sábado, 29 de noviembre de 2014

La expresión más radicalizada del neoliberalismo



Aquí en Honduras las élites y su gobierno están muy claros. Ya lo dijo un oficial de la policía en muy baja voz: “No nos engañemos, aquí nos han zampado una dictadura”. Y en esto se equivoca el que quiere. Vamos hacia la consolidación de un plan político y económico sostenido sobre los militares. Es la radicalización del modelo neoliberal que se viene impulsando en nuestro país a lo largo de los últimos 25 años. Lo que está en la base es la firme decisión de una reducida élite empresarial y política por garantizar sus ganancias y sus privilegios sin importar los costos para toda la sociedad. 
En los primeros años esta élite no necesitó mucho de los militares, por eso se apertrechó en las instituciones de la democracia formal, incluyendo la policía civil y los órganos operadores de justicia. Cuando las cosas se fueron complicando, fueron poniendo mano dura, especialmente con la política represiva, violenta, discriminatoria y criminal hacia la juventud. Así se explican los programas de limpieza social que incluyó masacres en los centros penales en los primeros años del presente siglo.
Cuando sintieron que sus intereses estaban amenazados por las alianzas que el gobierno de Zelaya establecía con los gobiernos de América del sur, la élite empresarial y política no dudó en respaldarse en los militares para romper el orden constitucional. El golpe de Estado no fue otra cosa que la respuesta de las élites hondureñas a través de la alianza con los militares para defenderse y hacer frente a quienes amenazaban sus intereses.
A estas alturas de la violencia y del deterioro social, político e institucional, la élite neoliberal no tiene ningún otro recurso para proseguir con sus privilegios y ganancias que apoyarse y dar más poder a los militares. No en vano, ya se anuncia que dentro de pocas semanas el actual ministro de seguridad será sustituido por quien corresponde, es decir, por un ministro militar en funciones. La militarización del Estado y la sociedad es la radicalización extrema del modelo de los neoliberales, que no es otra cosa que la desesperada estrategia de los altos ricos de Honduras de usar a los militares y a un aprendiz de dictador para protegerse de las amenazas que representa la sociedad. Todo con el fin único de seguir explotando los bienes del país y del Estado a diestra y siniestra, y a rienda suelta.

Algo no cuadra



Uno de los grandes dogmas que han sostenido los diferentes gobiernos a partir de la década del 2000, es que el involucramiento de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana reduce los altos índices de violencia e inseguridad.

Desde el gobierno de Ricardo Maduro se inició abiertamente una política encaminada a privatizar y militarizar la seguridad pública. De esta manera, según un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios de la ONU, existen en el país 70 mil guardias de seguridad privada.

En este sentido, resulta preocupante que la proporción de policías estatales en relación con la población es de apenas 1 agente por cada 1,103 habitantes, mientras que la proporción de guardias privados de seguridad es de 1 por cada 113 habitantes.

Por otro lado, con el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha profundizado el fortalecimiento del poder militar en todas las áreas de la sociedad, no obstante y pese al discurso oficial, las estadísticas revelan que militarización no es sinónimo de reducción de la violencia.

De acuerdo con la información de los últimos ocho años (2005-2012) se han producido en el país 40 mil 668 asesinatos, cifra que se acerca al costo social de un país en guerra. Solo en el quinquenio 2008-2012 los homicidios aumentaron en 52.67% y apenas se vio una reducción mínima de 0.58% durante el año 2012.

Las estadísticas indican que entre 2008 y 2012, a la par del aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, también aumentaron los índices de violencia. Así, en 2008 se aumentó el presupuesto militar en más de $121 millones y hubo 4,473 homicidios.

En 2010 el presupuesto militar subió a más de $172 millones mientras que los homicidios subieron a 6,239. En 2012 el presupuesto militar aumentó en más de $188 millones mientras que los homicidios alcanzaron la cifra de 7,172. Para el año 2014, el presupuesto de las Fuerzas Armadas subió en más de $252 millones mientras se redujeron las partidas en educación y salud.

¿Cómo es posible seguir creyendo el discurso oficial de que los militares son la solución si las estadísticas dicen todo lo contrario? ¿Por qué continuar con esa creencia si después de 10 años de militares en las calles la tasa de homicidios ha aumentado en más de un 50%?

Los militares en las calles solo trasladan o retrasan la comisión de delitos pero no atacan las raíces del problema de la violencia. Militarizar y privatizar son fuentes de violaciones a derechos humanos como lo muestran los recientes ejemplos de participación de militares y guardias privados en crímenes contra la ciudadanía.

La Honduras que existe desde el Norte



A propósito de la conmemoración de los 25 años del martirio de los jesuitas y sus colaboradores de la UCA de San Salvador, unos mil setecientos estudiantes delegados de las 26 universidades y colegios de los jesuitas de Estados Unidos, más una delegación de colegios y universidades de Canadá, se congregaron en Washington, DC, para rezar, cantar, reflexionar y analizar con la pregunta: ¿cómo ser fieles ahora al legado de los mártires?

Fueron dos días enteros de encuentro, de bulla juvenil y de análisis, de canto y de oración. Se habló de El Salvador y Centroamérica. Pero sobre todo, se habló mucho de Honduras. Una de las presentaciones centrales del evento fue cómo los mártires iluminan con su ejemplo la realidad de violencia y de pobreza que en extremo sufre y padece la sociedad hondureña de los pobres.

De igual manera, uno de sus familiares presentó en el evento el libro autobiográfico del Padre Guadalupe como un modelo de vida martirial que contribuye a dar luz y abrir caminos de compromisos en las luchas hondureñas desde los campesinos y las comunidades de base. A Honduras no llegan de Estados Unidos solo bases militares, militares y dineros para la muerte. También llegan hombres y mujeres comprometidos desde su fe con los más pobres, como el Padre Guadalupe y muchos sacerdotes más.

En un momento muy especial, el Padre jesuita Jeremy estrenó entre todos los participantes el vídeo sobre la realidad hondureña vista desde Radio Progreso, con tomas que realizó durante su estadía en nuestro país hace unos meses atrás. El vídeo tuvo tanto impacto que al finalizar los 22 minutos de duración hubo varios minutos de silencio tan solo interrumpidos por sollozos que varios de los participantes trataban de disimular agachando sus rostros.

Mientras en los periódicos y medios masivos de comunicación Honduras está ausente, y mientras los funcionarios del gobierno de Estados Unidos hacen referencia a nuestro país a partir de su interés por disminuir el flujo migratorio porque tantos migrantes amenazan la seguridad interna de la sociedad estadounidense, los estudiantes jesuitas de Estados Unidos y de Canadá salieron del evento convencidos que los mártires de El Salvador y de Centroamérica nos impulsan a volver la mirada sobre la cruel y despiadada realidad hondureña, para decir con fe y compromiso: HOY es el tiempo de compromiso con Honduras.

Desarrollismo y Movimientos Sociales en Bolivia



Cuánto y cómo crece Bolivia en el análisis de Raúl Zibechi, siguiendo la discusión de Martín Sivak en el Decí MU. El medioambiente y la autonomía de los movimientos sociales, en peligro.

