La foto está contiguo a su cama. “Esa foto se la tomó justo cuando se le entregó el premio Goldman, tanto orgullo me dio verla llegar tan lejos”, dice con inquebrantable temple la madre de Berta Cáceres, doña Austroberta Flores.
La casa que vio nacer, crecer y forjar el carácter de Berta, quien hoy estaría cumpliendo 45 años, ha estado por tres días llena de organizaciones y de comunidades indígenas que se movilizaron para despedir el cuerpo, pero no la entrega y el alma “de la compa Bertita”, como cariñosamente era conocida entre sus comunidades, organizaciones; entre su gente.
Así como la casa de Berta se desbordaba de organizaciones que claman por justicia, el Ministerio Público de la ciudad de La Esperanza estuvo repleto de fiscales, peritos e investigadores de todos los rangos y placas.
Se anunció que desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) junto a la combinación de las fiscalías de Crímenes de Alto Impacto, de las Etnias y de Derechos Humanos, serán los responsables de la investigación del crimen contra Cáceres.
Se buscó reacciones de la abogada Yani del Cid, fiscal especial de la Etnias y Patrimonios Culturales, pero fue clara, hay una orden que toda la información que circule sea desde la oficial central en Tegucigalpa. Además de manifestar que el proceso está en plena investigación y que dar información sería obstaculizarlo.
Desde las organizaciones se desconfía de la investigación. Esa desconfianza es producto del accionar que hasta ahora han tenido instituciones tan desacreditadas como la Policía Nacional, Ministerio Público y los tribunales de justicia. Esa desconfianza movió al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) a movilizarse para conocer en detalle lo ocurrido y saber qué papel está jugando la fiscalía.
“Si se confirma que este asesinato es por la lucha de la compañera Berta Cáceres, la lectura política sobre la situación, será muy, muy grave porque recomenzaría una situación de violencia hacia los luchadores y luchadoras que se había mantenido oculta. Situación que obliga a las organizaciones a revisar los patrones que hasta ahora se han presentado, ya que no se atacaba a personas tan visibles”, dijo el coordinador de C-Libre, Edy Tábora.
Al consultar sobre la credibilidad en las investigaciones, el abogado Edy Tabora, ex fiscal de derechos humanos reconoce que cualquier resultado siempre va a generar duras debido a la desconfianza que se tiene en la institucionalidad, además porque en Honduras no se cuenta con un instituto Forense que acompañe y vigile que los peritajes sean objetivos.
El ex fiscal reconoce que el reto de la fiscalía y la institucionalidad no solo recae en este caso, sino en los muchos donde la impunidad permea. “La única forma de confiar en una investigación independiente es si la encaminan agencias internacional, de lo contrario siempre habrá dudas”, dijo Tábora.
A pesar de las advertencias que hace el abogado Edy Tabora y las organizaciones sociales que exigen justicia, la oficialidad asegura que cuentan con cinco equipos especializados que están realizando una ardua labor, además que hay elementos que pueden dar prontas respuestas. En las últimas horas el Ministerio Público informó que sacaron muestra de las uñas de Cáceres, ya que podrían tener rastros de sus agresores, ya que ella se defendió cuando estos la atacaron.
Una familia que clama justicia
Con la voz entrecortada, la madre de Berta dijo que como familia esperan que su sangre derramada sirva para fortalecer las organizaciones indígenas y de mujeres, espacio a los que ella tanto amó y por los que tanto luchó.
Doña Austroberta dijo desconocer algo sobre las investigaciones, las autoridades no han informado si hay avances y cuál es el camino que seguirán. Ante la pregunta por qué murió su hija, ella rápidamente responde: “por defender el Río Gualcarque que tanto aman las comunidades indígenas. Ella siempre me decía que era necesario luchar para espantar a los potentados que quieren robarnos el río”.
En sus declaraciones, la madre de Berta desmintió la versión del ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien se atrevió a asegurar que Berta había renunciado a la seguridad. “Tres veces por semana pasaba una patrulla por la casa, yo firmaba la hoja, jamás mi hija renunció a las medidas que eran obligación del Estado”.
