Un nuevo capítulo de represión y violación a derechos humanos se registró el pasado martes 16 de febrero en horas de la madrugada en San Pedro Sula, cuando elementos de la Policía Municipal y Preventiva desalojaron a más de 50 vendedores ambulantes que se ubican en la 5 y 6 calle.
El desalojo fue violento e incluyó decomiso de mercadería a los vendedores; la respuesta de los comerciantes no se hizo esperar y horas después del suceso se trasladaron hasta el palacio municipal a protestar contra el alcalde nacionalista Armando Calidonio por la actitud dictatorial tomada hacia ellos.
El argumento de la alcaldía sampedrana es que para lograr el orden vial es necesario liberar las calles que han sido congestionadas por la instalación de puestos de venta de comerciantes sin permiso de operación. Las autoridades municipales aseguran que los desalojados no tienen permiso para operar por lo tanto la ley debe ser aplicada para poner orden.
Por su parte los afectados denuncian que son víctimas de violaciones a sus derechos, pues en el artículo 113 del Plan de Arbitrios estipula que ningún vendedor puede ser desalojado de su puesto de trabajo sin antes tener un sitio donde ser reubicado.
La historia de nunca acabar
Desde hace muchos años San Pedro Sula se diluye en el debate sobre el desorden vial y los vendedores ambulantes en calles céntricas de la ciudad, esta polémica cobra vida cada vez que se registra un desalojo de la alcaldía contra vendedores.
La falta de soluciones solo agudiza la situación y como búsqueda de la misma se ha reunido en varias ocasiones a vendedores, empresarios y autoridades municipales para buscar una salida justa a la situación.
Una propuesta que parece la luz al final del túnel es la construcción de un mercado donde se pueda ubicar a la gran cantidad de vendedores ambulantes, pero este proyecto sigue en planificación y por ahora no es una realidad.
El artículo 113 del Plan de Arbitrios asegura que solo se puede desalojar a vendedores hasta que exista un lugar donde reubicarlos, por tal razón los acontecimientos de esta semana incurren en la ilegalidad.
“Somos víctimas de un abuso del alcalde, él está actuando fuera de la ley porque nos está privando de un trabajo digno del que podamos mantener a nuestras familias”, expresó el vendedor Efraín Álvarez.
Álvarez lamentó que se les haya decomisado la mercadería y argumenta que por tal razón reaccionaron de esa forma y varios afectados incluso lanzaron piedras contra el palacio municipal el día del desalojo.
“No podemos justificar la violencia, pero es incontrolable una reacción ante una violación de ese tipo, nos quitaron las cosas en horas de la madrugada, nos agredieron y eso no puede ser posible”, culminó.
Otro de los afectados el señor Miguel González expresó a Radio Progreso que están buscando asesoría legal para proceder contra la municipalidad, además dijo que buscarán apoyo de organizaciones internacionales para hacer valer su derecho.
“En primer momento queremos que nos entreguen nuestra mercadería, muchos sacamos préstamos para comprarlas, no es posible que se tomen medidas tan arbitrarias como si nosotros fuéramos ladrones.
El alcalde está actuando de forma equivocada, no nos puede tratar así, nosotros de una u otra forma también aportamos al desarrollo de la ciudad”, denunció el comerciante.
Mientras tanto Kenia Izaguirre vendedora afectada dijo que ya se acercaron a las instalaciones de la Fiscalía y también a los derechos humanos para que procedan contra la municipalidad, pero aseguró que no han recibido la respuesta que ellos esperaban.
“Queremos que se haga justicia, no nos pueden hacer un desalojo en horas de la madrugada, además está fuera de la Ley, pero parece que acá la justicia no se pone de lado del más necesitado. La alcaldía violenta nuestro derecho a un trabajo digno”, denunció.
Izaguirre dijo que no hay disposición de los organismos defensores de derechos humanos para dar continuidad a lo ocurrido.
El alcalde Armando Calidonio durante la polémica solo brindó reacciones a un medio de comunicación escrito donde dejó claro que las acciones corresponden al plan de orden y respeto de la ley que se aplica desde que asumió el poder.
El departamento de Relaciones Públicas de la comuna sampedrana circuló una nota periodística con las declaraciones del alcalde donde además calificó de actos vandálicos, la reacción de los vendedores ambulantes quienes, según él, atentan contra la seguridad y el trabajo que hace la corporación.
“Los vendedores ambulantes podrán quebrar vidrios y dañar propiedad privada y pública, pero jamás quebrantarán mi firmeza para poner orden, pues hay que hacer lo correcto aunque sea más difícil.
Como representante de los sampedranos y encargado de velar por el bienestar y el desarrollo de la ciudad, condenamos y lamentamos que hechos como este se generen y provoquen zozobra entre la población, al tiempo que recordamos que estos mismos vendedores anteriormente habían destruido una patrulla de la Policía Municipal, que andaba cumpliendo con la orden de decomiso de productos elaborado a base de pólvora para que no hubieran más niños quemados en la pasada Navidad.
Como autoridades de la ciudad, buscamos las soluciones más factibles para el pueblo sampedrano, y por ello buscamos que todos nos sumemos a esta lucha que permitirá que cada sampedrano y sus familias caminen por las céntricas aceras libremente, sin exponer ni arriesgar sus vidas. Todos, gobierno local, vecinos, comerciantes y vendedores del sector informal si nos unimos en positivo sin duda haremos de esta ciudad un ejemplo de orden, con obras y honestidad”, recalcó el jefe edilicio”, expresó Calidonio.
La postura del alcalde no tiene consenso con el pleno corporativo, para el caso el comisionado de Abastos y Mercados de la Municipalidad el regidor José Jaar, dijo que desconoce en primer lugar porque se hizo un desalojo en horas de la madrugada y por otra parte que hay que buscar una solución para que se reubique lo más pronto posible a los vendedores.
“Lamentamos lo ocurrido, creo que el alcalde con su sabiduría debe buscar una salida pacífica a la situación”, declaró el funcionario municipal.
Por su parte la regidora Gloria Millian dijo que ella comparte que en la ciudad debe existir un orden vial, pero que el método implementado por el alcalde no es el indicado y primero se debe dar soluciones y no más problemas a los que ya existen en la capital industrial.
Más de 50 vendedores quedarán sin un lugar donde vender su mercadería generándoles un panorama adverso para el futuro inmediato por la negativa del alcalde sampedrano de negociar un sitio de reubicación.
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