Por Sandra Rodríguez
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, hizo un llamado a las autoridades respectivas para que eviten un desalojo violento contra la base campesina 9 de Julio, de San Pedro Tutule, departamento de La Paz.
La notificación llegó el pasado 28 de noviembre de parte del Juzgado de Letras Seccional de La Paz, que emitió una orden de desalojo, afectado a más de 60 personas que habitan en el lugar y cultivan la tierra para alimentarse, y que están afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC.
La resolución, según el documento, llegó a la Policía Preventiva de la ciudad de La Paz, la Fiscalía, la defensa y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH.
Por lo que el COFADEH remitió al CONADEH una nota detallando la situación que se vive en Tutule, específicamente la base 9 de julio, que ya el 11 de mayo del 2016, fue desalojado brutalmente, incendiadas sus casas y destruidos los cultivos, por lo que se teme suceda algo igual o peor.
El Tribunal no consideró la situación de calamidad en la quedarán las familias pertenecientes a este grupo campesino, sobre todo sin vivienda, alimentación y seguridad. Porque todos los predios están cultivados de café, maíz, frijoles y tubérculos, productos que podrán ser cosechados si el desalojo se produce el 6 de enero de 2017, como lo ordenó el Juez. Las familias sin tierra propia, viven con un futuro incierto, dijo la Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva.
Agregó que es un desalojo que se ha querido legalizar y que debería de ser un debate público y humano, porque no puede realizarse un desalojo violento sino se cumple con los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos.
Según la nota del COFADEH, estas familias están en posesión de aproximadamente 50 manzanas de tierra que han cultivado de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares que hay en cada casa. El contingente policial –en mayo- destruyó todo, por órdenes del supuesto dueño de las tierras, Carlos Benjamín Arriaga Vásquez, mientras que la Organización Campesina asegura que las tierras que ocupa –desde hace siete años- la 9 de Julio, son de naturaleza jurídica ejidal, totalmente comprobado por las diferentes inspecciones de campo realizado.
Bertha Oliva, agregó que “a nuestro juicio este acto es malísimo, porque están obedeciendo mandatos adversos a los Tratados y Convenios Internacionales que Honduras suscribe, y es por eso que el COFADEH, desde el mes de diciembre solicitó la mediación urgente del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, para que él a través de su mandato detenga y declare sin lugar esta orden, puesto que ellos promovieron este desalojo”.
Se media por la suspensión del desalojo, a manera que los y las campesinas puedan tener tiempo de recoger sus cosechas, porque es su medio de vida, tememos por lo que pueda suceder el viernes en Tutule, declaró la defensora.
“Hay antecedentes funestros en los desalojos que ha sido sometida está base campesina, esperamos la pronta acción del Comisionado Herrera Cáceres, para que actúe conforme a nuestra solicitud, este desalojo es ilegal, ellos hacen creer que están basados dentro del Estado de derecho. No hay un Estado de derecho que permita desalojar violentamente o que justifique un desalojo violento, si Honduras es suscrita a convenios y tratados internacionales, como son los derechos del Comité Económico, Social y Cultural, y si se da este desalojo realmente se estaría cometiendo una fragante violación a los Derechos Humanos, de ejecutarse de inmediato pondremos esta denuncia en manos de este Comité”.
En el país, más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a tierras, más de 5000 personas han sido acusadas por el delito de Usurpación, entre ellas 2200 mujeres. Casi una veintena de defensores por el derecho a la tierra han sido encarcelados y más de 150 asesinados en el marco del conflicto agrario.
Las peticiones del COFADEH son las siguientes:
Solicitar un informe a la Fiscalía del Ministerio Público que promovió el desalojo. Recomendar al Tribunal dejar sin valor y efecto la orden emitida qye ordena el desalojo violento.
Asegurarse que de mantenerse la orden de desalojo, se le permita a los campesinos levantar su cosecha, especialmente la siembra de granos básicos se subsistencia.
Recomendar que de efectuarse el desalojo, este no sea realizado por la Policía Militar, y
Recomendar medidas de seguridad comunitarias, priorizando en los liderazgos regionales de los asentamientos campesinos.
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