Por Sandra Rodríguez
El Estado de Honduras es responsable del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Berta Cáceres Flores, porque no cumplió con las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, desde el 2009, para proteger su vida, así lo ha denunciado su familia y representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, organización que ella coordinaba desde su fundación.
Ana Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, quien estaba a cargo del monitoreo de la medidas cautelares, expresó este día en Tegucigalpa, que el asesinato contra Cáceres Flores, se pudo evitar.
Así mismo, dijo que ha tenido algunas reuniones con personeros de la Secretaria de Seguridad que están a cargo de ejecutar las medidas cautelares, y en los próximos días tendrá reuniones con personas de alto rango de dicha entidad gubernamental para atender las peticiones correspondiendo a las exigencias de la familia de Berta, asesinada en su casa de habitación el La Esperanza, Intibucá a unos 180 kilómetros al occidente de Tegucigalpa, capital hondureña.
“Condenamos enérgicamente el asesinato de Berta Cáceres y exigimos una investigación diligente e inmediata de este asesinato. A su vez, ante las declaraciones realizadas por el titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en conferencia de prensa, desde CEJIL desmentimos que Berta Cáceres renunciara a las medidas de protección y resaltamos la deficiente protección que se le brindó a Berta, tal y como se ha podido comprobar con el desenlace de estos acontecimientos”, comunicó CEJIL, cuya sede es en Costa Rica.
Es una muerte que pudo haberse evitado, hemos tenido algunas reuniones para ver qué tipo de Medidas Cautelares se deben aplicar ahora y que se adecuen a las necesidades dela familia, pues el Estado tiene la responsabilidad de cuidarla, pero no lo hizo con Berta Cáceres, explicó Aguiluz.
Entre las Medidas Cautelares que debía cumplir con Cáceres Flores, y que no se cumplieron estaba la instalación de cámaras de vigilancia en la sede del COPINH (las llevaron pero faltaban unos cables), un fondo para tener un guardia de seguridad privada y de su confianza, el patrullaje continuo en lugares específicos y el acompañamiento a lugares donde ella se movilizaba para realizar su labor de defensoría, y aunque algunas cumplía a medias, como facilitarle agentes policiales no tenían vehículo.
“Por lo que no se realizaron a cabalidad las medidas otorgadas por la CIDH para cuidar su vida, que corría peligro debido a su activismo en la defensa de ddhh”, expresó Aguiluz, quien acompañó a las hijas de la defensora, Olivia, Bertha y Laura, en una conferencia de prensa, esta mañana en Tegucigalpa.
En cuanto a las declaraciones del ministro de Seguridad, Julián Pacheco, al decir que Cáceres había renunciado a sus medidas y su cambio de domicilio, la representante de Cejil afirmó que “No es aceptable que la policía diga que ella había cambiado de domicilio, pues eran más las medidas cautelares y tampoco se le aplicaban, como tener una personas que le diera seguridad”
Ana Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL
Postura de la policía
En declaraciones el mismo día del asesinato, Julián Pacheco, dijo que la Policía tenía la responsabilidad de protegerla, era una protección coordinada con ella, era a petición de ella que se enviaba patrulla y personal a su residencia para darle seguridad.
Y explicó que, ante las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, la Policía Nacional daba cumplimiento a las mismas en coordinación con Berta Cáceres. El sistema de seguridad que se le daba era un patrullaje en su residencia en el barrio El Calvario de La Esperanza, sin embargo a ella se le había asignado una seguridad permanente, pero a solicitud de ella se estableció este tipo de patrullaje nada más, porque ella consideraba que no necesitaba tener tanta seguridad como se le había asignado.
Nuevas medidas para la familia de Berta Cáceres COPINH, y defensor Gustavo Castro
Hace unos días se informó que la CIDH ha emitió medidas cautelares para la familia de Berta Cáceres Flores, los integrantes del COPINH y Gustavo Castro.
El domingo 5 de marzo se emitió la MEDIDA No. 112-16 para que el gobierno hondureño adopte las medidas necesarias para que los miembros de COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; el estado hondureño tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Castro Soto durante todo el proceso para preparar y completar su salida; abra una línea de investigación coordinada por organizaciones independientes que eviten la criminalización que desde ahora el estado hondureño ya ha comenzado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los familiares de la líder de la etnia Lenca, Berta Cáceres.
La protección se extiende a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y al ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Con el beneficio a favor de las personas cercanas a Cáceres el Estado debe cumplir las siguientes disposiciones:
1. Garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de Copinh, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro.
2. En el caso del testigo “tomar todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad durante todo el proceso para preparar y completar su salida”.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los miembros de Copinh puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos.
4. Informe sobre acciones de investigación de los hechos.
5. Las organizaciones afines a la lucha de la líder indígena exigieron este domingo se cumplan las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
6. La ambientalista fue asesinada el pasado 3 de marzo, cuando un hombre forzó e ingresó a la vivienda para atacarla a balazos.
7. A tres días de su muerte el Estado de Honduras solicitó el apoyo del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar la muerte.
8. Según registro del CJIL en honduras hay más de 100 medidas cautelares, aunque algunas es a favor de grupos y familias, por lo que el nivel de beneficiarios aumenta.
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