Tras conocerse el fallo que condena al universitario Kevin Solórzano por el asesinato del ex fiscal Edwin Eguigure y tentativa de asesinato en perjuicio de María Auxiliadora Sierra, fiscal y esposa de Eguigure, analistas señalan que nuevamente ha quedado comprobado la debilidad en los procesos de investigación criminal y científica que se realizan en el sistema de justicia hondureño.
Roberto Rodríguez, investigador y analista en temas seguridad, es del criterio que el gobierno de turno debe invertir en el fortalecimiento de la investigación científica y criminal para contribuir a que los jueces tengan claridad a la hora de emitir un fallo judicial.
“Una buena investigación le permite a la fiscalía presentar un buen requerimiento fiscal y eso le permite a todo el sistema de justicia, en este caso al juez, a tener las valoraciones muy claras para determinar en un fallo judicial”, detalla Rodríguez.
Señala que la mayor inversión apuntar a la investigación criminal “sobre todo en la investigación científica porque las nuevas técnicas jurídicas deben estar basadas en el método científico y no testimonial”.
Después de tres meses de juicio oral y público, la Sala II del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con un fallo de votos a favor y otro en contra, determinó encontrar culpable a Kevin Solórzano por delitos de asesinato en perjuicio del ex fiscal Eguigure y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de la fiscal María Auxiliadora Sierra, hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2014.
La defensa de Solórzano, los abogados Jair López y Celeste Cerrato, al finalizar la audiencia de lectura del fallo manifestó que “la prueba científica no sirve de nada”.
López declaró que “la justicia es de hombres, así que trataremos de corregir este yerro judicial”, al explicar que luego de la individualización de la pena presentarán un recurso de casación.
Población y familia rechaza fallo contra Kevin
Familiares, amigos, compañeros de universidad y ciudadanía, que desde el momento que fue capturado -22 de noviembre 2014- le dieron su apoyo y creen en su inocencia, rechazaron el fallo de la Sala II del Tribunal de Sentencia puesto que lo consideran un acto de injusticia por las contradicciones en los testimonios y la desestimación de pruebas científicas que demostraron que Kevin no habría cometido el crimen.
Al escuchar el fallo del juez, la mamá de Kevin, Ana Betty Hernández, comenzó a llorar asegurando la inocencia de su hijo. Ella fue una de las personas que se encontraba con Kevin el día del asesinato del ex fiscal Eguigure, en la aldea El Chimbo de la capital hondureña.
José Luis Solórzano, padre de Kevin, al momento de abandonar la sala de juicios gritaba que “la fiscal tiene que ver en esto”, refiriéndose a María Auxiliadora Sierra, esposa del ex fiscal Eguigure.
En el Código Penal se establece una pena de 20 a 30 años de reclusión por el delito de asesinato, y por asesinato en su grado de ejecución de tentativa se señala una pena de 15 a 20 años de reclusión.
“Se sobrepasaron, no hicieron lo correcto sino que condenaron a un inocente y por eso se tardaron tanto tiempo con este fallo. Por qué no buscan a los otros, dicen que son tres los testigos que lo juzgaron”, se preguntaba a la abuela de Kevin.
La sentencia contra el universitario Solórzano además reactivó las exigencias al gobierno y al sistema de justicia a ser más expeditos en casos como el desfalco millonario al Seguro Social. Movimientos estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras condenaron el accionar del Poder Judicial, durante una manifestación en la que fueron reprimidos por la Policía Nacional.
“Vemos que la gente llegó a un punto que ya no aguanta más, es un caso de muchos, cuántas veces han condenado a gente que probablemente es inocente. El sistema judicial no funciona y siempre ha estado favoreciendo a las personas que tienen poder, es el caso del Seguro Social”, apuntan representantes de los diferentes movimientos estudiantiles en Ciudad Universitaria.
El abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, señala que el caso de Kevin Solórzano remarca la desconfianza de la ciudadanía hondureña en el sistema de justicia instaurado en un modelo republicano en el que el poder ejecutivo ejerce autoridad sobre el judicial y legislativo.
“La población no cree en el sistema electoral porque es poco confiable, no cree en el Ministerio Público, hay una deslegitimación frente a todo la institucionalidad”, indicó.
Agrega que en Honduras existen dos clases de abogados: “los que conocen la ley y los que conocen a los jueces, generalmente los que conocen los jueces son los que ganan los juicios”.
El último sondeo del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) reveló que la población hondureña manifiesta tener poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia (72.8%).
“Esto deviene del colapso del sistema republicano donde el ejecutivo ejercer más poder que el debido sobre el Poder Judicial, sobre el Congreso de la República y sobre órganos extra poder como el Ministerio Público”, enfatizó Pineda Alvarado.
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