Durante la última semana la violencia ha escalado en contra de los y las manifestantes que establecieron un campamento en Pajuiles, Tela, Atlántida, en denuncia a la instalación de la Central Hidroeléctrica Los Planes, que se está desarrollando en la zona. Este mismo proyecto ha desencadenado agresiones y criminalización contra las personas opositoras, que ayer culminó con tres capturas y al menos una docena de órdenes de detención.
Pese a que las tres personas fueron liberadas posteriormente, nos alarma el recrudecimiento en el uso de la fuerza y el abuso del derecho penal para atacar a quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse. Una vez más, se repite un patrón de violencia del Estado en contra de quienes se oponen a un proyecto que impacta directamente su entorno, sus medios de vida y sus derechos.
Es más, los actos antes señalados sólo incentivan la conflictividad en la zona y exhiben una preocupante actuación parcializada de las autoridades en favor de intereses comerciales.
Cabe señalar que las comunidades han denunciado en repetidas ocasiones que la presencia de este proyecto contamina su fuente principal de agua. El Ministerio Público debe considerar este contexto a la hora de emitir acciones, pues se trata de personas defensoras de derechos humanos, que, lejos de ser criminalizadas, debieran ser protegidas. La Policía Nacional, por su parte, debe dar una respuesta al conflicto sin incurrir en actuaciones intimidatorias y estigmatizantes en contra las personas de la comunidad.
El Estado tiene la responsabilidad de llevar debidamente un proceso de consulta libre, previa e informada, respecto de toda iniciativa de esta naturaleza. Esperamos que las autoridades puedan dar una resolución debida al conflicto en donde prime el diálogo por sobre la violencia y en donde se respeten los derechos de los y las habitantes de la zona.
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