La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, donde aborda la situación de vulneración de derechos de los habitantes que resulta de los altos índices de violencia, la inseguridad ciudadana y las altas tasas de impunidad existentes. El informe ofrece asimismo recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos.
El informe señala que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución en 2014. Estos niveles de violencia son el resultado de varios factores, entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.
“La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país”, dijo el Relator de la CIDH para Honduras, Comisionado Francisco Eguiguren. El informe señala que los altos niveles de violencia que enfrenta la sociedad hondureña, tienen un impacto particular en defensores y defensoras, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, personas campesinas del Bajo Aguán y periodistas y trabajadores de la comunicación y operadores de justicia. Asimismo analiza los que considera siguen siendo algunos de los problemas más graves que enfrenta el sistema penitenciario hondureño.
Cifras oficiales hechas públicas en 2013 indicaban que 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedaban en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación. Durante la visita, organizaciones de la sociedad civil indicaron que los niveles de impunidad persistente en Honduras serían aún mayores.
Uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia ha sido la intervención de las Fuerzas Armadas en múltiples ámbitos y funciones. El Ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como la creación de una policía militar. Las Fuerzas Armadas se involucran también en temas de formación cívica y educativa para niños y niñas “en riesgo social” a través del programa “Guardianes de la Patria”, tiene también funciones en el sistema penitenciario, y es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como el Bajo Aguán.
En este sentido, el Comisionado Francisco Eguiguren recordó los estándares interamericanos en la materia. “La seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados. Las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, por lo cual correspondería a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho”.
Durante la visita, la Comisión observó que una de las causas de la inseguridad ciudadana proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.
Asimismo, la violencia afecta en mayor proporción a sectores de la población que sufren exclusión social. La CIDH constató la persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social afecta a grandes sectores de la población en Honduras. Esto redunda en dificultades para cubrir necesidades básicas, menor acceso a oportunidades de empleo y medios de supervivencia, obstáculos en el acceso a la justicia, y una disminuida cantidad y calidad en los servicios ofrecidos por el Estado, tal como seguridad ciudadana y educación.
El Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro, dijo en ese sentido: “Nos preocupa particularmente que estos índices de violencia e inseguridad se encuentran exacerbados por la falta de políticas públicas para resolver las desigualdades y la exclusión social de grandes sectores de la población. Los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidos, enfrentan persistentemente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia”.
El informe enfatiza que la situación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son algunos de los grupos poblacionales que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como resultado de la discriminación y exclusión económica y social persistente, lo cual a su vez se traduce en violaciones a sus derechos humanos.
Asimismo, el informe analiza la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, quienes son blanco de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. Se recibió información sobre criminalización de las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el país, en particular las y los defensores de comunidades y pueblos indígenas en relación con la defensa de su territorio. Los defensores y defensoras de las personas LGBT también enfrentan un contexto de violencia que se agrava por las actitudes estereotipadas y discriminatorias contra este grupo.
“Honduras debe proteger a las y los defensoras y defensores cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, y tomar las medidas que sean necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin obstáculos ni riesgos”, indicó el Relator sobre los Derechos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco.
Adicionalmente, el informe advierte que persisten importantes desafíos en relación con la independencia de jueces y fiscales, en particular los que derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina. En este sentido, el Comisionado José de Jesús Orozco señaló que “las y los operadores de justicia deben contar con garantías reforzadas de estabilidad en sus cargos derivado de la necesidad de garantizarles un actuar independiente. De dichas garantías resulta que las y los operadores de justicia no deben estar sujetos a remoción como resultado de las decisiones que, conforme a derecho, adoptan en sus labores”.
La CIDH en su informe reconoce los esfuerzos del Estado para abordar la situación de derechos humanos en el país, como la apertura al escrutinio internacional con la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la recientemente creada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con apoyo de la Organización de Estados Americanos; la armonización de la legislación en materia penal a los estándares internacionales, la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que se encuentran en proceso de implementación, la creación del Instituto Nacional de Migración y la Fuerza de Tarea del Niño Migrante y la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a la cual la CIDH dará seguimiento cercano en su implementación.
Asimismo, la Comisión reconoce la capacidad mostrada de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para la coordinación entre las instituciones. La Comisión espera que esta Secretaría sea dotada de suficientes recursos financieros para cumplir de forma eficaz con su mandato. Sin embargo, la información recibida apunta a que en Honduras persisten importantes desafíos para que las medidas adoptadas sean efectivas, así como retos para adoptar reformas adicionales para fortalecer el marco normativo y la política pública. El informe señala los desafíos persistentes para recobrar la confianza en las instituciones encargadas de la administración de justicia, varios de los cuales derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina de las y los operadores de justicia.
El informe incluye recomendaciones al Estado hondureño encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos. Se deben adoptar medidas urgentes a fin de bajar la tasa de homicidios, atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad, así como proteger a la población ante esta situación. Honduras debe ampliar e intensificar la capacitación a los servidores públicos encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos, retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, fortalecer la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades.
Además, la CIDH recomienda impulsar las investigaciones judiciales de manera pronta, diligente e imparcial sobre todos los actos de violencia contra defensores y defensoras, líderes y lideresas de pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes sindicales, niños, niñas y adolescentes, periodistas y trabajadores de la comunicación, mujeres, personas LGBT y operadores de justicia y aplicar las sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos similares.
La Comisión espera con el presente informe coadyuvar en los esfuerzos del Estado hondureño en romper el ciclo de impunidad imperante y en fortalecer sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país. La CIDH está a disposición del Estado para, dentro del marco de su mandato y funciones, colaborar con Honduras en asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
La Comisión agradece al Presidente Juan Orlando Hernández, a su gobierno y al pueblo hondureño la invitación a realizar la visita in loco que tuvo lugar del 1 al 5 de diciembre de 2014, y que fue fundamental para la realización de este informe. La Comisión reconoce y valora la información aportada por el gobierno y la apertura para establecer un diálogo constructivo con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece a todos los actores con los que se reunió durante la visita, sociedad civil, víctimas y familiares y valora la información recabada y los testimonios recibidos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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