La estrategia de involucrar a los militares en la represión de la violencia supone graves riesgos para la democracia y el Estado de derecho, ya que los expone abiertamente a mayores niveles de corrupción y a violaciones a derechos humanos.
La dinámica de enfrentamiento con las bandas criminales trae consigo el peligro de una “guerra sucia” en la que los militares se ven tentados a operar de manera extrajudicial, practicando la tortura y las ejecuciones arbitrarias.
Y pese a que es posible que la violencia pueda remitir en los primeros momentos del despliegue inicial, el ejemplo de otros países de la región nos alerta que (a) pronto vuelve a arremeter con fuerza y la tasa de homicidios puede ascender rápidamente, superando los niveles previos, (b) otras formas de criminalidad también se incrementan y (c) las denuncian sobre violaciones a los derechos humanos por parte de militares aumentan de manera dramática.
Como lo señala Víctor Meza, en Honduras conocemos perfectamente que la intervención y participación de las Fuerzas Armadas en la vida nacional tienen graves implicaciones para nuestra frágil democracia y “han sido una permanente pesadilla en la historia política contemporánea del país”.
Además de su participación activa en la década de los años 80 y en el golpe de Estado de 2009, las denuncias de violaciones a derechos humanos por militares han aumentado considerablemente desde que el presidente Hernández incrementó la participación militar en la lucha contra la criminalidad. De acuerdo con Human Rights Watch, “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014, y al menos 24 soldados estaban siendo investigados en relación con los asesinatos”.
El gobierno actual ha aprovechado el sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad que provoca la criminalidad para instalar en la opinión pública la necesidad de convertir a los militares en los agentes redentores de una sociedad sometida al miedo, y que a cambio está dispuesta a renunciar a sus propias libertades y derechos para concederle a ellos facultades excepcionales.
De esta manera, como lo señala Domínguez Via, se termina por invertir la racionalidad democrática, la seguridad devora a la libertad y se llega a las llamadas “dictaduras dulces” nacidas de la renuncia de los valores democráticos y de la libertad en favor de la militarización de la seguridad ciudadana.
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