La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras observó que el día de hoy en horas de la mañana, elementos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Fuerzas Especiales ejecutaron una orden judicial de desalojo de familias campesinas en el asentamiento 9 de julio ubicado en el municipio de San Pedro de Tutule, La Paz.
En el desalojo forzoso las fuerzas de seguridad portaron armas de fuego y usaron bombas lacrimógenas, incluso hora y media después de que se había logrado el control y la dispersión de los campesinos, hechos verificados por dos Oficiales de Derechos Humanos de nuestra oficina que estaban presentes en el lugar.
Cuatro personas fueron heridas, entre ellas Víctor Vázquez, integrante del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), quien recibió un disparo de bala en la pierna derecha. Es importante señalar que integrantes de MILPAH son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Igualmente, la Oficina tuvo conocimiento que miembros de las fuerzas de seguridad involucradas también fueron heridos. La Oficina no ha podido corroborar esta información.
De acuerdo a los estándares internacionales, la ejecución del desalojo forzoso debe realizarse de manera excepcional y cuando no exista otra posibilidad razonable, previo a un estudio del impacto del desalojo y reubicación y tras agotar los recursos judiciales oportunos. La Oficina ha constatado que el Juzgado de Letras de La Paz tenía conocimiento de un recurso de amparo pendiente de resolverse, lo que dejaba en suspenso la ejecución del desalojo.
Asimismo, destacamos que los desalojos forzosos no implican necesariamente el uso de la fuerza y que únicamente se empleará apegándose a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, recordando que las armas de fuego y el uso de gases lacrimógenos no deben utilizarse en desalojos forzosos.
María Soledad Pazo, Representante Residente de OACNUDH, señala: “Nos preocupa que al existir un amplio catálogo de estándares internacionales para la ejecución de desalojos, éstos no sean aplicados. Si un tribunal nacional ha fallado a favor del desalojo, esta situación todavía puede constituir un desalojo forzoso ilegal e injustificado. En este caso, también me preocupa enormemente que no exista un reubicación de las personas desalojadas, por lo que será importante que el Gobierno realice una serie de acciones para garantizar el goce de sus derechos. Finalmente, Honduras necesita legislar el uso de la fuerza y armas de fuego en desalojos y manifestaciones públicas, apegándose a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hago un llamado a todas las partes involucradas en este lamentable incidente para que promuevan espacios de diálogos y conciliación con el fin de evitar que se repitan este tipo de hechos.”
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