Únicamente con 5 casos como ejemplo, la organización internacional Global Witness reveló, en su más reciente informe, los vínculos que altos cargos políticos y élites empresariales de Honduras tienen con la represión de personas y comunidades que defienden su derecho sobre la tierra y los bienes naturales.
El informe presentado esta semana frente a organizaciones de sociedad civil, comunidades, cooperación internacional y autoridades de instancias como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH y la recién abierta oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, revela con nombres y apellidos a empresarios y políticos que de forma corrupta y delictiva sacan beneficio de las riquezas naturales del país, con el apoyo de la fuerza estatal para asesinar y atemorizar a las comunidades.
El documento ha provocado la furia de políticos y empresarios, quienes han salido al paso desacreditando la información y denunciando ante instancias nacionales. La vice presidenta del Congreso Nacional y presidenta del partido en el poder, Gladys Aurora López llegó a la fiscalía de derechos humanos exigiendo que se investigue los señalamientos que aparecen en el informe.
“Soy víctima de un ataque político, de una campaña de desprestigio. Algunos por su ideología o por el deseo de ganar elecciones de mala manera son capaces de poner en riesgo la inversión en el país, atacando a inversionistas y empresas”, dijo López al momento que anunció las acciones que inició con su apoderado legal en contra de la organización.
Caso 1: Gladys Aurora López y su relación con presas ilegales
El primer caso que documenta el informe de Global Witness, es el relacionado con Gladys Aurora López, vicepresidenta del Legislativo y actual titular del partido Nacional. Un hallazgo principal es el claro conflicto de intereses, dado que el esposo de la funcionaria controla La Aurora y Los Encinos, dos presas a las que se otorgaron licencias cuando ella desempeñaba un cargo en el Congreso Nacional; licencias que infringen la Ley de Contratación del Estado y la Constitución de Honduras.
Ambas hidroeléctricas están ubicadas en el departamento de La Paz, al sur occidente hondureño, una zona con grandes riquezas naturales, sin embargo sus montañas llenas de pinos, sus ríos llenos de vida, y sus suelos ricos en minerales se ven amenazados por la avaricia de políticos y empresarios que sin importar el daño que causan a la naturaleza y comunidades, buscan acaparar el territorio para satisfacer sus intereses.
La construcción de ambas presas se dio con muchas irregularidades, ya que los cabildos abiertos fueron denunciados por estar cargado de ilegalidad e irrespetando el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada.
En una entrevista otorgada a Radio Progreso, el empresario Arnold Castro, esposo de la congresista, confesó que los contrarios de generación de energía con el Estado se le otorgaron en el gobierno de facto de Roberto Micheletti, cuando Gladys Aurora ya era diputada, violentado así la ley de Contratación del Estado.
Pedro Landa, ambientalista e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-SJ asegura que personalmente ha sido testigo del poder e influencia de la diputada Gladys Aurora López en la zona.
Landa recuerda una visita que realizó el equipo de Inspecciones Oculares del Ministerio Público, instancia que llegaba a documentar el caso sobre las denuncias en contra de la hidroeléctrica, en cuestión de minutos llegaron patrullas policiales de los 6 municipios cercanos, “una muestra del poder que estos empresarios tienen en la zona”.
Durante la última década, tanto la Corporación Financiera Internacional (CFI) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han respaldado constantemente la ampliación de los proyectos de energías renovables de Honduras, a pesar de las denuncias de abusos que rodean a este sector. Los abusos relacionados con las presas de La Aurora y Los Encinos demuestran porqué las IFI no deberían respaldar estos sectores en el clima actual de corrupción e injusticia, deja como recomendación el informe de Global.
Datos del Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario CEHPRODEC, dan cuenta de 111 proyectos hidroeléctricos fueron otorgados durante el golpe de Estado del año 2009.
Caso 2: El asesinato de Berta Cáceres y la hidroeléctrica Agua Zarca
La lideresa indígena Lenca y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, asesinada el 02 de marzo de 2016, llevaba años denunciado la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) en las aguas del río Gualcarque.
Global Witness revela que el proyecto de Agua Zarca es un buen ejemplo de cómo la corrupción y los abusos de derechos humanos se están produciéndose en Honduras. Tras el asesinato de Berta Cáceres, la financiación de la presa se suspendió y el FMO y Finnfun anunciaron que estaban «intentando abandonar el proyecto». A pesar del carácter público de la oposición de Cáceres a la presa y las resultantes amenazas contra ella y el COPINH, Cáceres comentó a Global Witness en noviembre de 2015 que el FMO nunca había intentado ponerse en contacto con ella o con sus compañeros
Vea Documental Guardiana de los Ríos
Global Witness exige una investigación, en concreto, de lo siguiente: Las relaciones de DESA con el asesinato de Berta Cáceres, dado que dos de los hombres detenidos actualmente por su asesinato trabajaban para esta empresa.
