Desde el asesinato del líder indígena Maya Chortí, Cándido Amador, en 1997, los pueblos indígenas y garífunas no se habían vuelto a juntar con tanta fuerza en Tegucigalpa, viajando cientos de kilómetros desde la Mosquitia hondureña, las costas atlánticas y las montañas del interior del país.
En esa gran movilización, un año antes que el huracán Mitch arrasara Honduras, Berta Cáceres era una joven que comenzaba la lucha acompañando al pueblo Lenca y demás indígenas. Por eso allí estaba en Tegucigalpa exigiendo justicia por la sangre de su amigo Cándido, derramada por la defensa del pueblo chortí. Estos días, casi 20 años después, cientos de indígenas y garífunas exigen justicia por su asesinato.
Desde el 16 de marzo hasta hoy 18, chortís, miskitos, garífunas, tolupanes, pech y lencas se movilizaron en diferentes puntos de la capital para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres y que proyectos de muerte como los que impulsa DESA (Desarrollos Energéticos) y otros del modelo extractivista se retiren de Honduras.
“Somos extremadamente vulnerables por el cambio climático y como pueblos indígenas y garífunas que defendemos el territorio nos enfrentamos a eso y a este sistema que nos despoja, que nos quita nuestras tierras y medios de vida”, expresaba Miriam Miranda, lideresa garífuna de la Organización Fraternal Negra de Honduras, la principal convocante de este encuentro.
“Aquí estamos, los más pequeñitos, los lencas, los que aprendimos de Berta a saludar al río, a respetarlo y a defender la Pacha Mama. Estamos aquí a pesar que nos quieren matar”, expresaba también un joven del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras también acompañó esta movilización exigiendo además la cancelación y derogación de los convenios, leyes y decretos que autorizan concesiones, venta, compra, explotación y comercialización de los territorios indígenas, campesinos y garífunas que atentan contra la soberanía nacional, la vida de las comunidades y la cultura de los pueblos.
“Estados Unidos, por su parte, debe suspender las asignaciones previstas en el Plan para la Prosperidad en el Triángulo Norte, y los bancos y financieras europeas cancelar sus créditos a los proyectos de muerte en Honduras. El Congreso Nacional debe proceder a la derogación inmediata de la ley de Minería y el Decreto que autoriza las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes)”, expresaron en un comunicado.
“Quedó evidenciada la intolerancia”
Desde la noche del 16, decenas de buses se movilizaron desde las costas, las montañas y la selva hondureña hasta llegar a la capital. Sin embargo la Policía Nacional detuvo varias de estas unidades y muchas no pasaron el registro minucioso que este ente realizó. Un bus que venía de Río Blanco, Intibucá fue decomisado con la excusa de que no estaba en óptimas condiciones para viajar, haciendo que 50 indígenas lencas caminaran más de 100 kilómetros desde Pito Solo en Santa Bárbara hasta Tegucigalpa. Estos lencas venían de Río Blanco, la comunidad por la que Berta Cáceres tanto luchó en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque.
Las mujeres de Río Blanco llegaron primero al plantón frente al Ministerio Publico en Tegucigalpa, calladas pero con el temple de los indígenas resistentes.
También un bus que transportaba miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Atlántida fue regresado al inicio del camino ya que no contaba con un permiso especial que las autoridades piden para excursiones en Semana Santa, aun cuando este feriado no ha llegado.
Varias organizaciones populares que se solidarizaron con el pueblo indígena y garífuna se pronunciaron, además denunciando que días antes las autoridades de transporte no estaban dando los permisos de circulación y hasta amenazaban a los transportistas que de trasladar a estas personas a la capital, corrían el riesgo de ser suspendidos sus permisos.
“Queda evidenciado la intolerancia de este régimen que responde con represión y armas ante la indignación de este pueblo que pacíficamente se pronuncia y exige justicia”, decía Alfredo López de la Ofraneh quien además se refería a los policías antimotines que los esperaban en distintas zonas de Tegucigalpa donde ellos, con tambores, sahumerios y cantos protestaban.
También, Olivia Zúniga Cáceres, hija mayor de Berta denunció que “el gobierno ha detenido la gente, ha querido boicotear la actividad. Por eso es de mucha importancia la presencia de la comunidad internacional para que nos libre de la represión”.
Zúniga Cáceres también enfatizó que es importante que la cooperación holandesa con el FMO y Finlandesa con FinnFund no solo suspenda temporalmente el apoyo financiero a proyectos como Agua Zarca, sino que retire su apoyo permanentemente de Honduras mientras el modelo sea extractivista en contra de los intereses del pueblo indígena. “¿Cómo es posible que hayan tenido que morir 5 personas de Río Blanco para suspender el apoyo? Esta gente debe consultar primero antes de implementar ayuda a este tipo de proyectos”, expresó.
Llegan a la capital los pueblos más olvidados
Por primera vez en la historia, 27 mujeres miskitas viajaron desde la selva hondureña en Gracias a Dios hasta Tegucigalpa. Olinda Kirrington, viajó desde Brus Laguna, zona costera de la moskitia, porque siente que solo en la capital pueden escucharla quienes toman las decisiones por su pueblo que generalmente se encuentra atrapado entre la pobreza, el olvido y la ley del más fuerte.
Olinda es la presidenta del grupo de mujeres y asegura que en la moskitia se violan derechos humanos y querían decirlo en Tegucigalpa. “Somos miskitas, y sentimos orgullo de serlo. Por eso enfrentamos las cosas y salimos adelante defendiendo nuestros derechos”, cuenta esta mujer que viajó desde la zona más olvidada de Honduras, donde solo se encuentra el 2% del electorado y donde los miskitos se enfrentan directamente a la militarización, el narcotráfico y el robo de sus bienes naturales que además fue nombrado patrimonio de la humanidad por la Unesco por la biosfera del río Plátano.
