A cinco años de la tragedia del centro penal de Comayagua, en la que 362 personas murieron calcinadas en un incendio y que hasta le fecha el caso continúa en la impunidad, la situación de hacinamiento y el incumplimiento de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad en Honduras avanzan a pasos agigantados.
De acuerdo a datos del informe anual 2016 del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), la población penitenciaria en Honduras sobrepasa los 17 mil 500 privados y privadas de libertad.
El 54 por ciento de esa población penitenciaria está a la espera de un juicio, denuncia el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro: “están en situación de proceso, lo que aumenta la población penitenciaria, provoca el hacinamiento, provoca el autogobierno, el descontrol y la violencia en los penales”.
Cavallaro urge al Estado de hondureño a realizar “inversiones fuertes en medidas alternativas, es decir, en la no prisión, servicios comunitarios y brazaletes electrónicos”.
El 14 de febrero de 2012, día en el que cientos de familias perdieron en las llamas del fuego a sus familiares recluidos, el Centro Penal de Comayagua tenía una sobrepoblación que llegaba al 100 por ciento. El centro penal fue construido para albergar 250 privados de libertad, sin embargo, al momento del incendio había 852 personas.
Contraria a la propuesta del presidente de la CIDH, el comisionado del Conaprev, Orle Solís, manifiesta que la única opción del Estado hondureño para evitar el hacinamiento es la construcción de más centros penales.
“Siempre hemos manifestado que construir cetros penales no es desarrollo, pero no le queda otra alternativa al Estado de Honduras para hacerle frente al hacinamiento. El centro penal de Ilama, Santa Bárbara, cumple con los estándares internacionales, hay talleres de sastrería y ebanistería para reinserción y educación del privado de libertad”, asegura Solís.
El comisionado de Conaprev se refiere a las cárceles de máxima seguridad que el actual gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández ha comenzado a construir, centros de reclusión que han sido llamados “El Pozo” por las condiciones mínimas para las personas que cumplirán su condena.
A finales de 2016, el mandatario Hernández dijo que estaba impulsando un proceso carcelario para construir el nuevo sistema penitenciario.
“Apenas comenzó con El Pozo uno, luego seguiremos con el dos, el tres ya está en construcción y el cuarto será muy especial, de manera que quien llegue a esos lugares no vuelvan a delinquir desde ahí y no vuelva a ampararse de la protección del Estado”, enfatizó sin hacer referencia al proceso de reinserción de los privados y privadas de libertad.
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), es del criterio que la defensa pública debe pasar a la administración del Comisionado Nacional de Derechos Humanos para agilizar los procesos contra los privados y privados de libertad.
“Estamos proponiendo quitarle la defensa pública al poder judicial y que pase a ser el verdadero papel técnico para los privados de libertad en los diferentes centros penales de todo el país”, sugiere Maldonado, quien además señala que la ciudadanía hondureña ha perdido toda la confianza en el sistema de justicia.
Carlos Sierra, analista en temas de seguridad de la Fundación Friedrich Ebert, indica que el gobierno de Juan Orlando Hernández, a través de la propuesta de reformas penales, estaría incrementado las violaciones a los derechos humanos de los privados y privadas de libertad que se encuentran en total hacinamiento en cada uno de los centros carcelarios.
“Sigue manteniendo una postura terca alrededor de las reformas penales, en este caso las que tienen que ver con el sistema penitenciario, debemos recordar que apenas en 2012 se aprobó todo un andamiaje jurídico de un sistema penitenciario. Nos preocupa que el gobierno, a través de sus representantes, deja en evidencia su desconocimiento y promoción de violación de derechos humanos con sus propuestas”, indica Sierra.
El gobierno nacionalista, a través del paquete de reformas penales, propone que la Ley del Sistema Penitenciario establezca categorías de peligrosidad del privado de libertad y darles más independencia a los directores de los centros penales para tomar decisiones administrativas.
Según datos del Poder Judicial, del total de población penitenciaria, que sobrepasa las 17 mil 500 personas, solo 8 mil 302 privados y privadas de libertad tienen una condena.
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