Las relaciones del ejército de Honduras con el asesinato de Berta Cáceres, dado que tres de los detenidos por su asesinato están relacionados con el ejército hondureño; dado que el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, solía trabajar para la inteligencia militar; y que se ha denunciado que el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista del ejército.
Caso 3: Operación minera en Nueva Esperanza
La minera La Victoria propiedad del empresario Lennir Pérez, yerno del fallecido terrateniente y empresario Miguel Faccuse, amenazó y hostigó a las comunidades del sector Florida, quienes se oponían a la extracción de óxido de hierro.
La investigación de Global Witness, documentó intentos de sobornos que Lennir Pérez hizo a comunidades, organizaciones y funcionarios de la zona. Debido a las amenazas, hostigamiento y criminalización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH otorgó medidas cautelares a varios líderes de la zona.
El abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ recuerda esos año de presencia de la minera como episodios difíciles vividos en la zona, donde las comunidades fueron ultrajadas por el empresario.
“Se generó un ambiente de terror, era como un toque de queda provocado por el mismo empresario Lennir Pérez, quien tenía un batallón de policías y militares, además de uno privado. El informe de Global Witness es vivencial y contundente, refleja claramente lo que las comunidades vivieron esos días”, dijo Fernández.
Caso 4: Masacres de las comunidades tolupanas
Las comunidades indígenas tolupanas radican entre los departamento de Yoro y Francisco Morazán. En Yoro, las organizaciones nacionales han denunciado el exterminio que se hace de dicha población. El ambientalista Juan Mejía, durante muchos años ha documentado las violaciones que se hace en contra de las comunidades tolupanas. En los últimos años se contabiliza el asesinato de más de 100 indígenas. Una de las masacres se registró el 2013 en contra de los dirigentes Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto y María Enriqueta, crímenes que siguen en completa impunidad.
El informe de la organización británica revela que la zona es controlada por el exgeneral del ejército Filánder Uclés y sus guardaespaldas, quienes mantienen el terror en las comunidades con la intención de apoderarse del bosque y las fuentes de agua existentes en la región.
Concretamente en la comunidad de San Francisco de Locomapa, los asesinos anda libres, muchos hasta protegidos por la misma policía dice Mejía, quien reta al Estado a desmentir toda la información que contiene el informe de Global Witness.
Caso 5: Pueblo garífuna y proyectos turísticos
El último caso documentado en el informe está vinculado al despojo que enfrentan las comunidades garífunas en Honduras. La concreción del proyecto turístico Bahía de Tela, concretamente el Induras Beach Resort, demuestra el incumplimiento que el Estado y el sector empresarial hacen de las sentencias dadas por el sistema interamericano de derechos humanos.
Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, asegura que el informe de Global Witness ratifica las dos sentencias que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH en el caso de las comunidades garífunas, mismas que condenan al Estado por no existir una normativa que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Dentro del 5 caso, Global Witness recoge la realidad de Barra Vieja, en Tela, Atlántida, una comunidad llevada ante los tribunales de justicia acusado por el mismo Estado a través de la Empresa Nacional Portuaria del delito de usurpación de tierras.
Para el abogado José Carlos Velásquez, apoderado legal de la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH, el informe está apegado a la verdad, porque es de conocimiento público el despojo de tierras que grandes proyectos turísticos hacen con las comunidades garífunas en la bahía de Tela.
El país más peligroso para defensores
Los casos que expone el informe de Global Witness únicamente son algunas de las realidades que las comunidades enfrentan. El documento deja claro que Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente con más de 120 asesinatos desde el año 2010.
Los conflictos por la minería, hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y de comunidades rurales. “La organización ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de puerta trasera, sobornos y violación de la ley que se utiliza para imponer estos proyectos y silenciar a las comunidades”, dijo Ben Leather, jefe de campaña de Global Witness.
El informe finaliza dejando una serie de recomendaciones al Estado de Honduras, entre sus principales resalta el deber el Estado en dar protección a los defensores y defensoras de la tierra y los bienes naturales, adoptando un nuevo sistema de protección con recursos necesarios, que incluya el cumplimiento con las medidas cautelares.
Otra recomendación está destinada a los inversores extranjeros y a las instituciones financieras internacionales, a las cuales les piden detener cualquier inversión prevista en las industrias que provoquen violencia, que garantice el cumplimiento de los derechos de las comunidades, incluida la consulta previa, libre e informada.
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