El día 3 de marzo de 2016 comenzó con varias detonaciones en la casa de Berta Cáceres, en la Esperanza, Intibucá al occidente de Honduras. Las detonaciones fueron disparos de arma de fuego que no solo hirieron su rostro, sino el corazón de todo el pueblo indígena lenca en defensa de sus ríos y demás bienes naturales. Berta Cáceres se convierte en una ambientalista, luchadora social más asesinada en Honduras donde en la última década han sido asesinados 111 defensores de los bienes naturales, según la organización británica Global Witness.
Esta mañana miembros del movimiento social y popular de Honduras, ONGs, movimiento feminista, lamentaron la muerte de Cáceres quien recientemente había ganado el premio Goldman por su activismo por el medio ambiente.
Berta decía que el pueblo lenca es protector ancestral de los ríos y que espíritus de niñas los rondan a diario. Esa cosmovisión la llevó el último año a acompañar fuertemente una lucha contra la empresa trasnacional Sinohydro de capital chino en sociedad con DESA (empresa que trabaja con Banco Ficohsa de Honduras). El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el principio fue financiado por el Banco Mundial, y en contubernio con el gobierno de Honduras, se había apropiado del río Gualcarque para construir la represa sin consultar a las comunidades indígenas que vivían alrededor.
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Así Río Blanco, una pequeña aldea en las montañas de Intibucá, se convirtió en un signo de soberanía y lucha indígena. Berta lideraba esos cambios desde esa pequeña comunidad donde la mayoría de la población lenca vive en extrema pobreza y en el abandono estatal. Pero incidía en todo el país exigiendo la derogación de leyes como la Ley de Minería, Zonas Especiales de Desarrollo y privatización del agua.
A Berta la asesinaron mientras dormía, forcejearon la puerta, entraron directamente a matarla. En el lugar estaba su hermano Gustavo Cáceres quien horas después apenas y pudo hablar por nuestros micrófonos pues solo podía gritar de impotencia: “Mi hermana, la tienen tirada en una bolsa negra, como basura. Esto no se puede quedar así, me duele mucho”.
Su madre, Austra Berta Flores, condenó el asesinato de su hija responsabilizando directamente al actual gobierno presidido por Juan Orlando Hernández, un gobierno al que catalogó de una “dictadura que no solo nos tiene en miseria, pobreza, sino que nos tiene llorando a nuestros hijos”. Dijo que el asesinato de su hija era político ya que su lucha siempre incomodó a los poderesos del país. Doña Austra Berta fue alcaldesa de La Esperanza, y es una mujer muy reconocida en su ciudad, fuerte igual que su hija.
Berta Cáceres lideró desde 1993 el Consejo de Organizaciones Indigenas de Honduras (Copinh) y durante todos estos años lograba pararse en un estrado frente a miles de personas en países lejanos al suyo, y regresar a Honduras a caminar de la mano con el pueblo lenca, manifestarse en las calles y plazas y enfrentarse a militares. Su última amenaza fue recibida hace una semana cuando el alcalde de San Francisco de Ojuera en Intibucá obstaculizó una caminata pacífica que miembros de Copinh liderados por Berta realizaban.
“En la caminata pacífica que el COPINH está desarrollando en este momento, empleados de DESA AGUA ZARCA y la Alcaldía de San Francisco de Ojuera y del Partido Nacional están deteniendo y hostigando a más de cien compañeros que son parte de esta caminata, esto en San Francisco de Ojuera, apoyados por ejército, guardias, sicarios, policía.
Exigimos respeto al derecho a movilización y a manifestarnos, el derecho a caminar hacia el Río Gualcarque para defender la vida y el territorio Lenca.
Denunciamos al ingeniero Sergio Rodríguez de DESA así como al Alcalde Raúl Pineda y las hordas nacionalistas por amenazar la integridad física y emocional de nuestros compañeros”, expresó en redes sociales Berta en esos momentos.
