miércoles, 2 de abril de 2014
Secretos Oficiales… Vulneran derecho a Informarse
Por Hernán Arguello A.
"Si debiera optar entre un gobierno sin prensa libre, o la prensa libre sin gobierno, preferiría la segunda."
T. Jefferson, 3º Pres. USA
La libertad de prensa, comprende a los medios de comunicación escrita, radial y televisiva. Entre los medios escritos están los diarios, en los orales las radios y finalmente los televisivos con mayor alcance que los otros dos ya mencionados. Los medios escritos en nuestro medio son los de menor impacto, pues únicamente abarca a los alfabetos, que en nuestros países, sabemos que de acuerdo al concepto moderno de éstos, no alcanzan ni siquiera el 30 % de la población.
Pero los dos actores principales, gobierno y medios, saben que el pueblo tiene derecho a informarse; a saber la verdad de los actos del gobierno, por ser base y fundamento de una verdadera democracia. Una premisa importante, es informarlo verazmente, para así esperar de él, opiniones serias y fundamentadas, que contribuyan a una acertada toma de decisiones.
Pero la lucha por la libertad de prensa, viene del tiempo de los reinados europeos, y es tan fundamental que cuando estalla la Revolución Francesa –Siglo XVIII- Mirabeau Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente proclama que: “la primera de nuestras leyes, consagre para siempre la libertad de prensa, la libertad más inviolable y más ilimitada, una libertad sin la cual jamás podrán consagrarse las otras”. Es decir, que declara la libertad de prensa como primaria, y base principal de las otras leyes; o bien, que sin esta, las demás pasan a ser secundarias.
Y, Jean François Revel, nos dice: “Si la democracia, es el régimen en el cual los ciudadanos deciden las orientaciones generales de la política interior y exterior… esta es la razón, por la cual la mentira es tan grave en la democracia, régimen que sólo es viable en la verdad, y lleva a la catástrofe, si los ciudadanos deciden sobre informaciones falsas”.
Pero, antes fue muy difícil que el pueblo opinara acertadamente, porque la información básica que le proporcionaban los gobiernos, venía deformada por intereses aviesos, o por el capricho del gobierno y sus personeros oficiales, posición que siempre fue considerada abusiva. Pero ahora con la nueva Ley de Secretos Oficiales, -Legislación, cuyo propósito evidente es garantizar la impunidad en los actos de gobierno al evitar el conocimiento público de situaciones que afectan a la nación, es, en principio, inconstitucional porque atenta contra la declaraciones, derechos y garantías constitucionales relacionadas con la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado…TIEMPO 12/03/14- desaparece la mínima oportunidad de obtener la información veraz. Nadie objeta, que se omita información cuando la misma está vinculada realmente con planes de seguridad nacional, o de lucha contra el narco tráfico, pero tal como se aprobó la ley, se corre el riesgo que no se den informaciones torales promotoras de corrupción, bajo el amparo del calificativo “por seguridad nacional”; y, los altos y medianos colaboradores del gobierno, se protejan así legalmente, para omitir informaciones que a su criterio puedan provocar repulsa y rechazo de la ciudadanía. Se nos dará probablemente sólo la broza, o la información de los actos sin mayor impacto en la prevención de la corrupción, convirtiéndose de hecho en ley procorrupción.
Con la nueva ley, seguiremos con la tónica de darnos cuenta de escandalosos actos de corrupción cada 3 o 4 años, como los que estamos viendo en el IHSS, el INA, la alcaldía de SPS, el alquiler de 10 lanchas rápidas, -que inicialmente costaban nueve millones de dólares (9 millones), en corto tiempo pasan a costar sesenta y dos millones de dólares (62 millones)- Diario Tiempo 27/02/149”,… cuando el dinero de los contribuyentes ya se ha esfumado, y la recuperación se vuelve ilusoria y menos que imposible. Pero lo peor es, que el nuevo gobierno lejos de orientarse en la línea de la rectificación anti corrupción, como aprobar la Ley de Rendición Anual de Cuentas, aprobó la ley totalmente contraria de la “secretividad de los actos del gobierno”.
