Por Javier Suazo
Existe en el empresariado hondureño la creencia que la única vía para salir de la crisis económica, social y política que enfrenta Honduras, es apoyando la ejecución del plan 20/20, un plan élite que dejó sin valor y efecto la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2038), elaborado en el gobierno del Presidente Lobo Sosa (2010-2013). Se le atribuyen a este plan bondades que no tiene, como ser instrumento para generar 600,000 empleos en cinco años por grandes empresarios, sin considerar la importancia y contribución de la inversión pública y microempresas.
Uno de los sectores priorizados dentro del plan 20/20 es el sector energético. Se habla de mega proyectos de generación de energía limpia que transformará la matriz energética del país, eliminando en un plazo corto la dependencia de energía térmica. Incluso se habla que dado el potencial del país, se puede exportar energía al resto de los países centroamericanos.
Sobre este enfoque han surgido varias condicionantes que afectan el optimismo de parte del sector privado hondureño, especialmente de aquellos empresarios como Julieth Handal, Jimmy Dacarret y Adolfo Facusse no muy fanáticos de las bondades del libre mercado. El primero es el cuestionamiento de lo poco transparente que han resultado los procesos de aprobación y entrega de los recursos naturales y turísticos a empresas privadas nacionales y externas. Las denuncias incluyen tráfico de influencias, otorgamiento de licencias ambientales sin cumplirse los requisitos que manda la ley, falta de consulta previa a los pobladores y corrupción de los gobiernos locales.
En segundo lugar destaca el tipo y modalidad de inversión. En general son empresas desarrolladoras que utilizan recursos de la banca privada (externa), organismos internacionales y de la banca nacional al involucrarse socios internos en los proyectos. Estos recursos deberán ser pagados con ingresos generados por el proyecto, garantizados mediante convenios suscritos con el mismo gobierno negociando en ciertos casos tarifas especiales, caso particular de las empresas hidroeléctricas. En el caso de los proyectos turísticos, el Estado participa como socio minoritario para garantizar la recuperación del dinero por los empresarios en caso de pérdidas por desastres naturales y protestas publicas que se quieren tipificar como actos terroristas en el nuevo Código Penal.
En tercer lugar se ha denunciado la muerte de líderes ambientalistas, indígenas y miembros de las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos, igual una escalada de represion y hostigamiento a los pobladores que se opone al proyecto energético o turístico.
Todo esto ha sido documentado y denunciado por la organización internacional Global Witness, donde se habla de la muerte de 123 dirigentes y pobladores después del golpe de Estado, la represión violenta en contra de los defensores de territorios y recursos naturales ancestrales y derechos humanos, lavado de activos e involucramiento de empresarios y dirigentes de los partidos políticos.
Los voceros de la empresa privada hondureña exigen pruebas de estas acciones y actos, calificando a la organización internacional de mentirosa. Se le acusa de ahuyentar la inversión privada al denigrar al Estado hondureño y su clase política, y generar un clima de inestabilidad social. Otros defensores de políticos metidos a empresarios piden la intervención del Ministerio Publico para que Global Witness presente las pruebas, de lo contrario procederán a la acusación en los tribunales de justicia. Incluso se ha llegado al extremo de solicitar orden de captura contra Billy Kyte, representante de la organización, por lo cual no hay que dejarlo salir del país.
Las denuncias de la organización se basan en documentos oficiales, testimonios de las personas y defensores del ambiente afectados, las muertes habidas, incluyendo el asesinato de Bertha Cáceres, los procesos en marcha y ordenes de captura contra funcionarios públicos, violaciones sistemáticas a la Constitución de la Republica, Ley del Ambiente y Derechos Humanos Universales, la participación de familiares de políticos del partido de gobierno en los negocios y los actos de corrupción manifiestos en las alcaldías.
Al parecer, frente a estas investigaciones documentadas, la estrategia del gobierno debería ser al contrario. Eso es, solicitar a los directivos de Global Witness para que acompañen a los órganos contralores del Estado en la investigación de las denuncias por los pobladores, así como el apoyo de las Naciones Unidas para acelerar la reglamentación de los mecanismos de participación de las poblaciones étnicas en la aprobación o no de este tipo de proyectos, respetando su opinión y voluntad.
Se estima que Honduras ha entregado cerca de 35% del territorio nacional en concesiones a empresas extranjeras y nacionales, sin que se observe un proceso ascendente de generación de empleos sostenibles para la población, rebajas sustanciales en el costo de la energía eléctrica y beneficios tangibles en materia de protección de los recursos naturales, uso y acceso de la población a fuentes de agua permanentes y disfrute de las bondades turísticas y culturales.
Hay experiencia en Latinoamérica donde la construcción de las represas no tiene por que generar perdida de vidas humanas y desintegración de las familias rurales, que observan como la vida misma se les va. Hay que abrir espacios de participación a los pobladores y definir mecanismos y reglas claras para la inversión productiva. Un paso adelante es reconocer las formas de organización de la población, sus competencias y derechos adquiridos; pero sobre todo, institucionalizar el mecanismo de consentimiento libre, previo e informado (CLPI), con el aval de los pobladores.
Los partidos políticos de oposición al gobierno todavía no tienen un planteamiento sobre el tema, pero es necesario debatir más sobre los impactos negativos de este tipo de empresas extractivas y turísticas. La MACCIH de Almagro y Corrales se ausentó por decreto, pero debe rectificar. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe dejar de hacer mandados y actuar. El Congreso de EEUU debe aprobar la Ley Berta Cáceres y la Embajada Americana debe pronunciarse sobre ello, más allá de la asistencia del Embajador James Nealon al sepelio de la líder ambientalista y defensora de derechos humanos...
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