“La principal dificultad es la personalización. El partido que gobierna, el Movimiento al Socialismo, no se ha consolidado y hay una gran concentración de las decisiones en el Palacio, lo que a largo plazo es una debilidad”, razona Martín Sivak, periodista, amigo personal de Evo Morales, autor del best seller “Jefazo”, que lleva vendidos más de 30 mil ejemplares.
Para Sivak era casi imposible que Evo no ganara; el 61% de los votos cosechados por la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera no le sorprendió. “Las condiciones de vida mejoraron considerablemente, hubo inversiones sociales y en infraestructura, se priorizó el desarrollo económico por encima de la madre tierra, y los cambios no han sido tan radicales como se pensaba inicialmente”, matiza.
En contra de las apariencias, en estos ocho años hubo más continuidades que las imaginables. Por ejemplo, “bajo los gobiernos de Evo murieron 50 personas en protestas”, no siempre atribuibles a la represión directa. Además, “la derecha económica perdió mucho dinero porque paga mucho más impuestos, pero no la expropiaron”. Son matices entre lo nuevo, que no lo es tanto, y lo viejo, que tiene más vida de la que se podía imaginar.
Fuerte crecimiento económico
Los datos hablan por sí solos. Desde 2005 la economía crece a un promedio del 5% anual, gracias al aumento de los precios internacionales de los productos de exportación y al crecimiento de los volúmenes exportados. El crecimiento de la extracción minera es impresionante: se pasó de 176 mil toneladas métricas finas en el quinquenio 1999-2006 a 450 mil en el período 2006-2012.
Entre 2008 y 2013 el valor de las exportaciones minerales se duplicó, pasando de 750 a 1.618 millones de dólares. El notable crecimiento de las exportaciones y de la economía permitió que el gobierno implementara políticas sociales extendidas (bono Juancito Pinto para los escolares, Renta Dignidad para la tercera edad y bono Juana Azurduy para las mujeres) que junto al aumento del salario mínimo y del nivel de empleo redujeron la pobreza del 38 al 18% de la población.
El mayor dinamismo de las exportaciones permitió un fuerte incremento de las reservas internacionales que pasaron de 1.714 millones de dólares en 2005 a 14.430 en 2013, el 47% del PIB.
En el terreno de la generación hidroeléctrica se plantea incrementar hasta 6.000 MW en los diez próximos años con la puesta en marcha de Cachuela Esperanza y Rositas, con una inversión de 4.000 millones de dólares entre ambas.
El Estado está implementando proyectos de desarrollo de largo aliento, como hacía años no existían.
Hay varios en el terreno de la industrialización de los hidrocarburos: una planta de amoníaco y urea a partir de gas natural en Cochabamba, una planta de separación de líquidos de gas en Tarija y otra en Rio Grande, además de inversión en refinerías y nuevos pozos de extracción de gas. Este año el volumen promedio de producción de gas natural – la principal exportación de Bolivia- llegará a 64,54 millones de metros cúbicos por día, casi el doble de lo que se producía en 2005.
Se prevé comenzar la industrialización de litio para baterías en 2016. En 2013 se puso en órbita con ayuda china el satélite Tupac Katari, que le otorga autonomía a las telecomunicaciones. Incluso en la industria volcada al mercado interno se registra una evidente expansión. Por primera vez el país cuenta con una empresa de papel, con ayuda de China, que comenzó la producción en 2014 y abastecerá en dos años el 30% del mercado interno.
Pero el oficialista MAS (Movimiento Al Socialismo) consiguió la mayoría también en Santa Cruz, con más de la mitad de los votos. Ganó en 8 de los 9 departamentos. Estableció una alianza estratégica con la oligarquía agropecuaria cruceña: se le propuso subir la producción de 3 a 10 millones de hectáreas y la cantidad de alimentos de 15 a 45 millones de toneladas para 2025.
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El medio ambiente y los movimientos sociales
Si el crecimiento económico es sostenido y hay ambiciosos planes estratégicos en marcha, los dos puntos débiles del actual proceso de cambios se sitúan en el medio ambiente y en la autonomía de los movimientos sociales.
Cuando comenzó el gobierno del MAS se alcanzó el Pacto de Unidad entre las principales organizaciones campesinas e indígenas que fue la principal base de apoyo del gobierno: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, entre otras.
A fines de 2011, CIDOB y CONAMAQ, que habían apoyado la marcha contra la carretera que atravesaría el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) decidieron abandonar el Pacto de Unidad por considerar que “el Poder Ejecutivo ha parcializado la participación de las organizaciones indígenas, valorando más que todo a las organizaciones afines a MAS, con el propósito de que afecta de forma directa a nuestros territorios, culturas y nuestros recursos naturales”.
Desde ese momento, el gobierno de Evo Morales intentó neutralizar a las dos principales organizaciones sociales críticas con el proceso de cambios. Cancio Rojas, dirigente de CONAMAQ, sostiene que su organización sufrió un “golpe de Estado” como consecuencia de la intervención del gobierno. Rojas estuvo en el IV Seminario de Integración de América Latina Desde Abajo, celebrado en Cochabamba el 4 y 5 de noviembre.
En efecto, las dos organizaciones vivieron situaciones similares.
En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.
En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ “afines al MAS” tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la Policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para “aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.
En base a esta realidad de ofensiva de los Estados frente a los movimientos, que se registra tanto en Bolivia como en Ecuador y Venezuela, se abrió un debate en el Seminario sobre el tipo de relaciones a mantener con las instituciones y con la cooperación internacional.
Cancio Rojas y Carlos Mamani, ambos de CONAMAQ, coincidieron no sólo en condenar los “golpes” contra las organizaciones populares sino que criticaron también el bloqueo de los recursos y proyectos, así como la retirada de los técnicos pagos por el Estado. Denunciaron cómo está actuando el gobierno para neutralizar a las comunidades que siguen rechazando la carretera del TIPNIS, combinando regalos y presiones.
Silvia Rivera Cusicanqui, antropóloga comprometida con los movimientos, hizo una profunda reflexión: “Las diferentes resistencias no se sienten parte de lo mismo. Porque lo que se viene luego de las elecciones será para arrasar con todo lo que resiste. Por eso el activismo debe tender puentes entre las diferentes experiencias, porque nos están derrotando en todos lados”.
Luego no escatimó la autocrítica: “Hay una dependencia fuerte de los fondos de la cooperación, lo que nos hace vulnerables y nos quita autonomía. No se debía haber abandonado la autogestión, la producción y venta de artesanías, de alimentos, para que en las organizaciones siempre exista un ala autogestionada. Eso nos permitiría superar el miserabilismo para estar bien parados frente al Estado”. Enfatizó que el suyo no es un horizonte estatal.
Como cierre del Seminario, ofreció una charla sobre “micropolítica y autonomía”, en la que destaco cómo los gobiernos progresistas encarnan un nuevo colonialismo que domina todo el espectro político y todas las expresiones de lo colectivo. “El único espacio que nos quedó es el micro, y desde allí establecemos comunidades de afinidad que nos permiten vincular redes en un tejido capaz de superar las prácticas coloniales”.
Silvia Rivera inspira en La Paz el Tambo Colectivo, un espacio de encuentro cultural y político donde un grupo de jóvenes que recuperaron el espacio organizan ferias, exposiciones y cultivan un huerto para fomentar la agricultura urbana con el objetivo de impulsar la autosuficiencia alimentaria. Todo autogestionado, sin apoyos externos.

Solidaridades y condenas “selectivas”
La socióloga Sarela Paz, presente también en el encuentro, formó parte del equipo de asesores del Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente y ahora está vinculada a la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Sostiene que el MAS y el gobierno son “una agregación de intereses locales y regionales que compromete a sectores tradicionalmente dominantes (léase agroindustriales, mineros o corporaciones petroleras)”, a la que se suman sectores sociales emergentes de carácter étnico.
Según Paz, este conjunto social tiene “ambiciones de desarrollo que están más cercanas a las dinámicas del capital regional y mundial, antes que a visiones alternativas de desarrollo”. La legitimidad del gobierno de Evo Morales facilita que “formas seculares de coacción económica” se reproduzcan con ribetes “democráticos” y “populares”. Sostiene que hubo dos etapas en el gobierno de Evo: la primera estuvo cimentada en el Pacto de Unidad, una agenda progresista y un duro enfrentamiento con la oligarquía del oriente.
La segunda gestión de gobierno es diferente. “Es el reflejo del resquebrajamiento de la coalición popular y el ascenso de una nueva estructura de poder que tiene como epicentro una alianza y articulación entre sectores agroindustriales del oriente, sectores petroleros y sectores emergentes que usa el enraizamiento étnico como un dispositivo de movilización política”. Esa nueva alianza es la que fue masivamente bendecida en las elecciones del 12 de octubre.
La feminista María Galindo coincide con ese diagnóstico, al señalar que “las clases dominantes arcaicas de la sociedad boliviana han penetrado al Movimiento al Socialismo y han logrado importantes acuerdos políticos internos de manera que el gobierno no toque ninguno de sus intereses”. En sintonía con Silvia Rivera, cree que “el horizonte principal es trabajar por fuera del Estado y en la base de la sociedad”, algo que resume con una frase de sintonía zapatista: “Hay que trabajar afuera y abajo”.
Al dejar Bolivia, queda la amarga sensación de que las izquierdas del continente se empeñan en mirar hacia arriba, apoyando sin fisuras al gobierno de Evo Morales, y no miran hacia los movimientos. Así lo dijo en el Seminario, con tristeza, Aurelio Ambrosio de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi): “El que resiste es culpabilizado y se individualiza en los líderes, pero en lo internacional no hay claridad de lo que pasa en Bolivia”.
Este giro conservador no es percibido en la región. Entre otras razones, porque existe una débil disposición a criticar a los “nuestros”. El filósofo español Santiago Alba Rico, especialista en Medio Oriente, señala que hay tantas resistencias que admirar y tantas infamias que condenar, que no deja de llamar la atención lo que la activista siria Leila Shami llama “solidaridades selectivas” y, en paralelo, “condenas selectivas”.
Se refiere al doble rasero de las grandes potencias, pero también al doble discurso de las izquierdas. Una opinión crítica que comparte Oscar Olivera, “guerrero del agua” en 2000, organizador del Seminario de Integración Desde Abajo, y que ahora coincide con Silvia Rivera en la necesidad de trabajar con la gente común. Está dedicado a la educación medioambiental con niños en escuelas periféricas de Cochabamba, desde donde apuesta por la recuperación de los sujetos colectivos.

