Por Sandra Rodríguez
En el país más peligroso para defender el planeta, no sólo están arreciando con la reserva natural, sino con la reserva humana que lo defiende.
Así lo considera la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, tras el asesinato del líder indígena Tolupán y docente José de los Santos Sevilla, esta madrugada, en la Montaña de la Flor, municipio de Orica, norte de Francisco Morazán, a 102 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña.
Aunque no se quisiera hacer comparaciones, hay patrones similares con el asesinato de la “nobel verde del planeta” Berta Isabel Cáceres Flores, donde desconocidos llegaron a su casa de habitación la noche del 2 de marzo pasado, y acabaron con su vida, en La Esperanza, Intibucá, 80 kilómetros al occidente de Tegucigalpa. Cabe señalar que, a casi un año, no se esclarecido el crimen, aunque hay ocho personas arrestadas, no hay señalamiento de autores intelectuales, ni los móviles del crimen.
Es preocupante como este hecho que acabó con la vida de un líder indígena y educador, ocurra tres semanas después de la presentación del informe “Honduras: el país más peligroso para defender el planeta”, consideró la coordinadora del COFADEH.
Global Witness solicitó al Estado la investigación de cinco casos de violaciones a derechos humanos y que afectan a comunidades indígenas en diferentes zonas del país, estos son “La presidenta del partido Nacional y su relación con presas ilegales”, “El asesinato de Berta Cáceres y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca”, “La operación minera del empresario Lenír Pérez”, “La masacre de las comunidades Tolupanes” y “El pueblo garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras”.
En el caso del profesor Sevilla, quien daba clases a niños y niñas del nivel pre escolar en la comunidad de La Ceiba, al menos cinco hombres fuertemente armados habrían participado en el asesinato.
Según el informe de Global Witness, presentado en Tegucigalpa, el 31 de enero, desde 2010, 123 defensores ambientalistas han sido asesinados. Esta información fue denegada por autoridades oficiales y empresa privada, sin embargo el documento ha sido avalado por defensores, defensoras y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes se han sumado a la denuncia de lo que sucede en Honduras.
Además en el marco del conflicto agrario en el Bajo Aguán, costa norte del país, desde el año 2010, han sido asesinados 125 campesinos y campesinas, según datos del Observatorio permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, el más reciente acabó con la vida del presidente del Movimiento Unificado del Aguán, MUCA, José Ángel Flores, y su compañero de movimiento Silmer George, ambos gozaban de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al igual que Bertha Cáceres.
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