Por Giorgio Trucchi
El viernes 17 de febrero, desconocidos acabaron con la vida de José de los Santos Sevilla, dirigente tolupán de la comunidad de La Ceiba, en Montaña La Flor. Este nuevo asesinato se enmarca en una masacre impune y tenaz contra los pueblos originarios hondureños.
José de los Santos Sevilla fue presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas Tolupanes de la Montaña de la Flor, se desempeñaba como maestro de primaria y formaba parte de la red de Facilitadores Judiciales.
De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, el dirigente tolupán fue atacado por cinco desconocidos que irrumpieron en su vivienda situada en la comunidad La Ceiba, municipio de Orica.
Un equipo de la Unidad Especial de Homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones se desplazó de inmediato a la zona para recolectar indicios e iniciar las investigaciones.
Según una nota publicada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) pocas horas después de este asesinato que enluta nuevamente a la comunidad indígena hondureña, el pueblo Tolupán ha sido uno de los más asolados por la violencia.
“Desde hace dos décadas han sido asesinados más de un centenar de tolupanes por la defensa de sus territorios y bienes comunes. La persecución a la que se han visto expuestos los más de 20 mil tolupanes que viven en Honduras está relacionada con el manejo del bosque y la minería ilegal”, explica la Ofraneh.
Honduras hacia el abismo
Defensores de la tierra y los bienes comunes en la mira
El reciente informe de la organización británica Global Witness “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”(1) advierte que 123 defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes han sido asesinados tras el golpe de Estado de 2009.
Otros han sido amenazados, perseguidos y encarcelados. Más del 90 por ciento de estos crímenes ha quedado en la impunidad.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.
Una situación -asegura Global Witness- que es consecuencia directa de un cóctel letal donde se combinan corrupción generalizada, intereses del gran capital nacional e internacional coludido con miembros de la clase política y funcionarios estatales, ausencia del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y la impunidad.
Entre los casos emblemáticos presentados por el informe, destaca el de la masacre de cinco activistas tolupanes de la comunidad de San Francisco Locomapa, en medio de una fuerte lucha contra la minería y la tala ilegal.
El nombre de José de los Santos Sevilla se agrega ahora al de Vicente Matute, asesinado en 1991, y de Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Erasio Vieda Ponce, Luis Reyes Marcía, dirigentes tolupanes masacrados entre 2013 y 2015.
“Los pueblos indígenas en Honduras enfrentamos una guerra de exterminio”, lamenta la Ofraneh.
“Mientras el Estado por un lado impulsa controvertidas reformas al código penal, que convierten la protesta social en terrorismo, por el otro es incapaz de frenar la violencia en contra de los defensores de los bienes comunes.
Esperamos -continúa la organización garífuna- que el asesinato de José de los Santos Sevilla no quede en la impunidad, como ha sucedido con el de Vicente Matute, Berta Cáceres y otras muertes de indígenas que han defendido el territorio de su pueblo”, concluye.
Nota:
(1) https://www.globalwitness.org/documents/18726/Defenders_Honduras_full_report_Spanish_spreads.pdf
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