documentos fueron entregados a las autoridades.
Adjunto a estos requerimientos hay doce personas más. El pasado viernes 4 de agosto, integrantes de los patronatos del sector alto de Pajuiles destruyeron el campamento digno, ese fue el primer atentado contra la población en resistencia. Como reacción al suceso, la población se tomó la carretera, impidió el paso por casi cuatro horas, la policía llegó al lugar y negoció con los dirigentes, firmaron un documento que comprometía a la policía a permitir que se reinstalara el campamento y que se investigue a los responsables del desmantelamiento del campamento, todo eso a cambio que desalojaran la vía pública. Curiosamente, todas las personas que firmaron ese acuerdo, ahora son solicitados por la justicia bajo requerimientos fiscales, los que deberán abordar enfrentando a un juez de Tela.
Al conocer la situación, varias organizaciones se pronunciaron al respecto. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hizo un llamado al diálogo entre las partes involucradas en el conflicto, pidiendo que se respeten por parte de las autoridades los derechos humanos de la población en resistencia y también que se logren consensos para evitar que la problemática se agudice.
Asimismo la iglesia católica en la zona atlántica hizo un llamado al respeto de la soberanía comunitaria, de la misma forma la Mesa de Indignación en El Progreso, pidió vigilancia y justicia contra quienes atentan contra el derecho a la protesta pública y pacífica.
La posta policial está ubicada en un lugar hermoso del puerto de Tela, queda en una colina que tiene una hermosa vista al mar, pero atrás de ese paisaje se encuentra la realidad, una realidad que Angélica miraba y olía. Ella estaba detenida en la celda de mujeres, sola a la espera de más detenidas. La celda olía a orines frescos y añejados, tiene un urinario y ninguna ventana, al ser arrestada ella y sus acompañantes no habían desayunado.
El MADJ, organización que acompaña y articula la comunidad del sector desde el comienzo de la lucha contra la hidroeléctrica, se encargó de llevar agua y comida a los detenidos. Angélica comía una baleada cuando brindaba una entrevista. Sus ojos estaban llenos de enojo e impotencia: "me duele enfrentarme a esta realidad, nosotros buscamos justicia, pero ella está del lado de los poderosos, ahora nos queda seguir firmes, y confiar en Dios que frenaremos esta amenaza de Jasson Hawit".
Cuando Angélica brindaba declaraciones al fondo se encontraba un elemento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) viéndola de una forma intimidante como para hacerla desistir de lo que ella denunciaba.
Pasaron muchas horas, para que en el transcurso del jueves, los detenidos comparecieran en la audiencia de declaración de imputados. Al final el juez determinó dejarlos en libertad, ellos han regresado a su comunidad bajo medidas condicionantes, es decir, deben acudir a los Juzgados de Tela a firmar periódicamente y se les prohibió sostener reuniones públicas, y en un par de días enfrentarán audiencia inicial para que el juez determine si los absuelve o el proceso en su contra continúa.
Angélica está en casa de nuevo, lista para atender y convivir con su familia, en el fondo ella sabe que está enfrentando un proceso criminal, que seguramente no la detendrá en su lucha por la defensa de la naturaleza en Pajuiles.
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