Luego de un prolongado periodo de pasividad, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), se pronunció mediante una protesta en Tegucigalpa y San Pedro Sula contra el Artículo 335-B del Código Penal, que criminaliza a periodistas que hagan apología al odio y terrorismo.
La acción tuvo como epicentro el palacio de Justicia en ambas ciudades, en el que periodistas de medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, gritaron a una sola voz: “no a la ley mordaza”. De esa forma, los comunicadores denominan a la reforma propuesta por el diputado nacionalista Oscar Álvarez y que está incluida en la propuesta de nuevo Código Penal que se discute en el Congreso Nacional.
“Es evidente que esa iniciativa atenta contra la libertad de expresión en Honduras, y no solo a periodistas sino a la población en general, por eso este tema debe ser de interés no solo de los comunicadores, sino de toda la gente”, dijo Lisseth García, presidenta del CPH en la zona norte.
Por su parte el periodista de Cortés TV, Alfredo Bográn, califica la medida como un abuso gubernamental, que busca callar a los comunicadores de medios alternativos e independientes que denuncian de forma permanente las injusticias que se presentan en el país.
“Es necesario que el Colegio se mantenga con acciones permanentes, protestas y recursos legales, debemos presionar para que ese artículo se elimine de una vez por todas”, dijo el expresidente del CPH, Santos Gálvez.
Cuando se propuso la reforma y se empezó a discutir en el Congreso, el CPH se hizo un llamado al silencio, a los días, buscaron a representantes del gobierno para hacerles sentir su inconformidad, en ese procedimiento fueron atendidos por una delegación de esta estructura, prometiéndoles la modificación del mismo. Por el momento nada se concretó y la reforma estipula el mismo daño a la libertad de expresión.
“Acá no solo se trata de atentar contra la libertad de expresión mediante las iniciativas en el Congreso, también se busca intimidar, sino vea la cantidad de periodistas asesinados en los últimos años y el nivel de impunidad que los rodea”, siguió detallando Bográn.
Honduras registra más de 40 comunicadores asesinados desde el Golpe de Estado del 2009, convirtiendo al país en unos de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
“La iniciativa es una ley mordaza, así la calificamos, por eso hacemos un llamado a los políticos para que reconsideren y no la aprueben, para que la deroguen y nos permitan hacer nuestro trabajo”, amplió García.
Para Lisseth, este tema no se debe politizar. “No debemos politizar el tema de la libertad de expresión, pero sí debemos exigir respeto hacia la misma, además sabemos que los comunicadores debemos ser responsables al momento de emitir una información, pero eso no es excusa para que se impulsen este tipo de iniciativas”.
Santos Gálvez dijo que el CPH no se detendrá en su lucha contra el artículo y anunció que en los próximos días presentarán una nueva acción legal ante la Corte Suprema de Justicia, con la expectativa que este órgano institucional pueda fallar a favor y obligar a los legislativos a retroceder en incluirla en el nuevo Código Penal.
El Artículo 335-B está incluido en el nuevo Código Penal, que actualmente se discute en el Congreso y el que en los próximos días será aprobado y posteriormente publicado en el Diario Oficial La Gaceta, para entrar en vigencia en un periodo de un año luego de ser socializado con los distintos sectores del país.
La aplicación de este artículo tiene las alarmas encendidas en los medios de comunicación nacionales, quienes deberán esperar a que la Corte se pronuncie sobre todos los recursos presentados y también a la respuesta que los diputados puedan hacer para conversar con la dirigencia del CPH a nivel nacional.
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