Fue el propio presidente Juan Orlando Hernández, quien entregó al Congreso Nacional el ante proyecto de la nueva “Ley de Incentivo al Turismo”, como parte del plan Honduras 20/20.
La noche del martes, el Congreso Nacional en un primer debate aprobó en su totalidad los 27 artículos que contiene la polémica Ley. La normativa generaría “incentivos y beneficios” que serían aprovechados por el sector público y privado para impulsar la industria turística en el país.
El presidente del Cámara Nacional de Turismo (CANATURH), Donaldo Suazo, asegura que los empresarios están satisfechos con la ley, porque servirá para potenciar y posicionar al país a nivel internacional en materia de turismo.
Además dice que “la ley es únicamente para proyectos nuevos” o para ampliaciones de por lo menos un 35% de los proyectos turísticos que actualmente ya están trabajando.
Represión, desalojo y criminalización
La Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), pidió a los diputados y diputadas del Congreso Nacional que no aprueben la Ley de Fomento al Turismo, argumentando que únicamente generaría mayor persecución y despojo de las personas que viven en comunidades con gran potencial turístico.
A criterio de Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras la nueva normativa viene a legitimar la entrega del territorio y los beneficios que el Estado hondureño da a inversionistas extranjeros, pero sobre todo la impunidad que esas concesiones generan.
“Es un nuevo trancazo al pueblo hondureño. Este gobierno quiere beneficiar únicamente a empresarios extranjeros, sino veamos lo que ocurre en la bahía de Trujillo con el empresario Randy Jorgensen que está desplazando varias comunidades para construir su complejo turístico”, apuntó Miranda.
Actualmente el territorio ancestral garífuna está afectado por múltiples amenazas por parte de grandes proyectos turísticos, que entregan las tierras a empresas transnacionales. Este es el caso de los proyectos; Costa Esmeralda, Cayos Cochinos, los proyectos hoteleros en las Bahías de Tela y Trujillo.
La lideresa garífuna mira con preocupación que el Congreso Nacional apruebe leyes y concesiones sin la previa consulta con los pueblos o comunidades que serán afectadas directamente.
Miranda dice que es necesario fortalecer las luchas de las comunidades para no permitir que les despojen de los territorios que históricamente les pertenecen.
Debido a la avaricia de los gobiernos en complicidad con los empresarios que se quieren adueñar de las tierras más bellas del país, el Estado hondureño fue condenado el año 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en la misma lo encuentran internacionalmente responsable por violación a varios derechos de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida y Punta Piedra, Iriona, Colon.
La Ley de Fomento al Turismo permitirá la expropiación de territorios en zonas de interés cultural. La misma establece que en los casos en que no se llegue a acuerdos sobre el valor de las tierras aptas para los proyectos turísticos, el poder ejecutivo las declarará de utilidad pública.
El diputado Rolando Dubón Bueso, asegura que la Ley no violará los convenios internacionales adquiridos por los pueblos originarios. “No viene a perjudicar, porque todo proyecto antes de comenzar a construirse tiene que ser socializado”, aseguró el diputado.
Más privilegios para los empresarios
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), considera injustificado aumentar los beneficios y ganancias al sector turismo, en ese sentido instó al Congreso Nacional a no realizar la aprobación.
El ICEFI asegura las nuevas medidas únicamente generarían injusticias y conflictividad. Además que elevaría el gasto tributario, extendería las exenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de entre 10 a 15 años aproximadamente, agudizaría la erosión tributaría generando aún más malestar en los pequeños contribuyentes.
ICEFI considera necesario que el Estado hondureño revise las políticas de inversión para generar empleos y oportunidades de calidad. El organismo lamenta que aunque el sector turístico genera empleos, los salarios que se pagan son bajos generando mayor exclusión y pobreza en la ciudadanía.
A criterio del economista Hugo Noé Pino, se trata de la continuación de un modelo económico que privilegia a las exoneraciones fiscales principalmente dedicadas a la gran empresa y que no beneficie ayudando a la creación de empleos dignos.
“Esto lo consideramos con un caballo de Troya en el seguimiento de un modelo económico que lo único que hace es favorecer a los grandes intereses económicos del país y aumentar las desigualdades que ya existen en Honduras”, aseguró.
La aprobación de la nueva Ley de Turismo generaría daños e injusticias, agravando las ya precarias condiciones de vida y de conflictividad prevalecientes en Honduras.
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