Si durante los gobiernos anteriores había gran reticencia a dar informaciones confiables a los medios, lo que nos llevó a alcanzar valores espeluznantes de corrupción y pobreza, a tal grado, que es un hecho de público conocimiento, indiscutible y de todos conocido que: “Una cifra conservadora, sostiene que en Honduras, el veinticinco por ciento del presupuesto nacional, se desperdicia o se desvía por actos corruptos, y eso equivale a unos cuarenta mil millones de lempiras”. Que expresado en otros términos, confiables y equivalentes, podemos decir, que: “Se estima conservadoramente que en Honduras, el veinticinco por ciento del presupuesto nacional, se desperdicia o se desvía por actos corruptos, y eso equivale a unos cuarenta mil millones de lempiras”.
La nueva ley, legalmente autoriza a los personeros del gobierno, a callar toda información que puede producir repulsa y oposición del ciudadano por sus funestas consecuencias; y si hasta ahora como dice el Lic. Jorge Bueso Arias, “por el amor de Dios no hemos castigado a nadie por actos corruptos y en una movida se puede llevar una persona cinco, diez, quince millones de lempiras”. En adelante, dichas estimaciones de corrupción pueden resultar irrisorias, pero con grados de legalidad como soporte. De nuevo nos encontramos con la acertada sentencia del Jurista Franco Sodi, que se pregunta: ¿“Y la Constitución?. Es un ideal pero nada más. Parece que fue redactada para pisotear sus normas… Nuestro pueblo no cree en la justicia, y tiene razón”. Y de nuevo entre nosotros lo consignado por la constitución sale sobrando, ya que la nueva ley violenta lo que se consigna en esta, y que dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la Ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos e indirectos restrinjan o impidan la circulación de las ideas y opiniones”. Es decir que en la sentencia de Sodi, México puede sustituirse por Honduras, Nicaragua, Ecuador, etc. Además, omitimos transcribir los conceptos que sobre libertad de prensa se establecen en la OEA y la ONU, en los artículos 13 y 19 respectivamente, que la ley de secretividad transgrede, y que los países miembros se obligan observar.
Irónicamente, es una máxima en los gobiernos elegidos por el pueblo (nótese que no decimos democráticos), que cuando ya detentan el poder, escondan a sus electores, o bien a quienes los eligieron, la información real. Es decir, que aceptan que el pueblo tenía la suficiente madurez para elegirlos, pero no para conocer y razonar la información real y objetiva de sus actos. ¡Paradoja de la democracia!
Desgraciadamente nuestros gobiernos se ven obligados a decir mentiras, y lo que es más grave como bien dice J. F. Revel: “En las democracias, cuando el poder engaña a la opinión, se ve obligado a hacer concordar sus actos con los errores que ha inculcado”. Es decir, que la mentira casi siempre es una constante, de la cual ya no pueden desviarse, y muy acertadamente decía W. James, que llega un momento “que hasta ellos mismos creen en sus propias mentiras”.
Finalmente, no queremos dejar el presente artículo, sin mencionar la triste realidad que sabiamente ya han planteado otros, que dice: “Si la democracia es el régimen en que los ciudadanos deciden las orientaciones generales de la política interior y exterior... ese régimen no puede funcionar en interés de sus miembros, si los electores no están primordial y correctamente informados de los asuntos nacionales… ”.
Es decir que en las actuales ¨democracias¨, los electores eligen a sus representantes, para que interpreten sus deseos y esperanzas, y quieren y con todo derecho, participar indirectamente en la toma de decisiones; más no pueden participar acertadamente, si la información o el espíritu de los actos del gobierno, se les dan camuflados, filtrados o se le esconden, sin leyes o con leyes que los amparen. El nuevo gobierno que se ha iniciado con una actividad inusitada, debe revertir dicha ley, que opaca muchas de sus acciones, que muchos ven con simpatía, ¡Y todavía está a tiempo de hacerlo!
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