El asesinato de Berta Cáceres viene a una desnudar, una vez más, la grave vulnerabilidad en la que desarrollan su trabajo los defensores y defensoras de los Derechos Humanos frente a una institucionalidad debilitada y una administración estatal que gira alrededor de la figura del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández.
El gobierno de Juan Orlando Hernández es una administración pública que se preocupa y se concentra en buscar la forma, a costa de lo que sea, de perpetuarse en el poder sin tener la mínima intención de escuchar los clamores de la ciudadanía que rechaza la posibilidad de una reelección presidencial. El rechazo de la gente no es tanto por la figura de la reelección sino por quien la promueve y la defiende, que es el propio ciudadano presidente, que se lanza tras tener atado todos los cabos de la institucionalidad que en estos momentos responde a sus deseos y caprichos.
Berta Cáceres es el vivo ejemplo de que este sistema, con todas las características de una dictadura, está dispuesto hacer lo que tenga que hacer, para quitarse los estorbos o trabas que encuentra en el camino que le impidan o le hagan sobra a su ambición de quedarse, por lo menos, cuatro años más en el poder.
Y están en la mira todas aquellas personas que hacen una labor de defensoría de los derechos ciudadanos ya que representan para el gobierno, y sobre todo para el ciudadano presidente, una amenaza para su proyecto reeleccionista. Aquí están los defensoras y defensoras de los bienes comunes de la naturaleza, como Berta Cáceres, ya que se les ve como enemigos de las empresas nacionales y transnacionales que ponen en operación la industria extractivista cuyos inversionistas son los que sueltan la plata para políticos como Juan Orlando Hernández y financias su campaña política a cambio de tener carta blanca para disponer de nuestras riquezas y de los bienes naturales comunes.
Aunque el gobierno niegue su participación en el asesinato de Berta Cáceres, al final son los responsables porque representan al Estado. Y el Estado tiene una responsabilidad ineludible que es la protección de la vida de sus ciudadanos y garantizar su bienestar. Y mucho más cuando esos ciudadanos y ciudadanas hacen una labora de defensoría, y más aún que por esa noble labor han denunciado múltiples amenazas a muerte, y la responsabilidad se multiplica cuando una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido y ordenado al Estado que debía cuidar a una mujer tan valiosa y tan valiente como lo fue Berta Cáceres.
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