Tomás Gómez, miembro de Copinh recordó esta denuncia en Radio Progreso para que se investiguen a las personas que amenazaron a la lideresa recientemente. Con mucha fuerza Tomás aseguró que las comunidades que Berta acompañó durante toda su vida seguirán exigiendo justicia.
¿Por qué tanto riesgo para los defensores y defensoras?
A pesar que Honduras aprobó, según Decreto No. 34-2015 el 15 de mayo de 2015 la Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, después de la presion nacional e internacional, la situación de riesgo sigue aumentando para el ejercicio de la libertad de expresión y otras luchas.
El abogado y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, justo contaba en Radio Progreso que su última comunicación con Berta Cáceres fue por un caso de defensores del río en una comunidad lenca de La Paz, que estaban siendo judicializados.
Fernández defendió a Berta cuando fue procesada judicialmente por portación ilegal de armas, caso en el que logró demostrar inocencia tras las protestas e indignación que eso generó.
“Bertita muere en el fragor de su lucha”, dijo mostrando el cariño que por ella siente.
“Siempre que me llamaba era para encontrar caminos, para confrontar a los enemigos de la causa indígena. Ayer mismo acompañábamos un proceso judicial en que una de las bases del Copinh está criminalizada. Estábamos investigando a la empresa Sinohydro, porque nuevamente están en contra del Copinh por medio de la judicialización. El pueblo hondureño, al movimiento social nos han arrancado una de las voces que más encajaba con la rebeldía”, concluyó.
Berta Cáceres recibió medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo criticó fuertemente que quienes debían protegerla, la amenazaban constantemente. La policía y el ejército fueron actores fundamentales para agudizar el conflicto en las comunidades en defensa de su territorio y ríos, según denunciaba.
En Honduras no es extraño que 30 personas naturales (algunas con sus familias), 5 grupos campesinos del Bajo Aguán, 1 asociación LGTBI, 18 miembros del Madj, 3 comunidades en defensa de su territorio y 2 medios de comunicación populares cuenten con medidas de protección de la CIDH desde 2011. Sin embargo esto no reduce los riesgos.
Ante los cuestionamientos sobre la falta de protección que Berta tenía la noche de su asesinato, en conferencia de prensa el ministro de seguridad, Julián Pacheco Tinoco dijo que la dirigenta Bertha Cáceres no había notificado el cambio de domicilio y que ella renunció a los agentes que le darían seguridad en el marco de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a la coordinadora del Copinh por las amenazas en su contra.
El máximo funcionario de seguridad, justificando la irresponsabilidad del Estado ante el incumplimiento de las medidas de protección, dijo que fue la misma Bertha que renunció a la protección.
Marcela Zuniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, responsabiliza al Estado de Honduras por el asesinato de su madre. "Es mentira, ella nunca renunció a las medidas cautelares. El Estado tenía que protegerla. Responsabilizados a Juan Orlando Hernández" afirmó Marcela.
Ante las reacciones del ministro de seguridad, el abogado Omar Menjivar, miembro del Madj y también portador de estas medidas reaccionó asegurando que: “Absurdas e irrespetuosas excusas del Ministro de Seguridad. Se dirige al pueblo pensando que somos estúpidos cuando se justifica en que el domicilio donde mataron a Berta no estaba reportado y que por tanto lo desconocía la policía, como si no supiéramos que Berta era de las personas más vigiladas y espiadas por la policía y específicamente por esa Dirección de Inteligencia que él, el Ministro, fundó”.
También se pronunció el abogado experto en derecho internacional, Joaquín Mejía, aduciendo que es notable "la ignorancia de las autoridades con respecto de la aplicación de medidas cautelares y el desconocimiento del informe de la CIDH que indica que las amenazas se agravan por los conflictos territoriales".
Al gobierno de Honduras le preocupa lo que pasó con Berta Cáceres. Un gobierno cuyo lema es “Honduras está cambiando” y que presume de haber bajado los índices de violencia en poco tiempo. Honduras bajó de tener 20 muertos diarios a 16.