Fraude a cielo abierto: La maniobra para habilitar la minería en Chubut


Contra la iniciativa popular que había reunido 13.007 firmas para prohibir la megaminería en Chubut, la Legislatura provincial habilitó esa actividad durante una sesión en la que se detectó que al menos un diputado recibía instrucciones de las mineras por mensajes de texto.

El mensaje. Fotos: La Mala Francisco y Eve Sureña

El legislador Gustavo Muñiz, del Frente para la Victoria, recibió un mensaje de quien tiene registrado en su celular como “Minería Gastón Berardi”. Berardi es funcionario local de la firma de origen canadiense Yamana Gold, y Gerente de Relaciones Comunitarias del proyecto minero que esa corporación tiene en Esquel bajo el nombre Suyai. En el mensaje, Berardi le plantea corregir el artículo 4 de la Ley, a lo que el legislador Muñiz responde: “eso después el ejecutivo lo reglamenta”, lo cual indica hasta dónde llegó el lobby empresario.
El hecho ocurrió durante una sesión de cinco horas este martes 25 de noviembre, en la que el resultado de la votación fue 15 a 12, contra la Iniciativa Popular que, de acuerdo a la Constitución provincial, había reunido cantidad más que suficiente de firmas, 13.007, para que se tratara un proyecto de prohibición de la megaminería a nivel provincial.
Lucas Fossati, asambleísta de Rawson, explicó a lavaca: “Lo que presentamos es un proyecto de Ley, que la Cámara puede modificar. Lo que no puede hacer es tergiversar ni sustituir el espíritu de esa ley. Si nosotros presentamos una manzana, no pueden aprobar una zanahoria”.
Prostíbulos y carpas
“Es como si por iniciativa popular hacemos un proyecto contra la trata de personas, pero la ley que termina saliendo habilita los prostíbulos” comparó la asambleísta e integrante de FM Kalewche Fernanda Rojas, aunque tal vez no convenga darle a los legisladores semejante idea.
Lucas Fosatti relata que durante 25 horas se montaron 14 carpas en la puerta de la Legislatura chubutense, convocada por la UACH, Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, con el apoyo de las asambleas nacionales reunidas en la UAC. Era la primera vez en la historia que se utilizaba la Iniciativa Popular, mecanismo de democracia semidirecta. “En el proyecto ciudadano se prohíbe con precisión la extracción metalífera, puntualizando metales y materiales radiactivos, y se especifica la prohibición de cada sustancia tóxica” explica otra asambleísta chubutense, Corina Milán.


Mensajeame
Los grupos pro mineros, empresarios y políticos, deben estar meditando sobre los insondables alcances de la estupidez humana vía telefónica, que en este caso ha sido tan reveladora.
El señor Gastón Berardi, que por mensajito conversa con el legislador sobre el contenido de la ley, es Gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Suyai, tal el nombre del emprendimiento que la canadiense Yamana Gold busca instalar en Esquel. Se lo nombraba así para atraer inversores y que no fuese evidente que se trataba de Esquel. El señor Berardi, confirmando las tendencias de la época, fue también Gerente Comercial en el Canal 8 de San Juan.
A la vez, el gerente de comunicaciones de la misma Yamana Gold resultó ser un periodista: Ricardo Bustos, conductor de un ciclo radial mañanero, que tuvo la desventura de querer presionar al cantante Axel para que no hablara del tema minero durante uno de sus shows, cosa que el músico se encargó de divulgar vía Twitter.
El legislador Muñiz, era diputado del justicialista Modelo Chubut, junto al ex gobernador Mario Das Neves. Luego, cayendo Das Neves, este señor flotó hacia el Frente para la Victoria. Su ex jefe de bloque dijo: “En el peronismo siempre están estas cuestiones, hoy alineado acá, y mañana allá”.
Se trataría de la coherencia de la incoherencia.
Siempre interesado en fomentar la minería, ha sido personaje de la publicación Mining Press, aunque uno de sus proyectos más conocidos bucea en otras cavernas: propuso que los funcionarios de los tres poderes se hagan una rinoscopia para blanquear “si están o no en la droga”.
¿Cuál es la trampa?
Los ciudadanos de Chubut apoyaron, a través de la iniciativa popular, un proyecto de Ley. Sin embargo, el dictamen que se terminó aprobando fue bien distinto. Con el voto de 15 diputados, el proyecto sancionado suspende la actividad minera por 120 días y habilita al Ejecutivo provincial a convocar “consultas populares” en las regiones afectadas por cada proyecto de explotación.
Hecha la ley, ¿cuáles son las trampas? Corina explica:
“Hablan de zonificación, pero los ecosistemas no se pueden zonificar. Si se afectan ríos que nacen en la montaña, pasan por la meseta y llegan a la costa este, como ocurre en estos casos, también deberían consultar a Trelew, Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia”.
“En el caso de la meseta chubutense, los principales proyectos mineros están cerca de Gan Gan y Gastre por un lado, y de Paso de Indios por el otro. En el primero hay unos 600 habitantes, y en el segundo unos 400. Son comunidades históricamente postergadas, empobrecidas, abandonadas por el Estado, y dependientes del patrón político de turno, como nos pasa en tantos pueblos del interior. En esa situación, llegan con promesas y prebendas, y es relativamente fácil volcar el voto, manipular la situación con los punteros de la zona. Lo hacen para hacerse los democráticos. Pero que en comunidades tan pequeñas haya problemas de trabajo, implica un fracaso del Estado, al que ahora le agregan esta extorsión, como si la única fuente de trabajo fuese la minería. Van a sacrificar a esas comunidades y van a afectar regiones y poblaciones mucho más allá”.

¿Qué dice la Constitución?
Por eso los asambleístas plantean lo siguiente: “No se trató nuestra iniciativa” argumenta Corina Milán, “sino otra cosa, y usaron un artículo de nuestro proyecto, el más general, para enmascarar una ley minera. Eso es lo más perverso” sugiere y recuerda la frase de Fernanda sobre la trata y los prostíbulos.
En la iniciativa popular se recuerda, además, un párrafo de un libro en desuso en estos casos, llamado Constitución Nacional. El artículo 41 plantea que la defensa del ambiente no sólo es un derecho sino un deber: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Lucas Fossati agrega que lo legislado “vulnera totalmente el derecho constitucional de iniciativa popular”, ya que la Cámara no puede contradecir el espíritu de un proyecto presentado mediante este mecanismo de democracia semidirecta. “Ellos tienen el deber insoslayable de tratarlo tal cual es. Y si van a hacer reformas al menor labrar un acta”.
El asambleísta Roberto Ochandío, afirma: “Desvirtuaron totalmente el espíritu de la Iniciativa Popular. Lo que hicieron es presentar el primer artículo bajo el mismo título, y eliminaron todos los otros. Los cambiaron por artículos donde incluyen la propuesta de zonificación de la provincia, que es lo que hace tiempo están pidiendo las compañías mineras. Con eso abren la puerta para que se hagan plebiscitos locales, más fáciles de manipular”.
Mamarrachos
¿Qué significa la “zonificación”? Definir proyectos mineros, apuntar allí todos los cañones estatales y privados para ganar la aprobación de esas localidades, y correr de la discusión al resto de la provincia. “Nosotros nunca estaremos en desacuerdo con las consultas populares provinciales. Lo que estamos diciendo es que el agua que naca en la Cordillera no es una cuestión de una localidad: de esa cuenca tomamos agua más de 200 mil habitantes” sostiene Fosatti.
Sobre el comportamiento de los bloques, Corina agrega: “En este caso el kirchnerismo votó en bloque contra la iniciativa popular. Además la televisión pública pasó teleteatros caribeños, una película norteamericana y Paka Paka, mientras se producía un debate histórico. Eso también es ningunear la participación popular”.
“La ley es un mamarracho y es absolutamente nula”, sentencia Fossati. “Podremos no lograr la iniciativa popular, pero jamás la van a cambiar por un plan minero. Es la antítesis. En ese sentido, la batalla será judicial, administrativa, en la calle, en todas las regiones, porque las mineras van a tener que confrontar con cada uno de los vecinos en cada pueblo”.

viernes, 28 de noviembre de 2014

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CIDH llama a los Estados a implementar medidas transformadoras



En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama la atención sobre la persistencia de la violencia y múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres en la región.

“La violencia contra las mujeres es lamentablemente un elemento común, arraigado y endémico de la vida en las Américas”, dijo la Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Tracy Robinson. “A la luz de los 20 años de la adopción de la Convención de Belém do Pará, la Comisión insta los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a implementar medidas  transformadoras ante esta situación”, agregó.

En el marco de los 20 años de la Convención de Belém do Pará, la CIDH recuerda que tal instrumento contempla una definición amplia de la violencia contra la mujer que abarca “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, la Convención establece para los Estados la obligación de adoptar medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, las cuales deben tener especialmente en cuenta “la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada”.

