El paquete de reformas penales que contiene la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, es objeto de críticas, de debate y discusiones en algunos sectores de la sociedad hondureña. Esta semana se desarrolló el “Simposio Nacional Derechos Humanos y Normas Penales” impulsado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras, OACNUDH, y otras instituciones en la que expertos expusieron sus puntos de vista.
La representante residente de la OACNUDH, María Soledad Pazo, destacó como objetivo ampliar la discusión y debate sobre este tipo de leyes.
“Lo que queremos proponer es que se amplíe el debate. No se trata solamente el tema de adoptar las medidas que se tengan que adoptar para cumplir los compromisos internacionales y proteger a la población y garantizar derechos” dijo la abogada Pazo.
La OACNUDH considera que lo más importante es que sea una participación efectiva de todos los que están involucrados. “Ya sea víctimas del crimen, operadores de justicia, sociedad civil, todos tienen que tener una participación en procesos de reformas legislativas, esa es una posición de Derechos Humanos” dijo María Soledad Pazo.
Protesta social
El Congreso Nacional ha convocado para el martes 21 de febrero a sesiones para continuar debate de reformas penales e insiste que no criminalizarán la protesta social.
El diputado Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Dictamen, insistió que la reforma al artículo 325 del código penal, referente a la tipificación del terrorismo no criminalizará la protesta social.
“Por qué políticos se manifiesta sobre un tema existiendo un dictamen que está desde enero en el Congreso Nacional, o quieren confundir a la gente o son políticos que no se informan y no les gusta leer. No se criminaliza la protesta porque es un derecho y una garantía constitucional que está en los tratados de derechos humanos que Honduras ha suscrito” manifestó Zambrano.
Pero los partidos de oposición se mantienen en contra del paquete de reformas porque consideran que no hay garantías para respetar el derecho ciudadano a la protesta.
El diputado del Partido Anticorrupción (Pac) Virgilio Padilla, señala que su bancada votará en contra. “Les hemos explicado a los altos funcionarios del poder ejecutivo la posición política del partido en el sentido que nosotros no apoyamos la ampliación del concepto del delito de terrorismo” señaló Padilla.
El diputado aseguró que la población está abocada también a un acto ilícito del poder Ejecutivo que precisamente autoriza la rebelión, autoriza la protesta, autoriza la insurrección popular. “Y ante ese hecho vemos muy mal que el poder Ejecutivo proponga limitar la protesta pública, nosotros pedimos respetuosamente al poder Ejecutivo claudicar en la intención de la reelección, por la paz del país” dijo Padilla.
La abogada Silvia Lavagnoli, representante adjunta de OACNUDH, es del criterio que en Honduras se está confundiendo el delito de terrorismo.
“Para la Oficina, el problema serio que ve en Honduras es el crimen organizado que es diferente del terrorismo. Nosotros pensamos que hay una equivocación en los conceptos que sería importante que se tomara en cuenta en ese paquete de reformas. Debemos entender de qué fenómeno estamos hablando, porque una vez que entendamos el fenómeno también entendemos cómo es que lo tenemos que manejar” explicó Lavagnoli.
La representante de la OACNUDH dijo que las reformas penales no se han adecuado a las buenas prácticas y a los principios internacionales en relación a la definición de terrorismo.
“Nosotros consideramos que la noción sigue siendo demasiado amplia, no bastante típica, entonces potencialmente tiene riesgo de impactar sobre los fenómenos que no son fenómenos de terrorismo o en personas que no están cometiendo terrorismo” manifestó Silvia Lavagnoli.
Pero el presidente de la Comisión de Dictamen para dichas reformas, Tomás Zambrano, señala que las organizaciones están equivocadas en sus apreciaciones. “Se criminaliza como terrorismo a los integrantes de grupos ilícitos, de asociación ilícita, que aterroricen a la población, que la amenacen, que utilicen actos violentos que le vengan a quitar la paz y tranquilidad” dijo Zambrano.
Sectores que la apoyan
Varios sectores han manifestado su apoyo, más que a las reformas, al presidente Juan Orlando Hernández que ha desplegado una campaña publicitaria en los medios corporativos criminalizando la posición de los partidos que no lo apoyan señalándolos hasta de ser cómplices en las operaciones del crimen organizado.
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, está convencida que las reformas sí son necesarias y deben ser aprobadas para contrarrestar las distintas manifestaciones de la violencia y criminalidad.
“Yo creo que lo que estamos viendo en el país no es un invento, los problemas están, la violencia ya no es política como en los años 70´s y 80´s, es una violencia criminal con otras dimensiones, con otros impactos, está impactando mucho en la gente y creo que esa es la responsabilidad que deben asumir los políticos” dijo Castellanos.
Para el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jacobo Cálix, una de las preocupaciones con las reformas de leyes penales es que siempre deben de guardar un equilibrio entre lo que es la sanción y lo que es la punición con los derechos fundamentales de la ciudadanía en general. “Hay ciertas reglas y ciertos principios que no se deben dejar de lado porque se puede correr el riesgo de que resulten vulnerados ciertos derechos que se le deben garantizar a la ciudadanía” expresó Cálix.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, también apoya las reformas penales contenidas en la ley de fortalecimiento de la seguridad del Estado.
“Las reformas penales tienen que ver siempre con el estado de la evolución del delito, y siempre en la medida en que estas reformas respeten los derechos humanos y respeten la institucionalidad en sí, las reformas tienen que producirse a través de un diálogo que es responsabilidad del mismo Congreso Nacional llevarlo seriamente, e internamente poder definir qué es aquello que no afecta el bien común” manifestó Herrera Cáceres.
Herrera considera que las reformas van a apoyar la lucha contra la criminalidad. “Nosotros estamos siempre por el estado democrático de derecho que hace que el fin supremo sea el respeto a la dignidad humana y en eso debe mantenerse todas las reformas, no sólo la acción penal sino toda la legislación de Honduras” dijo el funcionario.
Una discusión de altura
Algunos analistas son de la idea que la discusión alrededor de las reformas penales se contaminó con la politización. Mientras el sector oficial vende la idea que con dichas reformas se busca fortalecer su política de seguridad, otros sectores políticos regatean su apoyo sin detenerse siquiera en los impactos que esas reformas puedan tener más allá de los objetivos planteados públicamente.
Para el tercer y último debate, pendiente en el Congreso Nacional, se le pide a los diputados que abandone el debate político y asuman el debate jurídico, señala el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jacobo Cálix.
“Ojalá que el debate se centre en un debate jurídico, en un debate ponderado, en base a los principios constitucionales que tienen que ver con el tema de la materia penal: principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de adecuación, principio del respeto de los derechos fundamentales, para guardar un equilibrio en lo que pueden ser estas posibles reformas” dijo Cálix.
En vísperas de la convocatoria a reunión en el hemiciclo legislativo prevalecen las reuniones al más alto nivel del Partido Nacional con otros actores políticos y económicos, buscando consensuar algunos acuerdos para lograr el apoyo al paquete de reformas.
“Me parece a mí que debe ser un debate que debe generar mucha discusión, una discusión que no sea apasionada ni acalorada por condicionamientos políticos sino que sea apasionada y acalorada por condicionamientos jurídicos” insistió el ex magistrado Jacobo Cálix.
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