Por Giorgio Trucchi
Global Witness presentó nuevo informe
“No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural que en Honduras”, aseguró la organización Global Witness en su más reciente informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”.
De acuerdo con el documento, 123 defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes han sido asesinados tras el golpe de Estado de 2009; otros han sido amenazados, perseguidos y encarcelados.
Más del 90 por ciento de estos crímenes ha quedado en la impunidad.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.
Corrupción, saqueo, criminalización e impunidad… un coctel letal
Una situación -asegura Global Witness- que es consecuencia directa de un cóctel letal donde se combinan corrupción generalizada, intereses del gran capital nacional e internacional coludido con miembros de la clase política y funcionarios estatales, ausencia del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y la impunidad.
Además de ubicarse en el puesto 123 de 176 países del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Honduras sigue siendo el país más desigual de América Latina (BM), donde 6 de cada 10 personas viven en pobreza y 4 en pobreza extrema (Cepal).
La proliferación de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia económica del país. Organizaciones sociales nacionales señalan que en Honduras ya existen 714 proyectos extractivos y calculan que entre el 30 y 35% de su territorio está concesionado.
El asesinato de activistas, entonces, “está arraigado en la codicia corporativa, la corrupción y la impunidad para los agresores, respaldados por el sector empresarial”, afirma el informe.
La investigación realizada por Global Witness muestra, además, una clara vinculación de instituciones estatales -sistema judicial, ejército y fuerzas policiales- con intereses empresariales.
Asimismo, señala la falta de voluntad política del gobierno y la influencia excesiva de las élites económicas nacionales, para que no se proporcione una protección real y efectiva a las y los defensores, dejándolos así expuestos a la persecución y represión.
"Hemos documentado innumerables ataques y amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a unas mujeres embarazadas, niños a los que la policía apuntó con un arma e incendios provocados contra los hogares de aldeanos, mientras asesinos a sueldo siguen campando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas", afirma Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, en el resumen ejecutivo del informe.
Un modelo plenamente respaldado tanto por las instituciones financieras internacionales como por gobiernos “amigos”, en especial los Estados Unidos, que fomentan las inversiones en la industria extractiva.
Fortaleciendo la memoria. Una estrategia colectiva de lucha
El informe de Global Witness presenta el estudio de cinco casos emblemáticos, entre otros el del asesinato de la dirigente indígena lenca y coordinadora del Copinh [1], Berta Cáceres, a raíz de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y el de la masacre de cinco activistas tolupanes [2] de la comunidad de San Francisco Locomapa, en medio de una fuerte lucha contra la minería y la tala ilegal.
“Es un informe muy valioso que documenta de manera contundente el vínculo que existe entre empresas, política, órganos de justicia, explotación de recursos naturales, criminalización de la protesta e impunidad”, dijo a La Rel, Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh [3].
“Es un aporte significativo al fortalecimiento de la memoria y al combate a la corrupción y la impunidad en el país. Un invito a juntar esfuerzos y unificar acciones, definiendo una estrategia colectiva en contra de esta estructura de poder y terror”, señaló la defensora de derechos humanos.
Entre las recomendaciones finales, Global Witness exhorta el Estado de Honduras y sus instituciones a “priorizar la protección de las y los defensores de la tierra”, poner fin a la corrupción “que fomenta los proyectos empresariales abusivos” y acabar con la impunidad.
También recomienda al gobierno colaborar con las organizaciones sociales “para reforzar y aplicar leyes que garanticen una verdadera consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”.
Asimismo, pide a Estados Unidos condicionar su política de asistencia e inversión en Honduras a la protección de defensores y defensoras, la erradicación de la impunidad y la corrupción y el respeto a la decisión de las comunidades.
Finalmente, insta a los inversores extranjeros e instituciones financieras a detener cualquier inversión en proyectos extractivos que generen violencia y violación de derechos humanos.
Notas:
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
[2] Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Erasio Vieda Ponce, Luis Reyes Marcía
[3] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Fuente: Rel-UITA
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