Para la CIDH, el carácter transformador de las reparaciones que se dicten en los casos de violencia resulta fundamental para avanzar hacia la garantía efectiva del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. Los Estados tienen la obligación de implementar medidas que atiendan a las raíces estructurales de la violencia y apunten a mejorar la situación de las mujeres en la sociedad. La violencia contra las mujeres, perpetrada tanto en el ámbito público como en el privado, persiste como un fenómeno generalizado, multidimensional, tolerado, impune y subregistrado.

Con ocasión de la mesa redonda “Violencia de Género y Reparaciones”, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, destacó la necesidad de avanzar hacia una perspectiva de reparaciones transformadoras. La Relatora Especial de la ONU sostuvo que “la implementación de las obligaciones de los Estados en reparaciones no es una realidad, [sino que] permanece gravemente subdesarrollada”. La Relatora de la ONU advirtió la necesidad de que, en esta materia, las medidas individuales sean acompañadas de “medidas institucionales y estructurales de transformación”.  

Las acciones que emprendan los Estados para enfrentar la violencia deben considerar la diversidad existente entre las mujeres y, en particular, atender a sectores específicos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y discriminación a causa de la intersección de múltiples factores como  la edad, raza, origen étnico, orientación sexual y su condición social, entre otros.  Las niñas, las mujeres indígenas, las mujeres discapacitadas, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres afrodescendientes, las mujeres que habitan en zonas rurales, y las defensoras de derechos humanos, entre otras, se encuentran expuestas de forma particular a sufrir violencia de género.

La CIDH ha recibido una diversidad de información este año sobre situaciones de violencia contra las mujeres que requieren atención inmediata de los Estados.  En el caso de las mujeres con discapacidad, ha sido reportado que la violencia y la discriminación tienen un impacto especial y diferenciado en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y a menudo se ven afectadas por regímenes legales que las privan del derecho a tomar decisiones autónomas acerca de su propia sexualidad. Asimismo, la CIDH ha recibido información alarmante acerca de la práctica recurrente de violencia sexual “correctiva” perpetrada en contra de mujeres lesbianas, cuyos casos suelen no ser reportados y permanecen en la impunidad, así como también ocurre con las diversas formas de violencia ejercidas en contra de mujeres trans.  

La CIDH ha tenido la oportunidad de resolver un número significativo de casos sobre violencia contra las mujeres a través de sus informes de fondo, soluciones amistosas, medidas cautelares, y casos enviados a la Corte Interamericana que han culminado en sentencias paradigmáticas para los derechos de las mujeres.  La CIDH ha constatado que en la región persisten serias dificultades para dar un cumplimiento integral y oportuno a dichas recomendaciones, particularmente en cuanto a las medidas relativas a la investigación y no repetición de los casos de violencia contra las mujeres.

La CIDH insta a los Estados a cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y, en particular, a garantizar que la institucionalidad pública actúe con la debida diligencia requerida en la investigación, procesamiento y sanción de los casos de violencia contra las mujeres. Es necesaria una respuesta estatal coordinada, integral y urgente que atienda a los casos individuales de violencia y a los patrones socioculturales que generan y perpetúan la misma.

Próxima semana será juicio oral y público contra militares implicados en asesinato de menor



Por Sandra Rodríguez

El juicio Oral y Público contra tres militares implicados en el asesinato del niño Ebed Jassiel Yanes Cáceres, se reprogramó por la Sala Quinta de la Sala de Juicios Orales, para el 1, 2 y 3 de diciembre próximo, ya que uno de los imputados no tenía abogado, por lo tanto se le debía dar tiempo al nuevo defensor para que conozca el expediente.

Los implicados son el sargento Eleazar Abimael Rodríguez, quien esta con prisión preventiva, según consta en el expediente Judicial 1311-2012, acusado de homicidio y abuso de autoridad “porque el arma que estaba asignada a él, salió positiva con el plomo que le extrajeron al cuerpo de mi hijo”, declaró Wilfredo Yanes, padre de Ebed Jassiel, asesinado el 27 de mayo del 2012, en la colonia Villa Vieja, salida a Danlí.

Los otros imputados quienes gozan de medidas sustitutivas, son el cabo Felipe de Jesús Rodríguez y el subteniente Josué Antonio Sierra, Teniente de Artillería, ambos no fueron acusados de homicidio, solo por abuso de Autoridad, falta a los deberes de los funcionarios y encubrimiento, Los imputados pertenecen al Primer Batallón de Fuerzas Especiales.

La audiencia que se llevaría a cabo el miércoles 19 de noviembre, en horas de la mañana, tuvo varios contratiempos, como ser que Eleazar Abimael Rodríguez, quien debía estar presente, no había sido trasladado desde la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, donde está recluido; y que, el imputado Felipe de Jesús Rodríguez, decidió cambiar de abogado, pero la notificación fue a pocos días de la audiencia que se había agendado desde agosto. Aunque ya tenía un nuevo representante, este solicitó diez días para conocer el expediente, sino, no aceptaría la defensa.

Por lo que el Tribunal suspendió para la tarde la audiencia, para contar con la presencia tanto del imputado Eleazar Rodríguez, como la del primer abogado de Felipe de Jesús Rodríguez, para horas de la tarde de ese mismo día.

Al final de la jornada, no hubo audiencia, tratando de resolver estos inconvenientes, que hace que el proceso se dilate, pues para que uno de los imputados no quedara en indefensión, se volvió a citar a los testigos e imputados, para la próxima semana, dejando tiempo a que el nuevo togado conozca del expediente y también se nombró a una abogada de oficio.

Habrá justicia siempre y cuando se pueda ampliar la acusación por el delito de homicidio para las dos personas que el Ministerio Público no acusó al inicio, y de no alcanzar la justicia estamos evacuando la instancia nacional, cualquier cosa que no alcancemos aquí, vamos con una demanda internacional, enfatizó Yanes.

En el caso del asesinato del Ebed Jassiel, también hay otros imputados, el Coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán y nombrado el 1 de febrero de 2013 como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES), el coronel de artillería Jesús Alberto Mármol Yánez, quien durante los meses de mayo y junio de 2012 fungió como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES) y comandante de la Operación Relámpago.

Este oficial tuvo bajo su mando de febrero a julio de 2012 a 300 efectivos militares, destacados en los silos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) de la capital. El 1 de febrero de 2013 fue nombrado Jefe del Departamento de Recursos Humanos (E-1).

Asimismo la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra otros oficiales por el delito de encubrimiento y abuso de autoridad. Los imputados son: El Teniente Coronel Mariano Mendoza Maradiaga, quien se desempeñó como subcomandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales y nombrado comandante del XVI Batallón de Infantería el 21 de enero de 2013.

También fueron acusados el teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes, Subcomandante del X Batallón de Infantería con sede en Marcala, La Paz, nombramiento que se hizo efectivo el 1 de febrero 2013, el Alférez de Fragata José Emiliano Novoa Fúnez, el asesor legal de la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, Juan José Flores Alvarez y el Contralmirante y Auditor Jurídico de las Fuerzas Armadas, Ramón Cristóbal Romero Burgos.

“Busco que se les aplique la ley a las personas que incurrieron en delito, y que sea, según la responsabilidad que hayan incurrido”, afirmó don Wilfredo.

Yo no ando buscando venganza, en la primera audiencia le dije a los muchachos que dispararon contra mí hijo, que los perdonaba, a pesar del daño que hicieron, pero en mi corazón no hay nada negativo para ellos, aseguró el padre de Ebed.

Para Wilfredo Yanes, siempre causa dolor, recordar que el 26 de mayo de 2012, Ebed Haziel Yanes Cáceres, tomó la motocicleta de su propiedad, y en horas de la madrugada del domingo 27, se encontró con un retén militar, fue perseguido por varios efectivos, estos le dispararon hasta quitarle la vida.

Se espera que para la próxima semana se realice la audiencia que durará tres días, lunes, martes y miércoles, donde declaran los testigos citados para este caso, que es representado legalmente por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien cumple el 30 de noviembre 32 años en búsqueda de justicia, documentando, acompañando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, así mismo reconstruyendo  la memoria histórica, para que no se repitan hechos de lesa humanidad.

Las Mirabal de Honduras



Por Rodolfo Cortés Calderón *

La comunidad internacional celebra hoy el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, establecido por la ONU  en 1999. Este día fue dedicado para honrar la vida de las hermanas  Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinados en 1960 en la República Dominicana por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las tres fueron apaleadas y ahorcadas antes de ser arrojarlas a un profundo abismo. Además murió junto a ellas el conductor del vehículo, Rufino De La Cruz, arrojado junto a ellas para simular un accidente.

