El pasado 6 de febrero se cumplieron 21 años desde que las balas asesinas le quitaron la vida a Blanca Jeannette Kawas Fernández. El motivo: Su amor por la vida y su valiente defensa de los bienes naturales. Casi un mes después y por los mismos motivos, otras balas asesinas pero hijas del mismo odio y desprecio por la naturaleza y la dignidad humana, le arrebataron la vida a Berta Cáceres.
Más allá de los autores intelectuales y materiales de su asesinato, el principal responsable es el Estado hondureño y el gobierno de Juan Orlando Hernández porque sabía del riesgo que enfrentaba Berta a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas de protección que las autoridades hondureñas tenían la obligación ineludible de cumplir.
El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández por su irrespeto del derecho a la consulta previa e informada del pueblo Lenca, Garífuna y otras comunidades donde se quieren imponer proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos, de bosque y otros.
El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández porque no ha querido adaptar las leyes y prácticas nacionales a la Convención Americana y el Convenio 169 que lo obliga a garantizar la consulta previa, informada, libre y de buena fe, razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en los casos Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández porque no ha querido garantizar la participación efectiva de las comunidades en relación con todo plan de desarrollo que se lleve a cabo dentro de sus territorios, la razonabilidad de los beneficios derivados de los proyectos para las comunidades y la no emisión de ninguna concesión dentro de sus territorios sin la realización de un estudio de impacto independiente.
El asesinato de Berta es responsabilidad del Estado y del gobierno de Juan Orlando Hernández porque ha facilitado y promovido un modelo extractivista de espaldas a las comunidades que ha contribuido a provocar graves violaciones a derechos humanos que van desde la propia falta de consulta hasta la intimidación, desplazamientos, asesinatos y criminalización de las acciones legítimas de resistencia y oposición comunitaria.
El asesinato de Berta, de Kawas, de Escaleras, de Luna, de los Tolupanes y de cientos de defensores y defensoras ambientalistas es responsabilidad del Estado pues ha incumplido con su obligación de prevenir y de proteger a quienes lo único que han hecho es defender la vida manifestada en el agua, el bosque, la tierra, la Pachamama.
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