Por Javier Suazo
Honduras es uno país altamente corrupto. La historia lo demuestra. La corrupción está ligada a lucha por el poder que genera una creciente inestabilidad política que afecta la economía y sociedad en su conjunto.
Después del golpe de Estado, la corrupción aumentó a la par del endeudamiento público. Más endeudamiento más corrupción. La población ha tenido que soportar una exagerada carga de impuestos y privaciones para honrar la corrupción y los corruptos.
El sobreendeudamiento de la economía Hondureña que representa el 50% del PIB, en parte es ilegitimo y odioso; hay que documentarlo y pedir su anulación. Un caso emblemático es el saqueo de los fondos del IHSS donde participaron dirigentes del partido de gobierno, empresarios y funcionarios públicos; otro, el TRAN 450 en la capital de Honduras convertida en un Ciudad Cárcel, sin ordenamiento urbano y violenta a pesar de los millones gastados en seguridad.
Con la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), sustituta por decreto de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) pedida por el pueblo indignado del saqueo, se pensó que ello debería empezar a cambiar. Pero lo limitando de sus competencias, al no poder perseguir el delito y llevar a los corruptos a los tribunales y cárcel, presagia un fracaso anunciado.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó el país para avalar dos (2) logros atribuidos a la MACCIH: Ley de Fiscalización de las Campañas Políticas, denominada Ley de “Manos Limpias”, para ponerle techo a los gastos de los partidos políticos y transparentar el origen y destino del financiamiento; el otro, conocer el listado de jueces anticorrupción que apoyarán las acciones de los nuevos juzgados en la materia. En realidad, a criterio del Abogado Daniel Mena, son los mismos jueces y juzgados.
Las organizaciones de sociedad civil que apoyan la llegada de la CICIH, son del criterio que estas decisiones no se respetan, ya que el gobierno de la República usa los fondos públicos y de la cooperación externa para hacer campaña política en detrimento de los partidos de oposición, con lo cual de entrada existe una ventaja (Briceño, 2016). En esta campaña interna por cada 2 afiches de los candidatos de partidos de oposición hay 10 de Juan Orlando Hernández. Estos fondos son difíciles de controlar ya que cuentan con el aval de los OFIs, caso particular del FMI y Banco Mundial. Un ejemplo son los fondos asignados al programa “Vida Mejor” donde se encuentra el Bono Diez Mil, que se entrega a las familias en situación de pobreza para que sus hijos e hijas asistan a las escuelas y centros de salud.
Hay muchas denuncias que las familias que reciben estos bonos tienen que tener a mano la tarjeta de identidad y estar listas para votar por el partido de gobierno en las elecciones internas y generales de 2017, caso contrario no reciben el beneficio. Otros programas de compensación social y generación de empleos espurios como Chamba Comunitaria contratan a personas de las aldeas y municipios, pero también deben estar listos (s) para votar. Este programa en 2017 ha sido fortalecido con recursos para generar empleos que cubren entre 3 y 4 meses (enero-marzo), con lo cual los beneficiados estarán laborando en plena campaña política.
Hay fondos que el gobierno no tiene por qué dar cuenta. Uno es la tasa de seguridad, cuyos recursos deben ser destinados a equipar la policía y financiar sus gastos operativos, pero una parte puede, no hay control sobre estos fondos, destinarse a la campaña política. La MACCIH le apuesta a que los narcotraficantes no financien las campañas políticas, pero todavía no hay una garantía para que no se dé.
La inauguración de una obra pública es una forma de campaña política a favor del gobierno con recursos de todos los hondureños. Los miembros de la MACCIH deben sugerir que antes de las elecciones internas, el candidato del partido de gobierno, o sea el presidente de la Republica, debe abstenerse de usar estos actos como mitin político, cuya práctica afecta también al candidato opositor del partido a dicha pretensión, en este caso, al Ing. Roberto Ramón Castillo que lidera el Movimiento Nacional Callejista (MONARCA), que llevó al poder a tres presidentes del Partido Nacional.
Otro problema es la prensa mediática que, en su mayor parte, recibe publicidad de Casa de Gobierno. Los miembros de la MACCIH deben monitorear este gasto ya que, como se presagia, será mucho mayor para el Partido de Gobierno y candidato oficial. Dirigentes de oposición como Enrique Ortez Sequeira del Partido Liberal, han denunciado el control del partido de gobierno sobre las empresas de transporte que, al parecer, la mayoría tiene contrato con el gobierno hasta finales del año.
Es importante acompañar la Ley de Manos Limpias con acciones concretas. Una revisión detallada de presupuesto de 2017, uso y destino de los fondos en estos tres (3) meses, puede ayudar. Pero la MACIH conjuntamente con organizaciones de sociedad civil debe monitorear el gasto de los partidos por departamento y municipio. Caso contrario, la Ley de Manos Limpias será papel mojado, sirviendo para legitimar una práctica corrupta de antaño.
Hará recordar a igual política en el gobierno de Silvio Berlusconi en Italia, que al final se denominó política de manos sucias, ya que la corrupción se profundizó.
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