miércoles, 16 de marzo de 2016

Amigos de la Tierra condena el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro


Amigos de la Tierra
Rebelión

Amigos de la Tierra expresa la máxima repulsa por el asesinato de la defensora indígena hondureña Berta Cáceres y la agresión al miembro de Amigos de la Tierra México Gustavo Castro.

El crimen perpetrado en el municipio de la líder indígena suma otra nueva y grave agresión a los derechos humanos. Las multinacionales están operando, en tierras que son el hogar y el medio de vida de comunidades indígenas. Berta Cáceres era una activista reconocida internacionalmente por su labor a favor de los derechos sociales y ambientales, liderando la oposición ciudadana ante proyectos de grandes presas como el de Agua Zarca. En el último mes no solo han asesinado a la propia Berta, sino a numerosos indígenas del área de Río Blanco.

Amigos de la Tierra exige al Gobierno Hondureño que reaccione de forma inmediata contra los asesinos de Berta Cáceres y que proteja a Gustavo Castro, un activista también reconocido a nivel mundial, que ha resultado herido en el transcurso de los acontecimientos de la madrugada del jueves. Amigos de la Tierra exige igualmente al Gobierno Español que inicie de una vez por todas acciones preventivas de apoyo a las comunidades afectadas que están desprotegidas frente a los abusos de las multinacionales que se establecen ilegalmente en territorios indígenas.

La asociación ecologista llama hoy a la ciudadanía a participar en la concentración en Madrid frente a la Embajada de Honduras a las 18 horas, en el Paseo de la Castellana número 164, y afirmar la ciberacción para la protección inmediata de Gustavo Castro. 
Además de condenar los hechos, Amigos de la Tierra expresa su indignación por la continua situación de desprotección física y legal en la que se ven inmersas las comunidades locales en toda América Latina. La organización ecologista recuerda que, con demasiada frecuencia, los proyectos de extracción de recursos naturales, madera y la construcción de presas están siendo avalados y financiados por gobiernos occidentales. Es responsabilidad también del Gobierno de España denunciar esta situación y establecer medidas para proteger los derechos humanos y ambientales en América Latina. 


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