En un comunicado condenó “el vil asesinato de la dirigente de los pueblos indígenas Bertha Cáceres, quien fue atacada por desconocidos que irrumpieron en horas de la madrugada en una vivienda de la residencial Líbano, La Esperanza, Intibucá” y agregó inmediatamente que “ante las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, la Policía Nacional daba cumplimiento a las mismas en coordinación con la señora Bertha Cáceres. El sistema de seguridad que se proporcionaba, a solicitud de ella, consistía en patrullajes permanentes en el barrio El Calvario, lugar reportado como su domicilio. Cuando ella informaba, también se le asignaban policías que la acompañaban a otros sectores del país.
El Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad mantenía comunicación permanente con la profesora Bertha Cáceres y se desplazaba de forma constante al domicilio reportado en el Barrio El Calvario. La residencia en Líbano, donde perdió la vida, no había sido reportada como domicilio a la Secretaría de Seguridad”, reiteró.
El Estado de Honduras estaría expuesto a una nueva condena internacional por incumplimiento de estas medidas y por no velar por la seguridad de quienes defienden derechos humanos. En diciembre de 2015 fue condenado por el caso Triunfo de La Cruz por violentar el derecho a la tierra de esta comunidad garífuna que ya contaba con medidas cautelares anteriormente.
La coordinadora de la Red de defensoras de derechos humanos en Honduras, Jessica Sánchez, lamentó que en Honduras las leyes solo legitiman los sistemas que siguen violando derechos.
“Condenamos el asesinato de nuestra compañera, abrazamos el dolor de su madre, de sus hijas, de su hijo y su nieto, de sus compañeras y compañeros de lucha que recorrieron sus caminos de lucha en los que ella se enfrentó a muchos hombres pagados por detener sus acciones, policías, militares, gobernantes”, expresó.
Hace un año también fue asesinada la dirigente social y luchadora agraria, Margarita Murillo, caso que sigue aun en la impunidad y que la Red de defensoras y otras organizaciones siguen poniendo en la agenda del actual sistema de justicia.
También la relatora de la ONU para los pueblos indígenas tras concluir la visita de nueve días a Honduras en noviembre de 2015, Tauli-Corpuz indicó en rueda de prensa que en su estancia observó en los pueblos indígenas “la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras y recursos naturales ancestrales”.
“He observado la situación crítica a la que se enfrentan, la falta de respeto a los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales, la violencia, impunidad y corrupción”, dijo la relatora de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Destacó que en el caso de los habitantes de la comunidad Lenca de Río Blanco ubicado en el occidente del país, enfrentan serias violaciones a los derechos fundamentales desde el año 2013 que iniciaron la lucha por la no construcción de un proyecto hidroeléctrico que privatiza su río por más de 20 años.
Exigiendo justicia
Organizaciones defensoras de DDHH se solidarizaron con la familia de Berta Cáceres y exigieron justicia en varias ciudades del país, así como las movilizaciones, plantones y actos simbólicos sucedieron en calles y plazas de las principales ciudades de Honduras.
La Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguan, (COPA), se pronunció públicamente responsabilizando de este asesinato al cual catalogó de político, “al régimen dictatorial que dirige Juan Orlando Hernández, por implementar una política permanente de represión política y social. Con el exclusivo propósito de callar las voces que defienden a las y los más empobrecidos, como es el caso de la Compañera Berta”.
Además condenaron la actitud de irrespeto del gobierno de Juan Orlando Hernández y sus mecanismos de seguridad de las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, repudiando las declaraciones del Ministro de Seguridad Julián Pacheco “justificando la inoperancia en el cumplimiento de las medidas cautelares de las cuales era beneficiaria la compañera Berta y que todo es para cubrir el manto de la impunidad que impera en el país”.
Por su parte, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) escribió una carta pública en la que agradecían a Berta por su valor y responsabilizando a la empresa DESA por los conflictos generados por la instalación de una hidroeléctrica sin consulta previa.
