Por Juan Almendares
Foto: Telesur berta caceres telesur mobile
Honduras, es considerado uno de los países más violentos y con mayor violación de los derechos humanos en el mundo. Su tasa de impunidad llega a ser más del 90% lo cual indica que el Estado no garantiza el respeto a los derechos humanos.
Los asesinatos de Bertha Cáceres, miembros del COPINH, MILPAH, OFRANEH, pueblo Tolupán y los dirigentes campesinos entre ellas Margarita Murillo y los miembros de la Plataforma Agraria del Aguan, son indicadores de la violencia y la impunidad que esta ocurriendo en Honduras.
La injusticia y desigualdad en Honduras se reflejan en la concesión de más del 30% del territorio nacional al extractivismo minero e hidroeléctrico, el incremento del monocultivo y exportación de agrocombustibles. Esta expansión económica está garantizada por la militarización estructural del país, que lo convierte en un verdadero estado policial militar. A lo cual se suma la presencia de bases militares estadounidenses y cuerpos policiales internacionales así como sicarios y paramilitares. El proceso de privatización de la salud y la educación así como la crisis en la institucionalidad del país donde las leyes tienen un alto carácter represivo se prioriza en lo militar con menos cabo del gasto social en salud y educación.
Ante la denuncia de la organización británica Global witnnes que ha circulado de los medios nacionales e internacionales acompañada de los testimonios que han dado los pueblos originarios, entre ellos MILPAH, OFRANEH, COPINH y el Pueblo Tolupan quienes han sido objeto de estigmatización y discriminación por algunos funcionarios públicos, privados y organizaciones que se identifican como defensores del medio ambiente, me permito señalar los siguientes aspectos:
En primer lugar, queremos hacer un llamado urgente a la solidaridad internacional con los dirigentes de estas organizaciones que valientemente han estado arriesgando su vida en defensa de los bienes comunes y de la Madre Tierra dado que tienen un alto riesgo de continuar siendo objeto de persecución, amenazas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes y potencialmente ser asesinados. En consecuencia, expreso mi preocupación ya que hemos recibido por años testimonios de las múltiples violaciones de los derechos humanos y ambientales de estos sectores.
El segundo aspecto es que no debemos confundir lo que se llaman ambientalistas y los que son los verdaderos defensores de los derechos humanos y del ambiente. Lo anterior se explica al hacer un análisis mas profundo de la realidad en que viven nuestros pueblos. Debemos partir de una realidad ecológica y social que se agrava a partir del golpe de estado militar de 2009.
¿Por qué hemos vendido este país a las multinacionales? Al entregar nuestras montañas, ríos y mares en un proyecto de colonizacion y neocolonización que algunos llama neoliberalismo y que otros consideran modernización capitalista del estado, cuyas expresiones se reflejan en una guerra total contra nuestros pueblos que se manifiesta en lo militar, en lo económico, en lo cultural, en lo mediático y en el fundamentalismo religioso. El fundamento económico político es el despojo de las comunidades de sus territorios que no es más que acumulación capitalista por desposesión y que se ha logrado mediante la entrega de la soberanía nacional, la corrupción en las instituciones de salud y las alianzas entre las empresas del estado y las empresas multinacionales. Esto contradice totalmente lo que se ha llamado el desarrollo sustentable a tal grado que estos proyectos lo que han producido es un retroceso histórico en la cultura, destrucción ambiental, pauperización, racismo, exclusión social, pérdida de la dignidad e identidad cultural.
El proyecto energético de Honduras es una estrategia dominante multinacional basada en 40 empresas hidroeléctricas, así como en la inversión de empresas térmicas y otras malas inversiones que se han gestado en el último decenio. La empresa nacional de energía eléctrica (ENEE) fue concesionada en un 50% a una empresa colombiana, la energía eléctrica es más cara que antes y sigue sin llegar a las comunidades más pobres; por otro lado las empresas mineras han contaminado el ambiente produciendo enfermedades y acumulando capital a expensas de la muerte.
Estos procesos inhumanos han sido justificados por los falsos ambientalistas diciendo que son procesos científicos académicos en favor del desarrollo y señalando que los indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos son enemigos del desarrollo y del país. Bien sabemos que estas concepciones no corresponden a una visión académica, ética y científica basada en un real desarrollo de los pueblos. Al respecto manifestamos que son las comunidades organizadas y movilizadas la que han dado una lucha comprometida en la defensa del ambiente y los derechos humanos; con mucho dolor expresamos que la academia en Honduras ha hecho aportaciones muy pobres y que en diversas situaciones han sido cómplice en la venta del país. La ciencia y la técnica no están separadas del poder, por lo tanto de la corrupción y dominación de nuestros pueblos por eso se demanda una ciencia que tenga conciencia y respeto a la vida y a los derechos de la Madre Tierra.
En mi calidad de defensor de derechos humanos expreso nuestra solidaridad con los pueblos originarios, lencas, garifunas, tolupanes, campesinos y con los verdaderos luchadores del ambiente y de los derechos humanos.
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