Las tres hermanas Mirabal procedían de una familia acomodada, todas graduadas universitarias, casadas, con hijos y más de diez años de activismo político. Dos de ellas estuvieron presas por “conspiración y resistencia contra la dictadura”.

En Honduras miles de mujeres han sido asesinadas por su condición de género en las tres últimas décadas y varias de ellas por defender los derechos sociales, feministas, profesionales o ambientales como Ruth A. Mayorquín, María Elena Bolívar, Jeannette Kawas, Ilse Ivania Velásquez Rodríguez,  Margarita Murillo, entre algunas.

Para todas la niñas, jovencitas, mujeres, ancianas; para todas las organizaciones feministas y las organizaciones sociales de Honduras violentadas por el sistema patriarcal-machista, promovido por el gobierno de Honduras a través de sus órganos policiales, militares  y todos sus organismos gubernamentales  represivos, nuestra solidaridad. Para todas las mujeres que de diferentes formas luchan día a día de manera organizada por sus derechos y el bienestar de la sociedad y la familia hondureñas, nuestro agradecimiento especial.

Nuestra honra especial para las mujeres patriotas, luchadoras infatigables y revolucionarias entre ellas, Visitación Padilla y Graciela García, por su enorme legado.

“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”: Minerva Mirabal.

 * Ingeniero agrónomo hondureño


OTAN: Peligro para la paz mundial



Por Immanuel Wallerstein

La mitología oficial dice que entre 1945 (o 1946) y 1989 (o 1991) Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS) se confrontaron entre sí continuamente –en lo político, militar y, sobre todo, ideológico. A esto se le llamó guerra fría. Si ésta fue una guerra, la palabra que debemos subrayar es fría, dado que estas dos potencias nunca se involucraron en alguna acción militar directa contra la otra a lo largo de todo este periodo.

No obstante, hubo varios reflejos institucionales de esta guerra fría. En cada uno de ellos fue Estados Unidos, no la URSS, quien dio el primer paso. En 1949, los tres países que ocupaban Alemania combinaron sus zonas para crear la República Federal de Alemania (RFA) como un Estado. La Unión Soviética respondió remodelando su zona como la Republica Democrática Alemana (RDA).

En 1949, la OTAN fue establecida por 12 naciones. El 5 de mayo de 1955, las tres potencias occidentales terminaron oficialmente su ocupación de la RFA, reconociendo a ésta como un Estado independiente. Cuatro días después, la RFA fue admitida como miembro de la OTAN. En respuesta, la URSS estableció la Organización del Tratado de Varsovia (OTV) e incluyó a la RDA como uno de sus miembros.

Se suponía que el tratado que estableció la OTAN aplicaría únicamente dentro de Europa. Una razón era que los países de Europa occidental tenían todavía colonias fuera de Europa y no deseaban permitir que ninguna agencia tuviera la autoridad de interferir en sus decisiones políticas respecto de estas colonias. Los momentos de confrontación aparentemente tensa entre ambos bandos –el bloqueo de Berlín, la crisis cubana de los misiles– todos terminaron con un resultado que mantenía el statu quo prevaleciente. La más importante invocación de los tratados para involucrarse en acciones militares fue aquella de la URSS que exigía actuar dentro de su propia zona contra eventos que resultaran peligrosos para la URSS –Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Polonia en 1981. Estados Unidos intervino políticamente bajo circunstancias similares, como cuando ocurrió la potencial entrada al gobierno italiano del Partido Comunista.

Este breve recuento resalta el objetivo real de la guerra fría. No era la intención de ésta transformar las realidades políticas del otro lado (excepto en algún momento muy lejos en el futuro). La guerra fría era un mecanismo para que cada bando mantuviera controlados a sus satélites, mientras se mantenía un acuerdo de facto de ambas potencias para dividir el planeta a largo plazo en dos esferas, un tercio para la URSS y dos tercios para Estados Unidos. La prioridad fue puesta en que cada lado garantizara la no utilización de la fuerza militar (en particular armas nucleares) en contra del otro. Esto vino a conocerse como la garantía contra la destrucción mutuamente asegurada.

El colapso de la URSS en dos etapas –la retirada de Europa oriental en 1989 y la disolución formal de la URSS en 1991–, en teoría debió ser el fin de la función de la OTAN. De hecho, es bien sabido que cuando el presidente Mikhail Gorbachev, de la URSS, accedió a incorporar la RDA a la RFA, se le hizo la promesa de que no habría la inclusión de los Estados del Tratado de Varsovia a la OTAN. Esta promesa se violó. Y, en cambio, la OTAN asumió por completo un nuevo rol.

Después de 1991 la OTAN se confirió a sí misma el papel de policía mundial, según para cualquier cosa que considerara soluciones políticas apropiadas para los problemas del mundo. El primer esfuerzo importante de este tipo ocurrió en el conflicto Kosovo-Serbia, donde el gobierno estadunidense echó su peso tras el establecimiento de un Estado de Kosovo y un cambio de régimen en Serbia. Esto fue seguido de otros esfuerzos –en Afganistán en 2001 para expulsar a los talibanes, en Irak en 2003 para cambiar el régimen de Bagdad, en 2014 para combatir al Estado Islámico (ISIS) en Irak y en Siria, y en 2013-2014 para respaldar a las llamadas fuerzas pro occidentales en Ucrania.

Es un hecho que utilizar a la OTAN misma resultó difícil para Estados Unidos. Por alguna razón hubo varias clases de renuencias de los miembros de la OTAN en torno a las acciones emprendidas. Y otra razón fue que, cuando la OTAN se involucró formalmente, como en Kosovo, los militares estadunidenses se sintieron constreñidos por la lentitud de la toma de decisiones políticas en torno a las acciones militares.

Así que, ¿por qué emprender la expansión de la OTAN en vez de su disolución? Esto de nuevo tuvo que ver con la política al interior de Europa y con el deseo estadunidense de controlar a sus supuestos aliados. Fue en el régimen de Bush que el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, hablaba de una vieja y una nueva Europa. Por vieja Europa se refería en especial a la renuencia francesa y alemana a estar de acuerdo con las estrategias estadunidenses. Él veía que los países de Europa occidental se apartaban de sus lazos con Estados Unidos. Su percepción era, de hecho, correcta. En respuesta, Estados Unidos confió en cortarle las alas a los europeos occidentales introduciendo a los Estados de Europa oriental a la OTAN, los cuales Estados Unidos consideró más confiables aliados.

El conflicto en torno a Ucrania ilumina el peligro de la OTAN. Estados Unidos ha buscado crear nuevas estructuras militares, obviamente apuntando a Rusia, bajo la excusa de que estaban pensadas para una hipotética amenaza iraní. Conforme avanzó el conflicto ucranio, revivió el lenguaje de la guerra fría. Estados Unidos utiliza a la OTAN para presionar a los países de Europa occidental para que estén de acuerdo con acciones anti-rusas. Y dentro de Estados Unidos, el presidente Barack Obama está bajo presión pesada para moverse con fuerzacontra la llamada amenaza rusa a Ucrania. Esto se combina con la enorme hostilidad en el Congreso estadunidense ante cualquier acuerdo con los iraníes respecto del desarrollo nuclear.

Las fuerzas que en Estados Unidos y Europa occidental buscan evitar la riesgosa locura militar corren el riesgo de ser superados por ésos que sólo pueden ser llamados el partido de la guerra. La OTAN y lo que simboliza hoy representa un severo peligro, pues entraña el reclamo de los países occidentales de interferir en cualquier parte a nombre de las interpretaciones occidentales de las realidades geopolíticas. Esto sólo puede conducir a conflictos ulteriores altamente peligrosos. Renunciar a la OTAN como estructura sería el primer paso hacia la salud mental y la sobrevivencia del mundo.

Traducción: Ramón Vera Herrera

Pensadores y gestores



Por Eduardo Anguita

¿No es hora de salir de los esquemas/límites de los espacios nacionales para pensar los cambios?

Cierto saber consagrado de las supuestas grandes democracias europeas tiembla por las torpezas de los principalísimos protagonistas. A mediados de 2013, el primer ministro del pequeño ducado de Luxemburgo Jean Claude Juncker dimitía y llamaba a elecciones anticipadas: se habían filtrado las pinchaduras telefónicas realizadas por los espías luxemburgueses. Cualquiera pensaría que Juncker pasaba al olvido. Sin embargo, en mayo de 2014 entró como eurodiputado y desde el 1º de noviembre preside la Comisión Europea. No bien asumió, explotó el bombazo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicaba un informe lapidario: durante dos décadas Juncker habría sido el vehículo para que grandes multinacionales de todo el planeta evadieran impuestos vía la banca luxemburguesa. Juncker estuvo presente en la reunión del G-20 de Brisbane, Australia. Allí, entre los compromisos para un futuro incierto, los mandamases del planeta se comprometían a algo que parece más que básico, casi un desafío a la inteligencia humana. El compromiso, totalmente incierto, es que las multinacionales paguen impuestos en los lugares donde obtienen la renta. Es probable que la mayoría de los lectores ni siquiera se puedan imaginar cómo pudo ser el camino para que se modificara esta ley elemental del mercado: el que invierte en Canadá paga impuestos en Canadá y el que invierte en Nigeria paga impuestos en Nigeria. 

