Diputados aseguran que desarme en zonas turísticas no es solución a la violencia en Honduras
El nueve de julio pasado, en consejo de ministros, el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, declaró el departamento de Islas de la Bahía como “zona libre de armas o zona de desarme”, asegurando que con la medida habrá más seguridad para los turistas que visitan la isla.
Sin embargo, a criterio de algunos diputados, el desarme debería realizarse a nivel nacional, aunque este no logre disminuir los altos niveles de violencia y criminalidad en el país.
De acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en 2013 el 83.3 por ciento de los homicidios en Honduras se realizaron con arma de fuego.
Luis Redondo, diputado del Partido Anticorrupción, opina que la orden de desarme debería de darse a nivel nacional; señala que el desarme en las zonas turísticas será únicamente para las personas que portan un permiso para el uso de armas y “no para los delincuentes”.
“Van a hacer desarme de los ciudadanos que tal vez quieren protegerse, o van a haber personas que van a esconder sus armas; mire, hay gente que es honrada, que ha sido secuestrada, por ejemplo, y que se van a negar a entregar las armas porque han pasado situaciones donde no hay nadie que le garantice seguridad”, expresó Redondo.
Agrega que el desarme se tiene que hacer a través de una ley y permisos específicos, que deben aplicarse a todo nivel. “En el tema de los destinos turísticos…hay que poner más policías”, dijo.
Según lo acordado en el consejo de ministros, el desarme en Islas de la Bahía es un proyecto piloto que posteriormente se desarrollará en otras zonas turísticas del país.
Edgardo Casaña, secretario de bancada del Partido Libertad y Refundación, considera que con la medida lo único que se busca es proteger el ingreso de divisas.
“Yo creo que debemos de apostarle al desarme de la criminalidad, al desarme de todos aquellos que forman parte del crimen organizado. De qué le sirve a usted quitarle un arma a un ciudadano que anda debidamente, si quien delinque, si quien comete crimen va continuar armado y con armas de alto poder”, detalló Casaña.
Casaña comentó que las autoridades gubernamentales deben implementar salidas más integrales que resuelvan de “una vez por todas el flagelo de la inseguridad en el país, y no focalizar medidas que si bien es cierto vendrán a apalear de una forma u otra el tema, pero nosotros debemos apostarle a una nueva ley de portación de armas, no utilización de los elementos para que estén cuidando bancos de la empresa privada y cuidando a funcionarios”.
Proponen exámenes psicológicos
La ley en Honduras estipula que toda persona en ejercicio de sus derechos ciudadanos, podrá pedir una o varias licencias para la tenencia y portación de armas de fuego.
Oscar Álvarez, presidente de la bancada nacionalista, manifiesta que debe existir una revisión de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, y establecer que se realicen exámenes psicológicos a las personas que soliciten permiso para portar armas.
“En una revisión de la ley establecer parámetros, si sería un médico privado o un médico del Estado, lo importante es que la persona que va a tener un arma tenga la capacidad mental para poder utilizarla, que no sea de tendencia agresiva, que no sea una persona que va a utilizar el arma para poder sacar afuera sus instintos agresivos”, dijo Álvarez.
Agregó que las armas deportivas y “las personas que son honestas no pueden ser satanizadas. Hay que revisarla –la Ley-, yo no digo que estoy en contra de revisar la ley de tenencia y portación de armas, lo que sí les voy a decir que mientras no se aplique la ley, por ejemplo, la Ley de Portación y Tenencia de Armas de Guerra cualquier cosa que pongamos no va a tener ningún efecto”.
Autoridades de la Policía Nacional, anunciaron en junio pasado, la destrucción de 7,680 armas de fuego y 5,000 proyectiles decomisados en diferentes operativos y allanamientos realizados a nivel nacional.
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