Ejerciendo el derecho a decidir sobre el uso de sus bienes naturales comunes, a través de un cabildo abierto la ciudadanía del municipio de La Másica, Atlántida, declaró al río Zapote, exclusivo para consumo humano. Esta acción se enmarca en el trabajo de organización e incidencia que realiza el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en esta zona.
En el departamento de Atlántida, la población San Francisco, Arizona y ahora La Másica, se han autoproclamado defensoras de la madre tierra al decir NO a la intenciones que tienen las empresas mineras e hidroeléctricas de instalarse en sus comunidades sin el desarrollo de la consulta previa, libre e informada.
Actualmente más del 35% del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos, se podría decir que cerca del 50% del territorio se encuentra en manos de la industria extractiva para la explotación de los bienes naturales comunes.
La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH), ha denunciado que existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.
Según el ambientalista Juan Mejía, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro son los departamentos donde existe el mayor número de concesiones mineras, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón y el resto los departamentos del occidente.
Contexto
En el 2009, en plena crisis política pos golpe de Estado, se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país; de manera simultánea y apresurada, el gobierno argumentó una crisis energética y convocó al proceso de licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país. Producto de la licitación, en el mes de junio de 2010 se aprobaron 40 de las 47 solicitudes de concesión a empresas privadas para la generación de energía hidroeléctrica. Esto abrió paso para que se dieran otras concesiones hidroeléctricas en el país.
Seguidamente se aprobó en el 2013 la Ley de Minería, en su mayoría promovida por la diputada nacionalista Gladys Aurora López cuando era secretaria del Congreso Nacional y Juan Orlando Hernández presidente de la cámara legislativa. En la actualidad, la diputada Gladis Aurora es señalada como la principal accionista del megaproyecto hidroeléctrico “La Aurora” que comprenden las represas: Aurora I, Aurora II, Aurora III sobre el río Chinacla, La Paz, a pesar del rechazo del pueblo indígena que radica en sus riberas.
Desde el Congreso Nacional se ha ido acondicionando un marco legal a favor de las empresas mineras e hidroeléctricas pasando por encima de la voluntad de las comunidades que se resisten a la destrucción de la madre tierra.
Difícil pero no imposible
La aprobación de los proyectos que atentan contra la vida pasa por el Congreso Nacional y son bien recibidos por las corporaciones municipales que muchas se parcializan a favor de la empresas a cambio de migajas que dan los proyectos, aseguran los pobladores de Atlántida.
Para el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la decisión de darle una fuente de agua a las empresas le corresponde al pueblo, y son las autoridades municipales las encargadas de garantizar lo escrito en la Constitución de la República, que en el artículo 59 establece que: La persona es el fin suprema de la sociedad y del Estado. “El criterio que debe de tomar el gobierno es generar interés, generar bienestar para la población y no para una sociedad mercantil” agregó Fernández durante la realización del cabildo abierto en San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida.
Después de 5 años de presiones por parte de la junta de agua de San Juan Pueblo, ante la alcaldía municipal que encabeza el alcalde Gerardo Quijada, mediante cabildo abierto se declaró al rio Zapote como fuente exclusiva para el consumo humano, cortando las intenciones de la empresa Másica de instalar una represa hidroeléctrica.
Jorge Alberto Carrasco presidente de la junta de agua de San Juan Pueblo, afirma que el trabajo que se realiza desde las juntas de agua es difícil porque las empresas llegan a las comunidades dividiendo a las familias y comprando conciencias a cualquier costo. “Defender el agua es un asunto de vida o muerte. El agua se está acabando y debemos protegerla”, agregó Carrasco.
Lucha contra las represas hidroeléctricas en Honduras se arrecia, porque para las comunidades se convierten en un atentado contra la madre tierra y la vida de quienes la defienden, como fue el caso de Berta Cáceres, la lideresa indígena, asesinada por luchar junto al pueblo indígena en contra de los proyectos extractivos.
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