Lo obvio no existe. Al menos para las ciencias políticas y sociales así como para otras disciplinas que intentan dar cuenta de los fenómenos del poder sin partir de otro equívoco como es el de diferenciar poder económico de poder político. La trama de corrupción del actual presidente de la Comisión Europea duró, de acuerdo a los archivos del ICIJ, dos décadas. Más o menos desde el fin del régimen soviético y la creencia de ciertos pensadores de que llegaba el fin de la historia o, dicho de otro modo, la impunidad de las multinacionales. Pensadores como Francis Fukuyama o Samuel Hungtington se floreaban hace dos décadas con categorías altamente conservadoras y de resentimiento a las ideologías revolucionarias. Las usinas del pensamiento burgués gozaron por un par de décadas de un contexto altamente conveniente: enfrente estaba el alicaído autoritarismo soviético y todos los medios se horrorizaban con el control social que hacía la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, a través de las escuchas ilegales. En cambio, el demócrata cristiano Juncker está más que blindado por el poder mediático.

¿No es hora de salir de los esquemas/límites de los espacios nacionales para pensar los cambios? ¿Se puede pensar el altermundismo? ¿Cómo y quiénes contribuyen a que la palabra sea acción y la acción tenga enunciados verbales? Así como las grandes compañías necesitan borrar las barreras nacionales para maximizar sus rentas y cuentan con sus batallones armados y sus batallones de publicaciones, una infinidad de partidos políticos, movimientos sociales, de colectivos confesionales, laicos, organizaciones de trabajadores y de todo tipo ejercen una fuerte resistencia a este esquema de concentración de poder mundial. El consorcio internacional de periodistas no se propone como una voz ideológica contra el sistema: apenas reivindica el ejercicio consecuente de lo que un siglo atrás era el surgimiento de los muckrakers, cronistas que metían los pies en el barro y contaban las miserias de los poderosos en tiempos de Teodoro Roosevelt. No es poca esa contribución. Pero no parece suficiente con mostrar las miserias o la decadencia de los poderosos. Carlos Marx explicó que una de las formas de acumulación primitiva del capital fue la rapiña. ¿Por qué pensar que este sistema –así como otros que lo precedieron– va a abandonar la rapiña o, incluso, la guerra como modo de apoderamiento de riquezas? Pensar, según Marx, también es hacer. Los filósofos se ocuparon hasta ahora de interpretar al mundo –también dijo Marx en sus célebres Tesis sobre Feurbach–. De lo que se trata es de transformarlo.
Nota: Este artículo es el primero del Informe especial "Pensar la actualidad", publicado por Miradas al Sur.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Empresas multinacionales operan con opacidad, señala informe de Transparencia Internacional


Revistazo

Muchas de las 124 empresas evaluadas tienen operaciones en Honduras; el informe señala ausencia de políticas internas que prohíban el pago de sobornos y omisión de reportar sobre ingresos como puntos de preocupación.

El informe, Transparencia en la información difundida por las empresas (Transparency in Corporate Reporting), analizó 124 compañías incluidas en la lista de las empresas cotizantes en bolsa más grandes del mundo, publicada por la revista Forbes. Las compañías, cuyo valor de mercado combinado supera los US$ 14 trillones, se clasifican en función del grado en que informan las medidas que adoptan para prevenir la corrupción, sus datos sobre subsidiarias y participaciones, e información financiera clave sobre sus operaciones en el exterior. Según estos criterios, las empresas del Reino Unido muestran el mejor desempeño, mientras que aquellas de China se ubican en los últimos puestos.

“Necesitamos más transparencia por parte de compañías multinacionales, cuyo poder en la economía mundial prácticamente se equipara al de los países más importantes”, expresó el presidente de Transparency International, José Ugaz. “El mayor poder económico viene acompañado de mayor responsabilidad. La conducta empresarial indebida posibilita la corrupción, que a su vez genera pobreza e inestabilidad. Al no responder a los reclamos populares de mayor transparencia y rendición de cuentas, las empresas se arriesgan a que se desprestigie su marca y a perder clientes”.

Empresas con operaciones en Honduras no prohíben el soborno`

Entre las empresas que según TI no cuentan con 
políticas explicitas contra el soborno se encuentran 
varias del ramo farmacéutico que fabrican medicamentos
 adquiridos en Honduras por la Secretaria de Salud y el IHSS.”

Un hallazgo importante del informe es que el 55% de las empresas analizadas no cuentan con políticas internas que prohíben de forma explícita el uso de “pagos de facilitación”—más conocidos como sobornos. Entre estas empresas que según TI no cuentan con este tipo de política en sus reglamentos, se encuentran varias que tienen una fuerte presencia en la economía hondureña, tales como América Móvil (Claro), Citigroup, Unilever, Toyota, y varias empresas del ramo farmacéutico tales como Abbott Laboratories, Merck y Roche.

Otras empresas farmacéuticas que fabrican medicamentos comprados para uso en la Secretaría de Salud y el IHSS, tales como AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk y Sanofi, cuentan con reglamentos que prohíben el soborno, pero muestran otras deficiencias en cuanto a la transparencia de sus operaciones.

Para Carlos Hernández, representante del capítulo de TI en Honduras (la Asociación para una Sociedad más Justa), este informe subraya la importancia de la firma el mes pasado de un Pacto de Integridad entre la Secretaría de Salud y todas las empresas farmacéuticas que pretenden suministrar medicamentos al sector público en el próximo año.

Como representante de TI estamos buscando la forma en que las compras de medicamentos sean más transparentes y que no volvamos a practicas irregulares que tuvimos en el pasado" Expresó Carlos Hernández.


Compañías que no están en condiciones de cumplir con las normas que exigen informar sobre cada país
El informe muestra que las principales compañías de petróleo, gas y minería del mundo no están preparadas para el tipo de normas sobre transparencia que entrarán en vigencia en toda la UE a partir de julio de 2015. Estas regulaciones exigen que las industrias extractivas informen pagos, como impuestos gubernamentales, desglosados por país y por proyecto. En los Estados Unidos, el artículo 1504 de la Ley Dodd-Frank de 2010 prevé medidas similares, pero la implementación ha sido frenada a raíz de una demanda interpuesta por un grupo de lobby petrolero. Las respectivas normativas se aplicarán a grandes empresas constituidas en la UE, y a empresas que coticen en las bolsas de valores de la UE o los EE.UU.

De las 24 compañías del sector extractivo en el informe que estarían alcanzadas por las nuevas normas de la UE y los EE. UU., 19 informan sobre pagos de impuestos e ingresos en menos de la mitad de los países donde operan. Solamente BHP Billiton, Statoil y las empresas indias ONGC y Reliance divulgan pagos de impuestos en casi todos los países extranjeros en los que tienen presencia.

“Las empresas deben proporcionar mayor información sobre sus operaciones financieras. La transparencia permite a los ciudadanos conocer el alcance de las operaciones de una compañía en su país. También es fundamental hacer un seguimiento del flujo de dinero entre gobiernos y empresas, que puede estar sujeto a corrupción”, dijo Ugaz.

Las empresas del Reino Unido muestran un desempeño satisfactorio
Las 13 empresas del Reino Unido incluidas en el informe mostraron un desempeño destacado en cuanto a la información que difunden sobre medidas para prevenir la corrupción. Todas se comprometen públicamente a cumplir con las leyes contra la corrupción y cuentan con medidas para la denuncia de irregularidades, así como códigos de conducta o políticas contra la corrupción aplicables a todos los empleados. Desde que en 2011 se encuentra vigente en el Reino Unido una rigurosa ley contra el soborno, muchas grandes empresas de ese país han fortalecido sus procedimientos. Se encuentra disponible para consulta un informe separado sobre la transparencia de las compañías del Reino Unido, que también se publicó hoy. Las 44 empresas estadounidenses se comprometen públicamente a cumplir con las leyes contra el soborno vigentes desde 1977.

Cuatro empresas (BHP Billiton, ENI, Statoil, Vodafone) tienen una puntuación de más de seis sobre diez. Las cuatro empresas informan sobre diversas medidas de prevención de la corrupción y divulgan información de subsidiarias. Sin embargo, solo tres empresas, Statoil, Telefónica y Vodafone, tienen una puntuación superior al 50 por ciento en cuanto a presentación de informes por país, y divulgan los pagos de impuestos en casi todos los países en los que operan, si bien no revelan la totalidad de la información financiera.