“Gracias, Bertita, por tu ejemplo de verdadera y necesaria rebeldía y de amor a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo. Reiteramos nuestro repudio al gobierno nacional y gobiernos locales, aliados y promotores de las empresas depredadoras de la vida humana y de la naturaleza.
El Estado y gobierno de Honduras es responsable de este crimen porque a pesar que la CIDH desde 2009 le ordenó que protegiera la vida de Bertita, más bien consolidó alianza con la empresa DESA y otras hidroeléctricas que se convirtieron en feroces enemigas de Bertita y la causa del COPINH”.
También se pronunció la Embajada de Estados Unidos, lo cual no fue muy bien recibido por diversos internautas en las redes sociales.
“En nombre del pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América, deseo expresar mis más profundas condolencias para los familiares y amigos de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, quien fue objeto de un cobarde asesinato este día en su casa en Intibucá.
Condenamos fuertemente este repudiable crimen. Los Estados Unidos de América urge por una pronta y exhaustiva investigación de este crimen y que se aplique todo el peso de la ley a los que resulten responsables”, expresó el embajador James Nealon en sus redes sociales.
Cáceres era una tenaz opositora de políticas estadounidenses en Honduras que agudizaban la militarización y violentaban el derecho de las comunidades a administrar sus bienes naturales al promover un modelo de desarrollo desde la industria extractiva.
En un comunicado, Berta aseguraba que “este nuevo intento de DESA-Agua Zarca está basado en la misma concesión ilegal que ha violado el Derecho de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado del Pueblo Lenca, así como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que desde su origen es ilegítimo e ilegal. Condenamos a quienes hoy apoyan este proyecto de muerte convirtiéndoles en violadores de derechos históricos, colectivos e individuales del Pueblo Lenca como lo son el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos FMO-Banco Holandés que apoya con 15 millones de dólares, igualmente el Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. FINNFUND de Finlandia con 5 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica con 24,4 millones de dólares, las empresas Siemens y VoithHydro de Alemania, Empresa CASTOR (CASTILLO TORRES) CONTRUCTORA CERROS DE COMAYAGUA, el Banco FICOHSA y el grupo empresarial de la familia Atala, el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID-Proyecto MERCADO y a SERNA, que continúa siendo lacaya de las empresas como DESA, y que se ha negado a entregar al COPINH información de más de 40 proyectos hidroeléctricos que afectan y violan derechos del Pueblo Lenca, incluyendo el PH AGUA ZARCA”.
Investigaciones
El primer día de investigaciones terminó con tres personas detenidas, uno en calidad de testigo protegido y herido de bala. Éste es un ambientalista mexicano de nombre Gustavo Castro, miembro de organizaciones que exigen desde México un trato justo, humano y que respete su integridad.
“En los hechos fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), de tal suerte que logró sobrevivir y con ello convertirse en un actor clave para las investigaciones que esclarezcan el asesinato de nuestra compañera Berta.
Tanto Berta como Gustavo son dos personas de reconocida lucha social y ambiental a nivel internacional, lo que muestra la coherencia de su vida dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a quienes han acompañado en sus procesos de resistencias para que de forma organizada y pacífica, eviten que el proyecto neoliberal de los gobiernos regionales se apropien del territorio mesoamericano, a través de sus proyectos extractivos de muerte.
En el contexto del terrible asesinato de la querida Berta Cáceres, solicitamos al Gobierno de Honduras su pronta atención, intervención y seguimiento a este lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño. Requerimos proporcione todas las medidas jurídicas y políticas posibles que garanticen protección inmediata a nuestro compañero Gustavo Castro para que, una vez que haya brindado su declaración ante el Estado Hondureño, pueda regresar sin contratiempos a México”, expresó la organización Otros Mundos de México en su portal.
Berta fue velada en primer momento en Tegucigalpa en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Bebida y Similares (Stibys) y luego trasladado al Barrio Calvario en La Esperanza, Intibucá donde sus restos son velados por sus familiares, amigos y personas que han viajado de toda la zona para rendir homenaje a esta luchadora histórica de Honduras.
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