Ante la dificultad de la población lenca del departamento de La Paz para acceder al sistema de justicia varias organizaciones crearon un proyecto denominado: “Mejorando el acceso a la justicia de la población Lenca del departamento de La Paz”, que durará tres años y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los participantes, especialmente las mujeres, así como de los operadores de justicia, para que faciliten el acceso a un sistema de justicia confiable y que promueva la equidad social.
El programa es ejecutado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H) y el Comité de Familiares Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con la ayuda financiera de la Unión Europea, a través del programa Eurojusticia; además, contará con el acompañamiento técnico y financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo, Trocaire.
La plataforma es impulsada con el apoyo de organizaciones sociales de la zona, entre ellas el movimiento de base Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), la Plataforma 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
A criterio de las organizaciones ejecutoras, el proyecto podrá preparar a los participantes para articularse entre las plataformas sociales para facilitar el acceso a la justicia bajo mejores condiciones, asimismo han prometido buscar la sostenibilidad del mismo para avanzar en el respeto a los derechos humanos y derechos a las mujeres.
“Consideramos que esta estrategia es importante para darle una nueva dinámica a la realidad que vive la población del departamento de La Paz, donde la violación a los derechos humanos es vigente y convierte en víctimas a quienes luchan por la defensa del territorio”, dijo José Espinoza director de CEHPRODEC.
Mientras que Madeleine Onclin, jefa de la Cooperación de la Unión Europea, consideró fundamental la alianza entre tres sectores: las organizaciones ejecutoras, la población afectada y el poder judicial. “Hay que construir puentes que nos ayuden a fortalecer el acceso a la justicia y la aplicación de la misma en una realidad tan compleja como la de los pueblos originarios de la zona”, calificó Onclin.
Por su parte Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH, lamenta la ineficiencia institucional en la aplicación de justicia, más cuando se trata de grupos oprimidos, en ese sentido Oliva recalcó que solo con la construcción de alianzas y también con la concienciación y demanda permanente del pueblo hondureño se podrá cambiar las reglas del juego en esta sociedad desigual.
Un territorio en conflicto permanente
El departamento de La Paz se ha convertido en zona de conflicto por la invasión territorial de empresas que impulsan proyectos de extracción minera e hidroeléctrica, en ese sentido, las comunidades de La Paz han iniciado procesos de resistencia por la defensa de sus territorios.
“Nosotros somos víctimas de persecución, despojo, represión, criminalización y de pobreza, pero a pesar de esa realidad nuestra resistencia a todos los proyectos que buscan atentar contra la naturaleza y desplazarnos seguirá vigente hasta la muerte”, afirmó Martín Gómez subcoordinador de MILPAH.
El desplazamiento de los pueblos originarios en todo el país, se ha vuelto una realidad común en la que el poder de grupos empresariales y gubernamentales se une para sacar de los territorios a quienes verdaderamente les pertenece. “Nos criminalizan porque defendemos lo nuestro, en realidad los criminalizados deben ser ellos, porque están apoderándose de algo que no es suyo”, dijo Víctor Vásquez dirigente indígena que enfrenta un proceso de criminalización y es acusado de usurpar tierras y de amenaza contra terratenientes.
Convenio OIT
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras, ha sido la justificación legal más importante del movimiento indígena contra la instalación de la gran industria extractivista en sus comunidades, porque en la mayoría de casos no se ha consultado a las comunidades para instalarse.
El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.
En su artículo seis, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
•La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;
•Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;
•Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.
“Tenemos derechos a los bienes comunes: el agua, la tierra, la madera, los minerales. Nuestros derechos indígenas nos dice que son nuestros, y al ser nuestros los primeros que tenemos que saber qué se quiere hacer con esos recursos y ser informados de todos los procesos, somos nosotros. Con estos proyectos, a pesar de todas sus promesas solo nos convertiríamos en esclavos de mano de obra y seríamos saqueados. Nosotros consideramos esto como un proyecto de muerte porque esto es, las aguas cambiarían de cauce, los peces morirían y desaparece el bosque y los animales”, explica Gómez.
Ante esa realidad, que genera lucha permanente de las comunidades, quienes enfrentan un sistema de justicia ineficiente y violador de derechos humanos, es que se impulsa este proyecto, que además de generar conciencia, busca facilitar las relaciones comunes entre gobierno y comunidad para la aplicación de justicia y vigilancia por la defensa de los derechos humanos.
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