Las compañías de China, muy rezagadas
Al final del ranking, se ubican 11 compañías que obtuvieron una puntuación de dos puntos sobre diez o menos, en gran parte debido a que no informan si tienen las medidas de prevención de la corrupción que son comunes para las compañías que se ubican en puestos más altos del ranking.

Las ocho compañías chinas incluidas en el informe obtuvieron menos de tres puntos sobre diez, y seis de estas empresas se encuentran entre las últimas 11 del índice.

→ En seis de las ocho compañías chinas, los líderes no demuestran apoyo público a la lucha contra la corrupción.
→ Solo una indica que cuenta con una política sobre obsequios y gestos de hospitalidad, y apenas una informa acerca de protección de denunciantes y canales para denunciar hechos de corrupción.
→ Ninguna prohíbe expresamente los pagos de facilitación (sobornos de poca cuantía utilizados para obtener un favor).
→ Ninguna divulga información financiera en ninguno de los 59 países extranjeros donde operan en todo el mundo.

Una encuesta realizada en 2011 por Transparency International a 3,000 Directores Ejecutivos reveló que las compañías de China eran consideradas como las más propensas a pagar sobornos en operaciones comerciales internacionales. Transparency International volvió a instar a China —la nación comercial más importante del mundo— a sumarse a la Convención de la OCDE contra el Soborno, que establece estándares para que los gobiernos investiguen y procesen a empresas que ofrecen sobornos a gobiernos extranjeros.

Decepcionante actuación de compañías de tecnología
El informe incluye a 44 empresas estadounidenses, entre las cuales Amazon, Berkshire Hathaway y Google mostraron el peor desempeño. Apenas dos compañías estadounidenses difunden los pagos de impuestos en países extranjeros (ConocoPhillips en Canadá, Walmart en Chile).

Resulta desconcertante que el sector que posibilita que haya mayor transparencia sea uno de los menos transparentes. Los gigantes tecnológicos estadounidenses Amazon, Apple, Google e IBM tuvieron puntuaciones de menos de tres puntos sobre diez.

Amazon, Apple y Google se encuentran entre siete compañías estadounidenses cuyos líderes no demuestran públicamente que apoyen la lucha contra la corrupción en sus sitios web. Ni Amazon ni Apple indican si ofrecen capacitación contra la corrupción a su personal. Amazon es la única compañía estadounidense que no suministra información sobre su política de obsequios, gestos de hospitalidad y gastos, como así tampoco respecto de los canales que proporciona para quienes desean presentar denuncias. Sin embargo, la totalidad de las 44 empresas estadounidenses permiten que el personal denuncie casos de corrupción.

“Las compañías de tecnología están impulsando cambios que permiten que haya mayor apertura y rendición de cuentas en nuestras sociedades. Deberían representar un ejemplo de transparencia para las demás compañías. Esperamos que estén a la altura del potencial de sus productos y que sean más transparentes respecto del modo en que operan”, señaló el Director Ejecutivo de Transparency International, Cobus de Swardt.

Y siguen los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y culturales



Por Joaquin Mejia 

Uno de los elementos fundamentales para determinar si un país puede catalogarse como un Estado de derecho es el respeto del principio que garantiza el imperio de la Constitución.

Ello implica que las leyes deben ser adoptadas por los órganos que representan la voluntad general, como por ejemplo, el Congreso Nacional, y además que el contenido de tales leyes no sea contrario a lo establecido por la Constitución de la República.

"Mientras el presupuesto de las fuerzas armadas se ha duplicado,
 se contempla recortes para salud y educación." 

En este sentido, es importante insistir en la importancia del artículo 64 constitucional que prohíbe la aplicación de leyes que disminuyan, restringen o tergiversan los derechos humanos establecidos en la Constitución.

En otras palabras, este artículo consagra el principio de progresividad que le impone a los poderes públicos la obligación de avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de los derechos humanos, y la prohibición de tomar medidas regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes.

El posible recorte de 99 millones de lempiras que experimentará el próximo año el presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” es un nuevo ejemplo de lo que el gobierno tiene prohibido hacer pues tendrá unos efectos terribles en la calidad de la enseñanza y el derecho humano a la educación.

Y mientras se reducen los presupuestos de salud y educación, Honduras es el país centroamericano que más aumentó sus gastos militares desde 2008 cuando el presupuesto de defensa era de más de 121 millones de dólares, llegando a más de 252 millones de dólares en 2014, lo que implica un aumento de 108%.

Está claro que la prioridad de los últimos gobiernos son las armas en detrimento de derechos tan elementales como la salud y la educación de la población.

El costo de ser reina de belleza en América Latina



Y ése fue el caso de María José Álvarez Alvarado, Miss Honduras 2014, una estudiante de clase media baja cuya vida se vio truncada con el advenimiento de la fama. De dos balazos se acabó la carrera de esta reina de la belleza, de 19 años. La encontraron sepultada bajo tierra junto a su hermana Sofía en un establo a 200 kilómetros de la capital, Tegucigalpa.

En Honduras, como en otros países de la región, los concursos de belleza son el deporte nacional.

Existen de todas las categorías imaginables y no existe pueblo, organización, gremio, sindicato o Carnaval que se precie que no tenga su propio concurso.

Mujeres sin grandes oportunidades se alistan en los certámenes para tratar de labrarse un futuro mejor.

Y ése fue el caso de María José Álvarez Alvarado, Miss Honduras 2014, una estudiante de clase media baja cuya vida se vio truncada con el advenimiento de la fama.

De dos balazos se acabó la carrera de esta reina de la belleza, de 19 años. La encontraron sepultada bajo tierra junto a su hermana Sofía en un establo a 200 kilómetros de la capital, Tegucigalpa.

La joven aspiraba a asistir a la 64a. edición de Miss Mundo, que se va a celebrar el próximo 14 de diciembre en Londres.

El trágico desenlace ha puesto punto final a una historia que se repite una y otra vez como una maldición entre las reinas de América latina.

El asesinato de Álvarez es el tercero de una Miss en 2014 tras el homicidio durante un robo de Mónica Spear (Miss Venezuela 2004) y la también venezolana Génesis Carmona (Miss Turismo Carabobo 2013), fallecida tras recibir un balazo durante unas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque se trata de casos aislados, el número de reinas asesinadas en la última década puede interpretarse como una peligrosa tendencia.

El secretario de Asuntos de Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, advirtió que en el continente más peligroso del mundo ser una "personalidad de alto perfil" convirtió a las Misses en objetivo "del robo, los celos y la extorsión".

Llevar la corona se convirtió en un oficio de alto riesgo.

El primer caso (y tal vez el más emblemático) que azotó al mundo de la belleza fue el asesinato de la lindísima activista de izquierdas guatemalteca Rogelia Cruz, que en 1958 se alzó con la corona de Miss Guatemala y militaba en una de las primeras organizaciones guerrilleras del país, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).

Cruz, que al año siguiente se presentó al certamen de Miss Universo, fue secuestrada, violada y asesinada diez años más tarde por un comando de la muerte paramilitar.
Tras su asesinato se convirtió en una mártir por los derechos sociales en Guatemala y recientemente se estrenó un documental sobre su figura.

El fenómeno que más ha castigado a las Misses es el de las "narcomujeres".

Desde que el legendario capo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, se casó con Marta Lucía Echeverry, Miss Colombia 1974, las reinas se convirtieron en auténticos trofeos para los traficantes.

Ése fue el caso de la actriz colombiana de la famosa telenovela Pasión de Gavilanes, Liliana Lozano. Lozano (Miss Carnaval de Colombia 1995) apareció años más tarde brutalmente torturada junto al hermano de su marido, el traficante de cocaína Leónidas Vargas.

Y como si fuera parte de la película mexicana Miss Bala (2011), en la que una candidata al concurso de belleza de Baja California acaba envuelta en una espiral de drogas y violencia, Miss Sinaloa 2012, "Suzy" Flores, murió en 2013 durante un tiroteo entre soldados y sicarios en el que se relacionó a su novio, el peligroso matón del cartel de Sinaloa Orso Iván Gastelum, alias "el Cholo".

Pero hay muchas más: Karen Virginia Blanco (Miss Turismo Venezuela 2007) fue asesinada junto a su novio en 2011; Karla Contreras (Reina de la Facultad de Contabilidad y Administración de Sinaloa, México) fue baleada a los 19 años cuando viajaba en un Cadillac de lujo en 2013.

Todos estos crímenes tuvieron una gran trascendencia social y mediática e indican que en un continente donde la belleza tiene tanta importancia, las reinas acaban rodeadas de la gente más poderosa y, a menudo, más peligrosa. Es el precio a pagar por llevar la corona.

