El tenebroso hallazgo de dos personas, madre e hijo, decapitados en la colonia La Soledad Dos, de Tegucigalpa, tras ser raptados en horas de la madrugada del jueves y el incendio de carros repartidores, son la muestra que la presente semana ha estado marcada por crímenes y hechos delictivos de alto impacto mediático.
A criterio de la Comisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, no se puede descartar que estos crímenes y demás acciones delictivas sean escenarios creados para generar zozobra en la población, y a partir de allí presionar para que en el Congreso Nacional se genere un ambiente flexible para que se aprueben las reformas al Código Penal impulsadas desde el oficialismo.
“Resulta curioso que mientras el gobierno mantiene una campaña de estigmatización contra la los partidos de oposición que se oponen a las reformas penales, resulten carros quemados, incremento en las masacres y extorsiones. Sin duda alguna esto refleja que el presidente Juan Orlando Hernández busca garantizar por todos los medios posibles su proyecto reeleccionista”, indicó Borjas.
A renglón seguido dijo que cuando se quería aprobar la “Ley Antimaras” se incrementaron los asesinatos, cuando se hizo la campaña sobre la implementación de la pena de muerte se produjo una masacre en bus de Cofradía, Cortés y en este momento que se promueven las reformas penales se han registrado 17 masacres en lo que va del año.
En su cuenta de Facebook el diputado Jari Dixon, escribió el siguiente mensaje: “después que se aprueben las reformas penales con votos de los diputados liberales, los actos terroristas de los últimos días desaparecerán como por arte de magia”, además dejó a los seguidores de las redes sociales una pregunta “¿Quién quiere apostar?”.
Organizaciones de derechos humanos y varias personalidades de la oposición política hondureña, se han pronunciado en contra de las pretensiones del presidente Juan Hernández, de aprobar las reformas al código penal, ya que según la opinión de los expertos, en estos cambios se pretende criminalizar la protesta social.
El presidente del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Guillermo Valle, ha expresado que lo que se quiere lograr es “criminalizar la protesta de la oposición, de estudiantes y a los que están en contra de los peajes”. “Que se tipifique como terrorista como lo dice textualmente el decreto a todo aquel que se oponga a las acciones que un gobierno haga, eso es nefasto”, indicó el diputado Jari Dixon.
Por su parte Jorge Díaz, integrante de la Mesa de la Indignación de El Progreso, dijo que “terrorista no es el que lucha contra los peajes o enciende una antorcha en la calle para protestar contra la corrupción y la impunidad. Al contrario este tipo de protestas son luces de patriotismo que alumbran el camino y por lo tanto tenemos que protegerlo”, indicó.
Hechos delictivos de la semana
Una madre y su joven hijo fueron encontrados decapitados la mañana de ayer jueves en la colonia La Soledad de Comayagüela. Arely Palencia Fuentes y Allan Cerrato, habrían sido raptados de su casa y luego fueron encontrados decapitados y atados de pies y manos. Versiones de testigos indican que las víctimas fueron sometidas a la impotencia por sujetos que se transportaban en un vehículo y que portaban uniformes policiales y chalecos antibalas.
Horas después en la siempre caliente zona de la Rivera Hernández, en la norteña San Pedro Sula, se informó de la muerte violenta de dos personas una de las cuales apareció embolsada. Un día antes se conoció el encuentro de dos osamentas en un cementerio clandestino en la zona sur del país.
El lunes varios sujetos quemaron un camión repartidor de leche en la colonia Cerro Grande, mientras el martes en otro sector de la capital el crimen organizado quemó otro camión de la misma empresa de lácteos.
Así mismo el martes se dio a conocer el cierre de “Instituto Modelo” ubicado en la colonia Tiloarque, en Comayagüela, debido a que los antisociales solicitan el pago de extorsiones, incluso a los estudiantes, los esperan a la hora que salen de clases para amenazarlos. El responsable del colegio, confirmó que eran extorsionados y les piden 300 mil lempiras de prima y 25 mil al mes.
Aparte de otras muertes violentas, este viernes el líder tolupan José Santos Sevilla fue asesinado de varios disparos en el interior de su casa, ubicada en la Montaña de la Flor en el departamento de Francisco Morazán. De acuerdo al reporte policial al menos 5 malhechores le dieron muerte.
Todos estos hechos ocurren precisamente en la etapa que el Congreso Nacional se apresta a debatir sobre las reformas penales que el presidente Juan Orlando Hernández pide que se aprueben para luchar contra la criminalidad. El mandatario hondureño considera que la quema de buses y extorsión debe considerarse como acto de terrorismo y quiere que la ley sea más fuerte contra ellos.
A nivel nacional se reportan a diario alrededor de 15 muertes violentas, según informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de estas más del 90% quedan en la impunidad. Para varios sectores esto representa el fracaso en las políticas de seguridad del Gobierno.
La extorsión un negocio de altos personajes
“Cuando se refieren al delito de extorsión no hay que hacerlo específicamente a las maras y pandillas, ahí hay muchas figuras públicas y empresarios detrás de ese magno delito”, indicó recientemente en un foro televiso el retirado comisionado de Policía, Henry Osorto Canales.
Según el comisionado retirado “esto es porque la extorsión es uno de los mayores delitos que generan más ganancias”. Añadió “por lo tanto estamos cometiendo un error al decir que son las maras MS o la 18. Todos se escudan detrás de esas maras pero la realidad no es esa”, comentó Osorto Canales.
La extorsión es una pirámide de siete escaleras: hay figuras importante del engranaje político por tal razón se da ese fenómeno que capturan solo al que llega a cobrar. En tal sentido dijo “la estructura de la extorsión es una pirámide que tiene siete escaleras y en ese sentido a la figura principal nadie la conoce. Es donde está el político, el alto funcionario y entonces es porque existe el delito de la impunidad.
“Aun poniendo la pena de muerte no funcionará porque será al menor de edad que fue a cobrar la extorsión el que pagará. Los dueños del dinero son aquellas grandes personalidades que salen a reuniones en hoteles de cinco estrellas que son los que aportan millones a campañas políticas”, añadió.
Asimismo indicó que en la extorsión están metidos policías, militares, magistrados y funcionarios de Gobierno. Por lo que comentó “aquí las leyes existen pero lo que no se hace es aplicarlas. El problema es que el poder político domina Honduras y en manos de ellos estamos y desgraciadamente está contaminado con el crimen organizado”, concluyó.
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