Uno de los apartados del paquete de reformas al Código Penal hondureño habla sobre la inculpabilidad a los policías y militares que “en el ejercicio de su labor” autoriza y vulnera acciones violentas contra la ciudadanía, regresando a la década de los años 80, donde más de 180 personas fueron víctimas de desaparición forzada, entre otras violaciones a sus derechos humanos.
Para Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), esta reforma al actual Código, específicamente en el artículo (225), pretende liberar de culpa a la fuerza pública cuando emplee violencia contra la ciudadanía.
“El problema es que los policías y militares, según la reforma que se está incorporando al Código Penal, no solo sería su actuación en manifestaciones públicas, si asesinan a una persona en el ejercicio presunto de su trabajo y el presidente propone la figura de inculpación, lo que es una licencia para matar a ciudadanos hondureños o a cualquier ciudadano que esté en el territorio de Honduras”, denunció Agurcia.
Un análisis de estas reformas, hecho por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Honduras (OACNUD), mostró su preocupación por este agregado que exonera de culpabilidad a la fuerza pública a la hora de ejercer violencia ante la población hondureña.
“Preocupa que la actual reforma impulse un régimen de impunidad e inmunidad de facto entre los funcionarios que recurran o hayan recurrido al uso arbitrario, excesivo, no proporcional, y por ende ilícito, de la fuerza o de armas de fuego”, citó la OACNUDH.
Citó que esta figura de la inculpación ya la están implementando algunos jueces de la República desde el año 2010, que los uniformados no comenten delito cuando atropellan a un ciudadano y no se preocupa que el Estado hondureño esté legalizando la impunidad.
“El país ya tenía un fuerte índice de impunidad y esta reforma permitiría un 100 por ciento de impunidad”, planteó la procuradora de Derechos Humanos.
El resurgir de la “Ley Antiterrorista”
Este tipo de propuestas a la normativa penal en el país, no es un hecho nuevo. Y como antecedente histórico, la década de los 80 dejó como resultado altos índices de impunidad y persecución al movimiento social y popular del país producto de reformas a la legislación hondureña.
Sobre este tema, Agurcia, recordó que en el país existió el Decreto 3-33, conocida en su momento como “Ley Antiterrorista”, el cual fue creado en 1982, hubo mucha presión y en 1984 fue derogado; Todo su articulado fue incorporado al Código Penal actual. Son todos los delitos de sedición y terrorismo que luego del Golpe de Estado permitieron culpar a los campesinos cuando realizaban recuperaciones de tierra.
“Era una ley específica, actualmente tiene el carácter de reforma a la legislación penal vigente”, sostuvo Agurcia.
De 16 leyes en materia penal que hay en el país, al menos ocho serán objeto de reformas. El propósito es aniquilar, invalidar y evitar que la población proteste, concluyó.
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