miércoles, 22 de febrero de 2017

Tanto la Fiscalía como la Municipalidad de Tela incumplen acuerdos y continúa el conflicto con la Hidroeléctrica



Alrededor de 20 comunidades ubicadas en el sector Mezapa, Tela, Atlántida continúan su lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico “Los Planes”, donde se construye la represa hidroeléctrica centrales El Progreso “HIDROCEP”, propiedad del empresario Jason Hawit Bueso. Dicha represa fue aprobada en un cabildo abierto que las comunidades han denunciado que fue manipulado por el empresario y la corporación municipal. 

La represa hidroeléctrica se está construyendo en la comunidad Buena Vista nombre de Dios, en el nacimiento del río Mezapa, principal fuente que abastece de agua al sector del mismo nombre.

Como parte de la acciones para presionar a la municipalidad de Tela, que cancele el permiso de construcción de la hidroeléctrica, las comunidades realizaron el pasado miércoles 18 de enero una toma en la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Planes de Arena Blanca. 

Durante varias horas paralizaron el tráfico, exigiendo la presencia en el lugar del alcalde Mario Fuentes y la Fiscalía. Con la acción las comunidades lograron la presencia de los funcionarios, quienes se comprometieron a ordenar a la empresa suspendiera los trabajos.

Fiscalía y Municipalidad incumplen acuerdos 

Según Ernaldo Natarén, miembro del comité ambientalista  de Mezapa, la Fiscalía y la Municipalidad no han cumplido el compromiso acordado el pasado 18 de enero.

“La fiscalía solo puso en espera la construcción, pero el empresario no acató la orden y ha continuado trabajando”, eso nos afecta grandemente porque pone en peligro nuestras fuentes de agua, asegura.

El líder comunitario dice que desde que iniciaron la construcción se ha notado la contaminación en el río porque el agua baja sucia y llena de lodo. Señala que el agua del río cuando llueve no se puede utilizar para el consumo humano.

Ernaldo Nataren asegura que frente a la falta de voluntad que tienen las autoridades, las comunidades están reorganizándose para arreciar las acciones de presión. 

Temor

Los líderes ambientalistas del sector Mezapa han manifestado el temor que tienen ante una campaña de desprestigio que se ha emprendido desde la municipalidad de Tela. 

Aseguran que a través de algunos medios de comunicación locales  se les ha señalado de “estar en contra del desarrollo de las comunidades”, al oponerse a la instalación de la represa hidroeléctrica.

El viernes 20 de enero el abogado Randy Mejía fiscal asignado a la Fiscalía Especial del Ambiente en el departamento de Atlántida, fue víctima de un atentado en el acceso al Jardín Botánico Lancetilla, el fiscal Mejía junto con miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), habían realizado el mismo día 20 de enero en horas de la mañana una inspección a la parte donde se construye la represa. 

Días después Randy Mejía abandonó el país junto a su familia por temor a perder la vida.

Comunicado

A través de un comunicado las comunidades y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), denunciaron el daño ambiental que está causando la construcción de la empresa HIDROCEP en la Cordillera Nombre de Dios y el poco interés que presenta el Ministerio Público en realizar investigaciones y paralizar la construcción.

Así mismo responsabilizan a la corporación municipal de Tela y a la empresa Hidrocep por cualquier amenaza, atentado o perdida humana para quienes luchan contra el proyecto energético, y hacen el llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que velen por su protección.

En el municipio de Tela, Atlántida existen varios proyectos que atentan contra la Madre Tierra y contra la tranquilidad de las comunidades. Los proyectos hoteleros durante mucho tiempo han amenazado a las comunidades garífunas, por otra el monocultivo de palma africana se ha convertido en un problema que amenaza con destruir las principales fuentes de agua.

Sumado a eso, ahora las comunidades tienen que enfrentarse a los proyectos mineros y últimamente hidroeléctricos que han sido aprobados a través  procesos amañados, sin  ni siquiera consultar  a la población.

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