Aprovechando la visita que hizo el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, al lugar donde están velando a Cáceres, la hija mayor de Berta exigió investigaciones independientes, y que las encamine un equipo profesional internacional, ya que desconfían de la institucionalidad.
Olivia Marcela Zúniga recalcó que la muerte de su madre tiene vínculo con la lucha que ella lideraba para evitar que la empresa DESA (Desarrollos Energéticos de Honduras), continuara con las intenciones de privatizar el Río Gualcarque.
Parte de a familia ampliada, gente que hombro a hombro luchó con Berta Cáceres también manifestó su repudio y su clamor de justicia por el asesinato de su amiga y compañera. Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) lamentó y condenó el asesinato de la luchadora indígena Berta Cáceres. La defensora de los derechos del pueblo garífuna dice que el lamentable hecho confirma que Honduras es un Estado fallido donde no se respetan los derechos humanos, un país donde los grupos de poder económico tienen controlada la posibilidad que se puedan realizar cambios.
También acompañan el velatorio del cuerpo de Cáceres miembros del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) quienes libran la misma lucha que por años ha afectado a las comunidades más empobrecidas de estos dos departaments vecinos: Intibucá y Santa Bárbara.
Para Bety Vásquez del MAS el asesinato de Berta las quebranta, pero al mismo tiempo las motiva a seguir trabajando por la construcción de una sociedad donde existan nuevas relaciones entre hombres y mujeres y de estos con el medio ambiente.
Vásquez recordó que el río Gualcarque, por el que tanto peleó Berta, atraviesa los dos departamentos y donde comienza la concesión es justo en un municipio de Santa Bárbara. "Las comunidades que acompañamos están igualmente amenazadas y también corren el riesgo que ha corrido la comunidad de Río Blanco y la misma Berta", dijo.
El departamento de La Paz, también con su mayoría de población lenca sufre las mismas amenazas. Miembros de comunidades organizadas de La Paz acompañan a la familia de Berta Cáceres y aseguran que su lucha sigue ahora más vigente que nunca. El modelo de generación energética a base de hidroeléctricas está instalándose con fuerza en sus comunidades, y el asesinato de esta insigne luchadora los pone en alerta porque significa que la amenaza es grande.
Las comunidades indígenas viven diversos conflictos que han agudizado la violencia en el sector. En Intibucá, municipio gemelo de La Esperanza, donde fue asesinada Berta, se libra una lucha contra las concesiones también y contra la privatización del mercado Lenca. Durante el velatorio, el alcalde nacionalista Javier Martínez, edil de Intibucá, asistió para leer un pronunciamiento en solidaridad con la familia de Cáceres. Sin embargo, el pueblo presente, enardecido por las palabras de este edil que hace poco había sido denunciado por amenazar a Berta en una manifestación, lo expulsó del sitio.
Cáceres recientemente denunció a este alcalde junto al del municipio santabarbarense San Francisco de Ojuera, por amenazas directas contra ella por manifestarse a favor del pueblo lenca que no quiere más concesiones de sus ríos.
Investigaciones
La fiscalía anunció que tiene varias líneas de investigación, aún sin dar mayores detalles. Hasta ahora hay una persona detenida y hay dos testigos protegidos, uno era quien se encontraba con Bertha la noche del crimen y el segundo el vigilante de la colonia.
El protegido 1 de nacionalidad mexicana dio testimonio ante Ministerio Público y luego fue acompañado por la Embajada de México, quien está encabezando su protección y traslado.
Berta Cáceres será sepultada mañana sábado en horas de la tarde, luego de una celebración ecuménica coordinada con las organizaciones y sacerdotes de la zona que están acompañando la lucha de las comunidades indígenas.
A una sola voz las organizaciones y comunidades han asegurado que seguirán el legado dejado por Cáceres, quien con su vida defendió los bienes naturales y la soberanía de este pueblo.
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