Paradójicamente, el sueño cumplido de estas jóvenes no logró alejarlas del clima de violencia que se vive en muchos países de América latina, un continente que a pesar de encadenar una década de crecimiento económico ha sido incapaz de rebajar de forma sustancial los índices de desigualdad e inseguridad.

Ellas son, simplemente, las caras visibles de un fenómeno que no distingue a las bellezas.

“Hacemos trabajo de denuncia, porque hay muchos casos de violación de los derechos humanos”


Rebelión

Por Enric Llopis

Originario del pueblo Nasa de Jambaló, Juan Dagua Pechucue es un comunicador indígena comprometido. Trabaja en el Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), entidad nacida en 1971 que organiza a 115 cabildos y a las comunidades indígenas de este departamento colombiano. Es, además, miembro de la Red Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC). Juan Dagua destaca la labor de estos medios “alternativos” en la recuperación de las tradiciones de los mayores, la lengua y la cultura, pero también en la denuncia, “porque en el Cauca hay muchos casos de violación de los derechos humanos”. Recientemente, ha participado en la séptima edición de la Mostra Itinerante de Cine y Vídeo Indígena, organizada por Perifèries, EntreIguales, la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació (CLACPI) y la Coordinación de los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI).

- ¿Cuál es la génesis del Programa de Comunicación del CRIC?
- El Consejo Regional Indígena nació en 1971 y a él pertenecen la mayoría de los cabildos y comunidades indígenas del Cauca. Nace con una serie de puntos: la recuperación de tierras, el no pago del “terraje” (impuestos que se pagan a los terratenientes), el fortalecimiento de la educación propia y los cabidos, entre otros. En el transcurso de los 43 años se vio la necesidad de crear el Programa de Comunicación, que es una herramienta para visibilizarnos. Tratamos, por ejemplo, de recuperar la “comunicación propia”, es decir, las formas de vida de nuestros mayores, los rituales y nuestra cosmovisión, que se estaban perdiendo. Antes se escuchaba a los mayores, la educación venía de la familia, desde el fogón, se reunían para decidir qué iban a hacer. O el agradecimiento a los seres que nos rodean, entre ellos la madre tierra.

- ¿Cómo funciona este proyecto comunicativo?
- Hacemos parte del proyecto político del CRIC (defensa de los derechos humanos, la guardia indígena, el derecho propio, mujeres y jóvenes, etcétera). Como estructura, estamos coordinando las emisoras indígenas que tenemos en el Cauca. Hay una página Web del CRIC con las actividades que realizan las comunidades y que así se visibilizan. Hacemos audios o videoclips para reforzar los textos. Hacemos un videoclip educativo y vamos a las comunidades a socializar. Por ejemplo, de lo que pasa en el norte las comunidades no se dan cuenta. Entonces, cuando hay grandes eventos, vamos allá a hacer videoforos. También hacemos mucho trabajo de denuncia, porque tenemos muchos casos de violación de los derechos humanos, entre ellos asesinatos, desplazamientos y atropellos a los indígenas.

- ¿Os queda mucha labor por delante?
- En el Cauca tenemos 10 emisoras indígenas, pero a nivel nacional se requieren más. Por eso estamos exigiendo al gobierno tener una política pública de comunicación indígena, que no la tenemos. Desde el año pasado estamos en una mesa de diálogo con el gobierno. Además, en el Cauca contamos con emisoras indígenas y comunitarias. Pero son comunitarias que, aunque las maneje el municipio, el 90% del contenido es indígena.

- Eres miembro de la Red Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC). ¿Qué iniciativas lleváis a término?
- Acompañamos grandes eventos que se hacen en las comunidades, congresos o asambleas. Entonces vamos y desde allí transmitimos a través de la página Web, y después las emisoras se enlazan. De esa manera aportamos para que la gente conozca lo que pasa. Hay retransmisiones en directo, pero también pregrabados y entrevistas que enviamos. Hoy día estamos trabajando en un espacio informativo que grabamos todos los jueves y el viernes lo publicamos. Es el Informativo Regional AMCIC. Se elabora a partir de las noticias que nos mandan las emisoras de cada una de las comunidades (Yanacona, Misak, Nasa, Totoró o Kokonuko) y se emite a toda Colombia.

- Algún proyecto concreto en el que hayas participado…
- Trabajé en un municipio de 16.000 habitantes, Jambaló, en el Cauca. Allí pertenecemos el 95% al pueblo nasa. En 1998 surgió una emisora comunitaria que continúa hoy. La mayor parte de la programación es informativos y música de nuestra región. Hablamos en nuestro idioma Nasa Yuwe. Como está muy cerca del pueblo Misak también se habla su lengua. Nosotros le damos participación a la comunidad. Vamos a las mingas, a las reuniones, hablamos con la gente…Quien quiera puede hablar o saludar en sus idiomas, o explicar lo que está pasando. Nosotros lo transmitimos. El proyecto ha tenido mucha acogida. Pero hoy vemos que en Jambaló el terreno no es plano. Sólo estamos en FM y es muy complicado llegar con la emisora a todas las familias y veredas.

- ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados por los pueblos indígenas?
- Las radios. Las emisoras de radio indígenas se utilizan mucho cuando hay grandes eventos. También el audiovisual. Ahora tenemos canal indígena de televisión (como CRIC) que nos permite hacer videoforos. A nivel nacional hay un programa de televisión indígena en Canal Capital de Bogotá, que nos da un espacio a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Es un espacio de 30 minutos de noticias de las comunidades indígenas, presentado por los mismos indígenas.

- ¿Y en cuanto a los contenidos?
- En medios regionales, además de la denuncia, los procesos en los cabildos, la educación indígena, salud, justicia propia o rituales. A nivel nacional, lo que se viene haciendo en los diálogos permanentes entre los pueblos indígenas, o también con el gobierno.

- ¿Con qué tipo de reportajes difundís la realidad del Cauca?
- Por ejemplo hay un programa radial, “Desde el fogón de los mayores”, un espacio cultural donde todo el mundo participa. Muchas veces cogemos un tema para hacer un programa de 25 ó 30 minutos, y lo enviamos a la emisora para visibilizar lo que hacemos a nivel regional. Hacemos documentales, que creemos es una buena alternativa. También materiales educativos para que los jóvenes los aprovechen en la escuela (hay vídeos para niños en nuestro idioma Nasa Yuwe y en lengua Namrik). O audiovisuales de los rituales de semillas, una actividad que consiste en armonización, ir a la minga, a danzar, a trabajar, es un ritual espiritual y de conexión con la naturaleza, para pedir permiso y que haya producción.

- ¿Y en cuanto al trabajo de denuncia?
- Hicimos un documental sobre la violación de los derechos humanos en Totoró. Llegó la policía a las dos de la mañana y atropellaron a un mayor que fue gobernador indígena y consejero. Lo amarraron y se lo iban a llevar diciendo que eran “águilas negras”. La reacción de la guardia indígena y el cabildo impidió que se lo llevaran. En el Cauca aparece mucho el tema de las amenazas, pero es el mismo ejército y la policía los que hacen esto para que la gente abandone el territorio. En otro audiovisual fuimos a las comunidades indígenas más alejadas y conocimos las problemáticas. Cómo se está contaminando en la “bota caucana” el agua a través de la explotación minera y cómo se están dañando los bosques. En una zona con población Inga, Nasa y Yanacona.

- ¿Tenéis en cuenta la proyección al exterior?
- Ahora estamos socializando en Europa el vídeo “En Minga por la vida en nuestro territorio”, sobre los 50 años de lucha y resistencia del CRIC. Allí aparecen los sitios sagrados, lenguas, prácticas culturales de los pueblos Nasa, Totoró, Yanaconas, Kokonuko, Siapede y Misak. Fuimos a las comunidades a acompañar y entrevistar. Luego se hizo un trabajo de edición. Además, del 25 al 29 de noviembre de este año se realizará en Popayán, en la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural, el Foro Nacional-Internacional de Comunicación Indígena y Políticas Públicas. Uno de los objetivos es compartir la experiencia de Colombia en el ejercicio del derecho a la comunicación indígena y la formulación de una política de comunicación propia. También, coordinarnos para una estrategia internacional.

- Por último, ¿cómo se abordan los diálogos de La Habana en los medios de comunicación indígenas?
- Es bastante analizado, aunque nosotros como indígenas no tenemos participación en los diálogos. Ellos, el gobierno y las FARC, están hablando como armados. Sí se apoya el que haya un fin del conflicto, pero para nosotros la paz no es eso. Tanto el gobierno como la insurgencia siguen asesinando. El gobierno sigue entregando el territorio a multinacionales. Entonces, va a seguir el conflicto. A través de los medios “alternativos” escogemos un tema, por ejemplo, cuál es la agresión que está habiendo hoy. Los líderes hablan y dicen cómo entendemos la paz: tener educación, que nos respeten los derechos y especialmente los territorios. Y estar en armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza.