Aunque temporalmente la construcción de casetas de peaje en el Valle de Sula está detenida, para la ciudadanía que se opone a este nuevo trancazo impuesto por el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, el peligro sigue latente.
Nuevamente, la Mesa de Indignación Ciudadana ha salido a las calles muy tempranito con calcomanías que pegan en los vehículos y pancartas en mano, en rechazo a la instalación de casetas de cobro que forman parte del “Corredor Turístico”, que va desde Tegucigalpa hacia La Ceiba en Atlántida, dejando acercado el municipio progreseño con tres peajes.
“Las acciones van a continuar porque no vamos a permitir que privaticen lo que al pueblo le ha costado” afirma Jorge Díaz de la Mesa de Indignación de El Progreso, aduciendo que los peajes los están instalando en una carretera que lleva más de 20 años construida, y que ha sido reparada con los impuestos que paga la población, no con el capital de las empresas contratadas por Coalianza (Comisión para la promoción de alianzas público-privada). Díaz participó en una protesta que mantuvo paralizado el tráfico en la autopista que une a El Progreso con San Pedro Sula la mañana del viernes.
Negociaciones entre cúpulas
Recientemente, representantes de las municipalidades de San Manuel, Cortés y El Progreso en Yoro, se reunieron con Roberto Ordóñez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (INSEP) y con representantes de la empresa concesionaria Autopistas del Atlántico, donde se escucharon los reclamos de los alcaldes ante la falta de obras complementarias y donde se acordó la instalación de una mesa de trabajo ante la construcción de 5 casetas de peaje en la zona.
Dicha reunión se realizó en Tegucigalpa el 22 de febrero, y únicamente participaron alcaldes, regidores y empresarios. Dejando excluidos a los sectores que se han mantenido en las calles rechazando la privatización de las carreteras.
Una de las grandes negociaciones entre la alcaldía progreseña y Coalianza, a cambio de la instalación de peajes en las afueras de la ciudad, es agilizar las obras complementarias, entre ellas la reconstrucción del Puente La Democracia sobre el río Ulúa. Demandas que comenzaron hacerse efectivas en esta semana para apresurar el cobro del peaje, informó en Radio Progreso la regidora Araminta Pereira.
Puente a cambio de peaje
Sin embargo, la población indignada no quiere peajes bajo ninguna circunstancia. Uno de sus lemas es “Si quieren peajes, que construyan sus propias carreteras”. Para Jerónimo Carranza de la Mesa de Indignación de El Progreso, las negociaciones que podría estar realizando el alcalde Alexander López con el gobierno sobre el peaje, no son ninguna alegría para la población. “Ya sabemos que las cúpulas políticas del país siempre hacen cosas para perjudicar al pueblo y no para beneficiarlo”.
Esta semana la empresa Mexicana de Presfuerzo (MEXPRESA) contratada por la concesionaria Autopistas del Atlántico S.A. ADASA, encargada del corredor turístico, en el Valle de Sula, comenzó los trabajos de evaluación con el objetivo de rehabilitar el puente la Democracia en El Progreso que lleva 7 años inhabilitado. Además comenzaron a mejorar el asfalto en las calles de acceso a la ciudad.
Marco Antonio Galindo, ingeniero representante de la empresa de México, afirmó en Radio Progreso que inicialmente están realizando trabajos de evaluación que durarán dos meses. “Después de ese tiempo la empresa ADASA va a definir los mecanismos de rehabilitación que harán que el puente vuelva a funcionar”.
Según Roberto Rivera de la Mesa de Indignación, no pueden poner la construcción del puente como “moneda de cambio” para avalar el robo más grande la historia que tendrá el pueblo hondureño. “Es urgente la rehabilitación del puente pero no a cambio de peaje. Peaje por puente no lo aceptamos”.
Urge un recurso jurídico contra construcción de peajes
El abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) asegura que es necesario revisar las leyes que el gobierno ha aprobado para beneficiar a estas empresas contratistas encargadas de la construcción del corredor turístico. “Es urgente interponer un recurso contra la construcción de casetas de peaje bajo la figura de consulta previa,” dice el abogado Fernández.
En Honduras, los proyectos impulsados con alianza público-privada violentan el derecho a la consulta de las comunidades que serán directamente afectadas. Actualmente se ha concesionado el corredor logístico de Honduras que ya grava a la población que se transporta desde Tegucigalpa hacia la zona norte con 4 peajes. El corredor turístico tendrá la implementación de 5 peajes en carretera que conecta el valle de Sula con el atlántico hondureño.
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