Luego de conocer el informe del Registro Nacional de las Personas (RNP), en el que válida 4,133 firmas que respaldan la iniciativa ciudadana, y después de 60 días de agudización de la crisis, la junta directiva del Congreso Nacional nombró una Comisión Especial para estudiar y dictaminar el ante proyecto de ley presentado por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
El MEU propone la instalación de un gobierno provisional para iniciar la salida a la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que tendrá como finalidad “la restauración de la participación estudiantil en los órganos de gobierno universitario”.
Integran la Comisión Especial de dictamen los diputados Edwin Pavón, Edgardo Casaña, Carmen Rivera, Liberato Madrid, Maynor Vargas, Audelia Rodríguez y Renán Inestroza.
El diputado de Libertad y Refundación (LibRe), Edgardo Casaña, expresó su preocupación al nombrarse una Comisión Especial que no está integrada por legisladores que han sido docentes. “Al no tener experiencia, con todo el respeto, será muy difícil aportar a la solución de la crisis”.
Casaña propone la instalación de un gobierno de transición que esté integrado por los principales actores internos de la UNAH y que “inmediatamente inicie con el proceso de elección del nuevo gobierno universitario, mientras en el Congreso se trabaja en la reforma del decreto 46-2013 que mató la representación estudiantil”.
En marzo de 2013, el Congreso Nacional aprobó las reformas al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante las cuales se faculta a los miembros del Consejo Universitario a nombrar la representación estudiantil en ese organismo.
Piden entregar aulas de clase
La comisión legislativa al iniciar la primera jornada de reuniones con los actores del conflicto universitario planteó al Movimiento Estudiantil entregar las aulas de clase que se encuentran tomadas en Ciudad Universitaria y los Centros Regionales, para reanudar el periodo académico.
“Respetamos la forma de pensar y otras alternativas de ellos, pero igualmente los invitamos a que piensen que el Congreso abrió este espacio para encontrar una solución de interés nacional; un buen paso sería el reinicio de las clases y las próximas semanas será clave”, dijo Edwin Pavón, vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la Comisión Especial.
Sin embargo, Andrés Oseguera, representante del MEU, dijo a Radio Progreso que “el Movimiento Estudiantil no llevamos un planteamiento de acciones a tomar, pero en este momento no vamos a dar nuestra vía de presión solo por capricho del sector legislativo, el que en 2013 en menos de ocho horas aprobó el proyecto de reforma presentado por la rectora Julieta Castellanos”.
Ese mismo día -16 de agosto-, una hora después de la reunión entre diputados y dirigentes del MEU, la Policía Nacional, a través del Escuadrón Cobras, desalojó a los estudiantes en huelga de hambre con una lluvia de bombas de gas lacrimógeno. La represión duró cuatro horas.
Al anunciar la cancelación del tercer periodo académico en Ciudad Universitaria, la rectora Julieta Castellanos, aseguró que los únicos responsables de la situación son los dirigentes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
“Es responsabilidad exclusiva de los dirigentes del MEU Fausto Cálix, Héctor Ulloa, Cristian Sanabria, Marcos Rubí y Héctor Estrada, estos son los responsables que por segundo año consecutivo estudiantes universitarios estén sin posibilidad de un tercer período en Ciudad Universitaria y con riesgo de tener solo un período en el 2017”, enfatizó Castellanos, en una conferencia de prensa.
Héctor Ulloa, vocero del Movimiento Estudiantil, manifiesta que las acusaciones de las autoridades universitarias son parte de una “campaña de apología al odio”, autoridades que “han sido incapaces de solventar la crisis ante sus intenciones de continuar dirigiendo la universidad”.
“Ellos son funcionarios públicos y son ellos quienes tienen obligaciones y deberes con el Estado; deberes que han incumplido debido a negligencia e incompetencia, les ha quedado grande esta crisis que se viene arrastrando desde hace ocho años”, agregó Ulloa.
Otra determinación de la rectoría universitaria fue la cancelación de los salarios, conforme a los días trabajados, del segundo periodo académico a los docentes contratados por hora. En ese sentido, René Centeno, vicepresidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH), señala la precarización laboral de los catedráticos al no ser nombrados en plazas permanentes después de tres contrataciones por hora: “ seguramente estos docentes van a apelar en base a ley, y sucederá como ha ocurrido en incontables situaciones bajo las actuales autoridades, en la cual han despedido de manera arbitraria, utilizando recursos ilegales, y han tenido que pagar salarios caídos, además de las multas.
El vicepresidente de la ADUNAH detalló que los docentes que se mantienen bajo contratos por hora no están facultados para votar en los claustros de profesores, medida que “cercena la opinión sobre las decisiones dentro de la universidad”.
Ley Orgánica y participación estudiantil
Al finalizar una reunión con las autoridades universitarias, Edwin Pavón, presidente de la Comisión Especial, dejó claro que al dictaminar la iniciativa ciudadana presentada por el Movimiento Estudiantil respetarán la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y garantizarán la representación estudiantil en los gobiernos universitarios.
“La Universidad también ha presentado una propuesta muy completa. Hay un signo importante, ambos quieren elecciones. Yo no miro de que otra manera se pueden integrar los órganos donde tienen que tener representación los estudiantes, todo tiene que hacerse de manera transparente”, dijo Pavón.
El vicerrector de asuntos estudiantiles, Áyax Irías, cuestionó que los procesos eleccionarios no se han desarrollado ante la falta de consensos entre estudiantes para concretar un reglamento; “pasaron los años, desde el 2010 hasta la fecha, sin que lograran el reglamento y si no pueden ni ellos y la Universidad no tiene esa facultad, pues, el Congreso tendrá que resolver”.
En relación al reinicio de clases, la rectora Julieta Castellanos aseguró que depende del acceso a las aulas, tomadas como acción de presión por el Movimiento Estudiantil.
Castellanos insiste en que el origen del conflicto no es académico: “ellos están en un proceso de quitar del camino a todo el que no piensa como él y si no piensan como ellos usan el garrote. Así que no podemos decir que son temas académicos”.
Aseguró que desde el “conflicto anterior” como autoridades “siguen esperando” el reglamento estudiantil y la propuesta de normas académicas.
La comisión especial legislativa anunció que sostendrán una reunión para definir encuentros con actores que convergen en el accionar de la comunidad universitaria, entre ellos docentes y expertos académicos que puedan aportar para el dictamen final que presentarán al pleno del Congreso Nacional.
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