A partir del golpe de Estado del año 2009, se incrementó la utilización de la moskitia como zona de trasiego de estupefacientes, existiendo desde años un contubernio entre los miembros de la Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad y el crimen organizado, situación que ha pasado supuestamente inadvertida y hasta tolerada por las autoridades locales y extranjeras.
En 2012, 4 Miskitos fueron masacrados por agentes de la DEA en una operación antidrogas que junto a miembros del ejército han sitiado el territorio Miskito. Aun no se hace justicia por esta y otras masacres perpetradas en la guerra que allí se libra.
También llegó un grupo de indígenas Pech que viajaron desde la zona de Olancho, Colón y Gracias a Dios para unirse al clamor de justicia del resto de pueblos originarios.
Francisca Duarte, una indígena Pech que se dedica a la costura, viajó a Tegucigalpa porque “es un reto unir las demandas del pueblo que separadamente exigimos pero no se nos escucha. Nosotros el pueblo Pech somos pocos, no estamos muy acostumbrados a protestar y quienes nos apoyan son los pueblos grandes, los lencas y garífunas”, dijo.
El territorio Pech se ha enfrentado desde hace muchos años a la amenaza de la deforestación y también han visto correr la sangre de sus hermanos defensores del bosque a manos de madereros. Ahora la amenaza se viste de buena voluntad. Los bosques donde ellos han habitado durante siglos sin depredarlos, de donde ellos sacan el agua, son pedidos en concesión sin ser consultados.
“Primero llegan buscando la montaña y quieren permiso para conocer las riquezas que tenemos. A veces son gentes que van por parte del gobierno, instituciones que van con permisos ya. Quieren llevarse la madera y ahora el oxígeno y nosotros no queremos ceder porque tenemos miedo que con eso, nos quiten la montaña que nosotros hemos conservado y nunca hemos destruido”, explicó Duarte.
Cuando Francisca habla que les quieren quitar hasta el oxígeno se refiere a la estrategia REDD + (“reducción de las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de bosques en los países en desarrollo, y el rol de la conservación, el manejo sostenible y el aumento de las reservas de carbono de los bosques en los países en desarrollo”).
Se origina en una propuesta de Papúa Nueva Guinea y Costa Rica en 2005. Honduras actualmente está desarrollando los estudios de línea base para lograr incluir proyectos a nivel nacional.
La falta de información y claridad sobre el funcionamiento del mercado de cuotas de carbono y las complejas reglas del Programa REDD, dificulta la toma de decisiones por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, quienes en muchas ocasiones son excluidas de las negociaciones, o simplemente son representados por “líderes” ajenos a las comunidades, generando un sinnúmero de estafas y creando las condiciones para posibles desalojos. Esto lo denunciaba también Berta Cáceres, quien siempre ponía este problema sobre la mesa del debate con los pueblos indígenas defensores del bosque.
Los Pech tienen un territorio titulado de 3 mil hectáreas, sin embargo siguen luchando por la titulación de más tierras ancestrales y por la consulta previa, libre e informada sobre proyectos y concesiones en sus territorios.
Por eso una demanda unificada del encuentro fue la aprobación inmediata de la Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada, elaborada por el Observatorio de Pueblos Indígenas, con la colaboración directa de Berta Cáceres.
Justicia para Berta
Berta Cáceres fue muy conocida por todo el pueblo indígena y garífuna de Honduras. En el encuentro, Manuel Nájera, miembro del pueblo Maya Chortí, la recordaba como una hermana cercana a sus causas también.
Nájera recuerda a su mártir Cándido Amador, por quien él y Berta exigían justicia en los años 90. Después de su asesinato, el gobierno de Carlos Roberto Reina firmó unos acuerdos con respecto a titulación de tierras y ya se había firmado el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, nada se cumple de lo firmado, y los indígenas siguen poniendo los muertos.
“Es difícil que a los más humildes y excluidos nos escuchen, pero hoy por Berta nos hemos unido y traemos nuestras demandas a la capital para que se nos escuche”, dice Nájera quien asegura que de Honduras, especialmente de su zona donde están las ruinas de Copán, se vende una realidad distinta a la que viven los pueblos indígenas que siguen resistiéndose a las nuevas formas de colonización.
También asistió al encuentro el pueblo tolupán de Locomapa, donde varias masacres han arrebatado la vida de más de 100 indígenas de este pueblo que se ubica en las montañas de Yoro y la montaña de La Flor en Francisco Morazán.
“Nosotros tenemos medidas cautelares así como tuvo Berta, pero eso no le salvaguardó la vida a ella y tampoco nos da protección a nosotros que estamos defendiendo la vida de nuestras comunidades”, expresó Consuelo Soto de la comunidad de Locomapa, Yoro.
Consuelo ha sido amenazada en reiteradas ocasiones por su defensa del territorio y bosques y recientemente su esposo fue asesinado.
Alrededor de 2 mil indígenas y garífunas salieron de sus comunidades y se instalaron por 3 días en Tegucigalpa haciendo plantones en el Ministerio Público, la Embajada de México donde visitaron a Gustavo Castro, único testigo del asesinato de Berta Cáceres, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y las universidades Pedagógica y la Nacional Autónoma, entre actos culturales y su clamor de justicia.
Producto de la presión de las comunidades y pueblos indígenas, las autoridades de SERNA se comprometieron a revisar la concesión que el gobierno otorgó a DESA, y que el próximo 4 de abril se reunirían con una comisión de los pueblos indígenas.
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