Por Marvin Palacios
El 29 de septiembre de 2015 la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula resolvió condenar a 3 años y cinco meses de reclusión (conmutable) al alférez de la Fuerza Naval José Arnoldo Amaya por cometer lesiones graves en perjuicio del pescador Wilmer Gerardo Sabillón Moreira.
Otras penas accesorias que le fueron impuestas son la inhabilitación especial, la privación del cargo, y la suspensión del derecho a optar a un cargo público por el tiempo que dicta la condena, así como la pena de interdicción civil (derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes).
El tribunal de Sentencia también condenó a 30 días de prisión (conmutable) al militar por el delito de “falta contra las personas” en perjuicio de Julio César Pineda Andrade.
Como parte del acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos, un equipo de procuradoras del Comité de Familiares de Detenbidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) visitó a los familiares de Wilmer Gerardo Sabillón Moreira en la comunidad Los Naranjos, jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa.
Miriam Rodas, madre de Wilmer Gerardo solicitó al COFADEH que realice diligencias para presentar una demanda administrativa contra la Secretaría de Defensa por los daños y perjuicios cometidos por José Arnoldo Amaya en contra de su hijo que quedó lisiado de por vida, producto de los impactos de bala que recibió de manos del militar.
La señora Mirian Rodas narró que luego de un largo proceso de recuperación y de muchos cuidados Wilmer Sabillón se encuentra bien y que está al frente un pequeño negocio de venta de rspuestos de vehículos que montó junto a su esposa en la comunidad Peña Blanca.
Rodas dijo a www.defensoresenlinea.com que la primera operación de emergencia a su hijo se realizó en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) en San Pedro Sula y que al parecer costó 100 mil lempiras, cuyo costo corrió a cuenta del instituto castrense.
La madre de la víctima sostuvo que la operación no fue muy buena y que fue necesario hacer una nueva intervención quirúrgica. Para ello buscaron a un médico cirujano plástico de la capital que intervino a Wilmer Gerardo. La operación permitió un poco más de movilidad al brazo izquierdo que fue severamente dañado por el proyectil que se incrustó en el codo.
Rodas señaló que dicha operación le costó a la familia 70 mil lempiras, a pesar que el cirujano redujo los costos de operación al considerar que se trató de un “caso humanitario”.
Wilmer quedó mejor, con poca movilidad de uno de sus brazos, pero mejor que la primera vez, apuntó Miriam Rodas al tiempo que comentó que para reunir el dinero fue necesario vender una moto y otros equipos propiedad de la familia.
Miriam Rodas, madre de Wilmer Gerardo
Aspectos relevantes del proceso judicial
Cabe señalar que tanto Ministerio Público (MP) como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su condición de acusador privado representante de las víctimas, renunciaron al procedimiento ordinario de juicio oral y público, y solicitaron al tribunal una sentencia de “estricta conformidad” contra el militar Jose Arnaldo Amaya, acordando que se imponga al imputado la pena de 3 años y cinco meses de reclusión por el delito de lesiones graves y 30 días de prisión por el delito de la falta contra las personas , más las penas accesorias correspondientes en base a los hechos fácticos.
El 6 de abril de 2013 en horas de la mañana, los jóvenes Wilmer Gerardo Sabillón y Julio César Pineda Andrade pescaban en el Lago de Yojoa, en el sitio conocido como parque arqueológico El Jaral, donde se encontraban militares de la Fuerza Naval de las Fuerzas Armadas (FFAA).
El alférez Jose Arnoldo Amaya les gritó desde la orilla a los jóvenes que debían dejar de pescar y salir de las aguas del lago, de lo contrario, si no obedecían la orden, les iba a disparar.
Wilmer Gerardo Sabillón le contestó que no tenía ningún derecho a dispararles, razón por la cual el militar accionó su arma de reglamento y disparó en varias ocasiones, hiriendo de bala a Julio César Pineda Andrade en el brazo izquierdo y a Wilmer Gerardo Sabillón Moreira en su brazo izquierdo y derecho, heridas que lo dejaron lisiado.
El Juzgado de Ejecución sección judicial de San Pedro Sula (según expediente 585-15) otorgó al acusado el beneficio de conmutar la pena de reclusión por pago en efectivo de 12,590 lempiras, por lo que se le extendió la respectiva carta de libertad definitiva.
En el Acta de Audiencia de Conmuta de la Pena de reclusión por pago en efectivo, celebrada el 19 de enero de 2016 en la causa en la que se condenó al policía militar Jose Arnoldo Amaya por los delitos de lesiones graves en perjuicio de Wilmer Gerardo Sabillón Moreira y de falta contra las personas en perjuicio de Julio César Pineda, el militar se declaró culpable de los delitos de lesiones leves y graves proferidas contra los dos jóvenes pescadores.
José Arnoldo Amaya, que era alférez de la Fuerza Naval cuando sucedieron los hechos y que ahora es miembro de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP), se declaró culpable ante los jueces de la Sala Cinco de Juicios Orales y Públicos de Los Tribunales de San Pedro Sula, región norte del país, de los cargos imputados por la Fiscalía constitutivos de lesiones graves contra Wilmer Sabillón y lesiones leves contra Julio César Pineda.
El Fiscal del Ministerio Público (MP), Alejandro Canales, les comunicó a los jueces de la Sala cinco que el acusado había solicitado un acuerdo de estricta conformidad y que el mismo había sido aceptado por una de las víctimas que estuvo presente en el juicio oral y público el pasado 28 de septiembre, por la abogada acusadora privada (en representación del Cofadeh) y por el Ministerio Público.
En la lectura del acuerdo, el fiscal señaló que el acusado aceptaba una pena de tres años y medio por el delito de lesiones graves contra Wilmer Sabillón y pedía que se le despenalizara del delito de lesiones leves contra Julio César Pineda, quien no estuvo presente en el juicio por encontrase fuera del país.
En la sentencia el tribunal señala que el artículo 105 del Código Penal refiere que todo aquel que incurre en responsabilidad penal por un delito o falta, es también responsable civilmente. Esa responsabilidad civil comprende, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios.
La familia del Wilmer Gerrado Sabillón Moreira estima que dado que el sentenciado no cuenta con suficientes fondos para resarcir los daños causados en contra de su pariente, interpondrán una demanda administrativa contra la Secretaría de Defensa que se ventilará en los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
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