Como todos los años, el gobierno a través de la Secretaría de Educación, inauguró con bombos y platillos el año lectivo, con el objetivo primordial de cumplir los 200 días clase y mantener el orden en el sector educativo; la ceremonia se desarrolló el uno de febrero en el instituto Gabriela Mistral de La Lima, Cortés.
Más de dos millones de niños y niñas comenzaron clases en los distintos colegios y escuelas del sistema público y privado, las autoridades gubernamentales afirmaron que para este 2017 se proyectará la continuidad de la Ley Fundamental de Educación y la inversión física de los centros educativos públicos.
Las clases arrancaron con mora salarial del gobierno con los docentes, con el nombramiento de la doctora Rutilia Calderón como nueva ministra y con denuncias de condiciones precarias de escuelas y colegios de distintas regiones del país. Ante la situación la nueva directora de educación Rutilia Calderón dijo que el primer paso a solventar es el pago de salarios a los maestros, lo demás será al ritmo del desarrollo de su gestión.
En la previa de la ceremonia se anunció la llegada del presidente Juan Orlando Hernández y de la doctora Rutilia Calderón, evento en el que sería juramentada, al final, el protocolo se efectuó en Tegucigalpa y no en La Lima, a partir de ese momento se abrió la nueva era educativa bajo el mando de Calderón, etapa que genera muchas expectativas, tanto en el magisterio, como el gobierno.
“Es bueno que se planteen objetivos para este año, es importante, pero si las nuevas autoridades omiten las necesidades que hay en los centros educativos, si no invierten en educación, si no pagan a docentes y si continúan con la persecución laboral, la situación será la misma y la crisis educativa se extenderá otro año más”, dijo el presidente de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras en el departamento de Cortés, Raúl Soberanis.
Al tema de las condiciones laborales de los docentes y la realidad física de los centros educativos, se suma la necesidad de nombrar maestros en las instituciones con déficit de personal, tal es el caso del Instituto Antonio C. Rivera de Río Blanquito en Choloma, Cortés, en ese sentido su director Santos Muñoz dijo que llevan cuatro años pidiendo a las autoridades el nombramiento de maestros en ese colegio.
“Parece que a las autoridades no les interesa solventar este problema, por eso vinimos a la inauguración del año lectivo, para que nos escuchen y pongan en su planificación a nuestro colegio y nombren más docentes, también que nos brinden el apoyo económico, porque para sostener el centro tenemos que organizarnos entre maestros, padres, madres y estudiantes”, lamentó el profesor Santos Muñoz.
En reacción a tal realidad, la directora departamental de Educación en Cortés, Sara Doris Sambulá, manifestó que todo está en agenda, que este año buscarán solucionar los problemas de los centros públicos, promoverán la armonía con el magisterio y gestionarán fondos para las instituciones que necesiten invertir en infraestructura y materiales didácticos para impartir clases.
Confianza y desconfianza
El tema educativo, se convirtió en punto de debate a nivel nacional, la ingobernabilidad en este sector, fue motivo de muchos criterios tanto de docentes, autoridades y sociedad en general.
El gobierno presume que con la anterior gestión de Marlon Escoto al frente de la Secretaría de Educación, logró poner orden; es decir, evitó la pérdida de clases, con el cumplimiento de los 200 días, reprimió al magisterio a través del castigo a quienes promovieran protestas y aplicó a cabalidad el plan gubernamental de transición educativa a través de la Ley Fundamental de Educación.
Los puntos que presume el gobierno son el cumplimiento de clases y la eliminación de protestas de docentes, en ese sentido el presidente Juan Orlando Hernández afirmó: “le seguimos apostando a la gobernabilidad educativa, al desarrollo a través de nuevas reformas y a la dedicación de nuestra parte para invertir en educación”.
La campaña mediática alrededor de la situación educativa ha creado diversos criterios en la población, varios de ellos son reflejados en el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric correspondiente al año 2016.
Para la población consultada, la Secretaría de Educación fue evaluada en el tercer lugar de instituciones del Estado con confianza poblacional con un 53.2%, solo abajo de la iglesia evangélica con 61.7% y la iglesia católica con un 57.2%.
Mientras que en los niveles de desconfianza la Secretaría fue evaluada en el lugar número 19 con un grado de desconfianza de un 46.6%, de 21 instituciones calificadas.
La situación educativa del país, también es valorada en el Sondeo, para el caso, las estadísticas muestran que Honduras tiene un bajo nivel de formación educativa, contando con un 29.1% de la población con primaria completa, un22.9% secundaria y un 5.3% a nivel superior.
Retos
El 2017 es un año lleno de retos para la educación, el gobierno aprobó a finales de 2016 el presupuesto para educación el que ronda en poco más de 25 mil millones de lempiras, presupuesto que según el magisterio es insuficiente para suplir las necesidades educativas del país.
El profesor Raúl Soberanis, considera que el gobierno debe tener varias apuestas, primero: invertir más en educación; segundo, respetar los derechos de los maestros; tercero, dejar la persecución laboral y cuarto, implementar un sistema de educación que forme profesionales críticos que apuesten a construir una nueva sociedad.
En ese sentido, Soberanis aseguró que a los estudiantes se les debe formar desde una perspectiva crítica y también llena de valores y conocimiento de sus derechos, la enseñanza de la Constitución y las leyes es fundamental para conocer parte de la realidad del país.
Ese criterio se conjuga con los datos que refleja el Sondeo de Opinión, un 85.8% de la población consultada cree que es necesario que en los centros educativos se enseñe la Constitución de la República y se hable y discuta sobre la realidad nacional.
Y es que la educación cívica y el conocimiento de los derechos hace la diferencia entre una sociedad pasiva y un pueblo activo que tiene conocimiento y defiende sus derechos comprometiéndose a cambiar la realidad que lo rodea, en ese marco Honduras tiene grandes retos, porque siete de cada diez nunca ha leído la Constitución, mientras que solo un 27.4 afirmó que sí.
El dato que muestra que nueve de cada diez hondureños está de acuerdo con que se enseñe la Constitución en los centros educativos, es una gran oportunidad para que el sistema nacional incluya esas demandas en la currícula escolar y se le dé otro sentido a la puesta educativa nacional.
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