Por Hugo Noé Pino
Una de las instituciones con menos credibilidad en nuestro país es el Congreso Nacional. Así lo muestran diferentes encuestas nacionales y regionales que miden el pulso político del país. Esta percepción no es nueva y se viene arrastrando por mucho tiempo. Al mismo tiempo es una tragedia para los esfuerzos de democratización del país.
El Congreso Nacional no sólo se ha atribuido ilegalmente la potestad de destituir un presidente legítimamente electo, sino ha sido el centro de arreglos políticos en contra de los intereses de las mayorías a través de aprobación de leyes, concesiones y exoneraciones que benefician a élites económicas tradicionales y nuevas.
Las últimas decisiones de destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, forzar la renuncia del fiscal general, nombrar anticipadamente a funcionarios de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría General de la República no solamente representa usurpación de funciones, sino que también una afrenta a la ciudadanía. A esto habría que agregar la aprobación de más de 100 leyes en un período record de tres semanas al momento de la transición, algunas de la cuales nunca se conocieron en el pleno, y cuyo contenidos y alcances no se terminan de conocer.
Con la conformación del actual Congreso Nacional se pensó que el mensaje que había enviado la ciudadanía al no otorgar mayoría absoluta a ningún partido sería recibido y aceptado, y que la disposición al diálogo y a consensos sobre los principales problemas nacionales sería la norma general a seguir. Sin embargo, lo que se ha podido apreciar en los escasos tres meses de funcionamiento de la nueva legislatura llama a preocupación.
Primero, los partidos tradicionales acuerdan un "pacto de gobernabilidad" que no es más que un acuerdo para dejar en manos del partido Nacional la dirección del Congreso a cambio de repartición de chambas en las principales instituciones del Estado, por ejemplo, Procuraduría, Tribunal Supremo Electoral y otros por venir.
Segundo, "el pacto de gobernabilidad" del partido Nacional y partido Liberal, que data en el Congreso desde varios gobiernos anteriores, permite la aprobación de paquetes fiscales, leyes de secretividad, concesiones, contratos y otras leyes que representas más intereses particulares que los intereses generales que dicen los diputados defender. Entre estas leyes se encuentra la Ley Orgánica del Congreso aprobada recientemente y en donde se sustituye el antidemocrático reglamento interno existente por varias décadas por un nuevo instrumento jurídico igual de antidemocrático.
En una violación a las más elementales normas parlamentarias la nueva ley no permite la discusión de dos mociones simultáneas en el seno del Congreso. En función de ello al momento de debatir problemas importantes, como la elección del nuevo Comisionado de Derechos Humanos, no se aceptó otra propuesta para ser considerada a votación como cualquier procedimiento democrático requiere. En este caso ni las hojas de vida de los candidatos y candidatas fueron distribuidas en un claro acto de autoritarismo parlamentario.
El espectáculo ha llegado a tales niveles que ni el derecho a la palabra se respeta cuando ésta es solicitadas por las bancadas de oposición, y cual "equipo de respuesta" de medios de comunicación, sólo se le concede a aquellos que han sido identificados como los portavoces del "pacto por la gobernabilidad". Por razones de trabajo he tenido la oportunidad de ver la actuación de diferentes congresos en la región centroamericana y en otros países del exterior y aunque existen fuertes diferencias de posiciones entre las bancadas representadas, se respeta el derecho de la palabra.
En nuestro país parece olvidarse que entre los dos partidos de oposición existe más cerca de un millón trescientos mil hondureños y hondureñas que votaron por los diputados para que los representaran en el Congreso Nacional. Al negarle el derecho a la palabra y a discusión de sus mociones a LibRe y a PAC no sólo están socando los principios democráticos, sino que le dan la espalda a una fuerte contingente de la ciudadanía hondureña.
"El diálogo en democracia es casi una virtud. Es la disposición a aceptar la pluralidad ideológica y a defender los proyectos propios sobre la base de la razón, del argumento y el debate. El diálogo en democracia conlleva la aceptación de la "otraedad" (del otro, del individuo diferente) como parte esencial del "todo social", dentro del cual y para el cual hay que construir un destino común. El diálogo en democracia es, también, valentía de debatir las ideas de cara a la sociedad, sin dobleces ni ocultamientos".
Estas expresiones son tomadas de las Notas de la editora, Cecilia Córdoba, de la revista empresarial Estrategia & Negocios en su último número. Ojalá el Dr. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, pueda leer el artículo completo.
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