Era cuestión de tiempo para que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en Honduras siguiera el camino de las demás instituciones estatales. Ésta semana se consumó el cierre de la entidad junto al despido de más de mil 500 trabajadores y trabajadoras.
Meses atrás la DEI sufrió depuraciones. Desde el nombramiento de Mirian Guzmán como directora ejecutiva se implementaron medidas contra los trabajadores, como las pruebas de confianza, investigaciones y despidos, la nómina laboral bajó de 2500 trabajadores a 1500 en un par de meses.
Las determinaciones en la DEI se dieron bajo el ritmo del Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes luego de sus reiteradas visitas al país sugirieron al Estado la depuración y privatizaciones de las empresas estatales a cambio de financiamiento; para el caso la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sufrió la suspensión de más de 2 mil empleados, destino similar vivió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y en la actualidad todas se encuentra en procesos de transición a través de inversiones público-privadas.
Bajo tal tendencia el gobierno de Juan Orlando Hernández propone un nuevo ente regulador en sustitución de la DEI, bajo el argumento que la entidad estaba llena de empleados corruptos, que eran sobornados y que incluso tenían nexos con el crimen organizado, por lo tanto se nombró una junta de transición que liderará la abogada Ángela Madrid exdirectora de la DEI en San Pedro Sula.
Golpe a los trabajadores
“Tengo más de diez años de trabajar en la institución, desde que asumió este gobierno me acostumbré a ver militarizada la oficina, fiscalizándonos como si los empleados fuéramos delincuentes, ese era solo el inició de lo que ya se consumó, el cierre de la DEI.
Ahora quedamos en la calle, tenemos que conseguir prestado para viajar a Tegucigalpa a gestionar nuestras prestaciones, es un duro golpe contra los trabajadores y trabajadoras de la institución”, dijo una ex empleada a Radio Progreso, quien prefirió ocultar su identidad por miedo a represalias de las autoridades gubernamentales.
Así como los demás sindicalistas del sector público, los empleados de la DEI son los que sacan la peor parte del descalabro del ente tributario, aproximadamente mil 500 quedaron en la calle y ahora deben iniciar un proceso de gestión para recibir el pago de sus derechos laborales.
En este último año la clase trabajadora en Honduras ha sido golpeada salvajemente, ejemplos de la situación son las víctimas del cierre forzoso que hizo la BNBS al Grupo Financiero Continental que dejó a más de 25 mil nuevos desempleados en el país, en su mayoría aún sin recibir el pago de sus prestaciones.
“Todo inició con un ataque sistemático a las organizaciones de trabajadores. Por una parte el gobierno le apostó a sobornar a cambio de cuotas de poder a las centrales obreras, ahora ellas bailan al ritmo del gobierno, luego el Estado asentó toda su fuerza contra los sindicatos más beligerantes hasta que a través de los despidos los desarticuló y luego ubicó a sus activistas al frente de las estructuras, todo para evitar acciones de resistencia ante lo planificado”, dijo el analista político Domingo Godoy.
Godoy considera que en este momento hay una oposición de diente a labio de las centrales obreras, que en el pasado salían de forma permanente a las calles para defender sus derechos. Hoy en día la situación cambio, la clase trabajadora ha sido exprimida a vista y paciencia de las organizaciones laborales.
¿Quién está detrás de todo?
“omingo Godoy asegura que el sistema económico impulsado desde los organismos internacionales es el principal responsable de las modificaciones, cierres y privatizaciones de lo público.
El economista Wilfredo Flores dijo que el Fondo Monetario Internacional en las visitas posteriores al golpe de Estado del 2009 orientó su política de fortalecer al gobierno y apostarle a su financiamiento a cambio de varias condiciones.
Algunas de esas condiciones son reducir a través de despidos el número de trabajadores públicos, destruir las organizaciones sindicales y apostarle a las inversiones público privadas, todo eso a cambio de financiar al Estado.
“Cuando los organismos internacionales financian al Estado lo atan de pies y manos y eso permite que ellos puedan dirigir la política del gobierno, de esa forma imponen su política neoliberal en la región que ya ha tenido ejemplos claros como el de Colombia y otros de América del Sur”, manifestó Flores.
Flores cree que los organismos internacionales son los principales precursores de lo que pasa en las entidades estatales, pero también considera que detrás de esta determinación dentro de la DEI hay otro grupo interesado y es que en contubernio con el gobierno cree que toda la transición servirá para borrar algunos datos en torno a sectores empresariales que en este momento deben cantidades ostentosas al régimen tributario hondureño.
“Quisiera no pensar que detrás de todo también hay mafias empresariales, ligadas al gobierno de Juan Orlando Hernández quienes se podrían aprovechar de este proceso de transición para desaparecer montos y sustituirlo por otros, todo a cambio de apoyo político durante la próxima campaña electoral de Hernández.
Con esto el oficialismo amarra y se fortalece en el marco de sus pretensiones reeleccionistas”, concluyó Flores.
Nuevo ente tributario
A partir de este proceso de transición el gobierno elaborará un nuevo código tributario que será administrado a través de la nueva entidad administradora y que incluso aplicará pruebas de confianza para contratar a los empleados.
“Tiene que cerrarse (la DEI) para abrir una nueva institución con personal altamente calificado que pase las pruebas de confianza y que sea altamente profesional”, expresó el presidente Juan Orlando Hernández a los medios de comunicación.
Además expuso que habrá buenos sueldos y a la vez ese personal tendrá asegurado su sistema de vivienda, todas sus necesidades como familia y como persona. “Como quien trabaja en la nueva administración tributaria del país, que tenga resueltos esos problemas y que no esté pensando en que si le va a pedir dinero a un empresario o va a aceptar un soborno”, aseguró.
Con esta dinámica el gobierno modificará la forma de recaudación tributaria e implementará un nuevo sistema del que hasta la fecha saltan más dudas que respuestas.
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