Luego de varios meses de estar procesados, los campesinos de la isla de Zacate Grande, Abel Pérez y Santos Hernández fueron sentenciados a cinco años y un mes de prisión, acusados de los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, en perjuicio del señor Jorge Luis Cassís Leiva.
La sentencia contra los campesinos ordena que los dos luchadores por la tierra enfrenten 3 años de prisión por daños a la propiedad, 2 años por usurpación y 30 días por amenazas constitutivas de falta haciendo un total de 5 años y 30 días de prisión. Anteriormente el año 2016, Abel Pérez y Santos Hernández fueron encarcelados 110 días (del 19 de mayo al 30 de agosto).
El coordinador de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales, dice que detrás de la sentencia está la presión que ejerce el poder económico y político en el país sobre los encargados de impartir justicia.
“Lo que quieren estos empresarios es tener los territorios libres para ponerlos a la venta, quieren instalar en nuestras comunidades grandes ciudades para aumentar su capital económico”, dice Canales.
La concesión y venta del territorio para la construcción de proyectos turísticos, mineros e hidroeléctricos está criminalizando y acabando con la vida de la ciudadanía que se opone a esos megaproyectos.
La región sur del país fue identificada para instalar la primera ciudad modelo del país. Alrededor de 25 municipios en los departamentos de Choluteca, Valle y el sur de Francisco Morazán están amenazados con la construcción de proyectos extractivitas (Planteles de generación de energía solar, mineras, represas hidroeléctricas, complejos turísticos y ciudades modelos).
Pedro Canales asegura que las 10 comunidades que comprenden la península de Zacate Grande están siendo invadidas totalmente por esos proyectos de destrucción que llegan para arruinarle la vida a la población.
“Es una situación terrible para la zona sur, los mega proyectos no traen beneficio, únicamente generan división, miseria y más pobreza”, apuntó el dirigente.
En el sector hasta la fecha, hay 54 campesinos que han sido criminalizados, 31 que terminaron procesos judiciales y recibieron su carta de libertad, todos han sido acusados por el delito de usurpación de tierras, por oponerse a entregar a manos de empresarios poderosos el territorio que legítimamente les pertenece.
El terrateniente Cassís Leiva, continúa reclamando las tierras en la comunidad Playa Blanca, en la península de Zacate Grande. Los campesinos y campesinas temen que, frente a la política entreguista del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aumente la criminalización y persecución en contra las comunidades.
El propio gobernante ha sido el encargado de promover los megaproyectos extractivistas argumentando que los mismos servirán para sacar a Honduras de la pobreza en la que se encuentra.
Agresiones
Un aumento en la criminalización de defensores y defensoras de Derechos Humanos se ha registrado en los últimos meses en Honduras. La mayoría de los casos se da en el contexto de extracción de los recursos naturales y megaproyectos.
Yessica Trinidad, representante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, dice que la situación es preocupante y que la mayoría de agresiones se están registrando en los sectores donde la ciudadanía se resiste a entregar el territorio y bienes naturales a manos de empresarios.
La defensora lamenta la complicidad de Estado frente a las múltiples violaciones a Derechos Humanos que se registran. En ese sentido dice que debería garantizar el derecho que tiene la ciudadanía de protestar libremente.
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