Ha transcurrido este tiempo desde que sicarios acabaron con la vida de la lideresa indígena Berta Cáceres. En este tiempo lejos de encontrar respuestas, los familiares y organizaciones, denuncian las claras intenciones del Estado de incriminar a los miembros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, en dicho crimen.
“Hay una clara manipulación en la investigación. No se reguardó la escena. En la escena del crimen había personas que criminalizaban la lucha de Berta y del Copinh. Y el día jueves 03 de marzo, la familia de Cáceres presentó una solicitud al Ministerio Público, al fiscal general de la república, a la fiscalía de las Etnias y la directora de medicina forense para que permitieran la presencia de un perito independiente en la realización de la autopsia, pero la solicitud nunca recibió respuestas”, dijo el abogado Eddy Tabora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión, C-Libre, quien sigue el caso.
Para Tabora el Ministerio Público se quedó solo con una única hipótesis, sin investigar las constantes amenazas e intimidaciones que Berta recibía de empresas y políticos que ocupan puestos públicos. “No se ha investigado las amenazas de guardias de la empresa DESA, de alcaldes de la zona, de miembros de la junta directiva del Congreso Nacional, pero si se han abierto investigaciones en contra de miembros del COPINH. Y ahora se declara en secretividad el caso, eso nos demuestra que hay una clara manipulación desde el primer día de la investigación”.
En el año 2014, la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, propiedad de la familia Atala Faraj acusó a Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina de incitar a más de 100 indígenas para que se tomaran la calle que da acceso al proyecto.
Luego de varios meses de persecución e intimidación, la Corte de Apelaciones de Comayagua revocó el auto de prisión que los tribunales de La Esperanza, Intibucá.
Públicamente DESA junto con funcionarios públicos y miembros de la alta empresa privada, la misma ex presidenta del COHEP Aline Flores, acusaron y criminalizaban a Berta por su lucha en defensa del río Gualcarque, por su exigencia que se respetara el convenio 169 de la OIT que habla sobre la consulta libre, previa e informada.
Río de sangre
Para las comunidades indígena Lencas una agresión al río Guarcalque, aguas que bañan los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, es una agresión contra los espíritus ancestrales que los protegen.
La protección de esas aguas ha provocado el derramamiento de sangre. En el año 2014 María Santos Domínguez, coordinadora de Organización del Consejo Indígena de Río Blanco y del Sector Norte de Intibucá, fue agredida cuando regresaba a su casa luego participar en la elaboración de la merienda escolar.
Un año antes el dirigente Tomás García, fue asesinado por un militar, mientras se desplazaba en la comunidad, como había hecho durante 106 días de resistencia en un plantón pacifico frente a las instalaciones del proyecto de DESA y SINOHYDRO.
Berta vivió en medio de esa violencia. Denunció permanentemente las intenciones de privatizar el río, además del proceso de remilitarización que enfrentan las comunidades indígenas, y ninguna de esas amenazas hasta ha sido investigada.
Mediante una conferencia de prensa las hijas de Cáceres, las organizaciones sociales y populares junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil denunciaron que el asesinato de la lideresa indígena no constituye un hecho aislado, sino el riesgo al que se exponen los defensores de derechos humanos, de forma particular los que defienden los bienes naturales.
Bertha Zuniga Cáceres, denunció que su madre, familia y los miembros del Copinh han sido víctimas de numerosos actos de hostigamos, amenazas y criminalización de parte de agentes estatales y no estatales, a partir de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
“Cada una de estas amenazas fueron denunciadas públicamente sin que el Estado adoptara las medidas necesarias, no hubo voluntad política para brindar de escuchar las demandas del pueblo Lenca. Ante toda esta situación el gobierno es el responsable del crimen de nuestra compañera y madre”, dijo la hija de Berta Cáceres.
Demandas
Las hija de Berta y la Plataforma del Movimiento Social y Popular exigieron la firma de un convenio de asistencia técnica entre el gobierno de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-enmarcado en las medidas cautelares que habían sido otorgadas a Cáceres-, para poder nombrar un grupo de personas expertas independientes y de confianza del Copinh y la familia para que supervisen, participen y apoyen la investigación que efectúa el Ministerio Público.
La segunda demanda es la cancelación inmediata y definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, persecución y agresión de la comunidad Lenca de Rio Blanco y del Copinh. La empresa DESA constituye un peligro permanente para la seguridad de las comunidades.
La tercera demanda exigida en la conferencia de prensa fue la cancelación de las concesiones que han sido otorgadas en el territorio Lenca, sin que se haya consultado a las comunidades, tal como lo garantiza el 169 de la OIT.
Una cuarta demanda está encaminada al proceso de desmilitarización de la zona y territorio lenca. Y el respeto a la autonomía territorial y las formas de autogobiernos. Y finalmente la quinta demanda es la implementación de la Ley de Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Berta Zuniga públicamente exigió una reunión con las máximas autoridades del país, el presidente Juan Orlando Hernández, el fiscal general Oscar Chinchilla y los representantes de las instancias de seguridad.
El abogado Víctor Fernández en presentación de la Plataforma del Movimiento Social y Popular, y quien defendió a Berta Cáceres ante las denuncias hechas por DESA, lamentó el accionar del Ministerio Público quien mantiene como hipótesis principal un conflicto interno en la organización, a pesar que el Estado tenía la obligación de investigar las denuncias públicas que Cáceres hizo en contra de la empresa DESA, políticos y funcionarios. “Hay antecedentes, de días previos a su muerte, que no se han trabajado, si la empresa DESA es la sospechosa principal porque hasta ahora no conocemos cuántas operaciones se han hecha en contra de ella, eso le estamos cuestionado a estas investigaciones”, dijo Fernández.
Al igual que Fernández, la abogada Marcia Aguiluz, directora para México y Centro América del Centro por la justicia y el Derecho Internacional, Cejil dijo en la conferencia de prensa que las acciones investigativas que se han tomado hasta no están acordes con los estándares internacionales y demuestra que no hay una verdadera voluntad de esclarecer lo que ha pasado.
Tanto la familia como las organizaciones han recalcado la necesidad de contar con una investigación inmediata, a fondo e independiente con respaldo de especialistas internacionales, que garanticen hallazgos no contaminados de intereses políticos y de poderes fácticos hondureños que pretenden empañar la límpida trayectoria de entrega generosa y heroica que convirtió a Berta en la luchadora popular hondureña de mayor conocimiento internacional.
Hasta pronto Berta Cáceres
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