Aguas de San Pedro: muestra del nefasto proceso privatizador
La avalancha de denuncias en contra de la transnacional de capital italiano en consorcio con el grupo Terra, se ha mantenido durante años como una prueba clara que la privatización del agua no necesariamente trae eficiencia en la prestación del servicio.
Aguas de San Pedro y Aguas de Puerto Cortés, fueron los dos primeros experimentos del proceso de municipalización y acto seguido privatización, producto de estos durante todos estos años la ciudadanía ha sido víctima del pésimo servicio y los cobros excesivos.
El analista político Carlos Amaya, quien participó desde el año 2002 en las diversas acciones en contra del proceso de municipalización del agua, asegura que ambas empresas son la viva muestra de lo negativo y nefasto de la privatización del líquido.
2003, aprueban ley
Amaya recuerda que fue el año 2002 cuando iniciaron las intenciones del gobierno de privatizar el recurso, tras la presión de organismos financieros internacionales sobre todo del Banco Mundial. Concretamente en el año 2003, y dando la espalda a los diversos sectores que se movilizaron en varias ocasiones, los diputados aprobaron la Ley marco del Agua Potable.
Para el analista el espíritu central de la ley era convertir el agua en mercancía, pasar a las municipalidades la responsabilidad del servicio, “y como éstas son ineficientes rápidamente las entregarían a manos de la empresa privada”. Desde la aprobación muy poco se avanzó en la entrega de los manejos del servicio de agua a las municipalidades producto de las luchas permanentes de diversos sectores, dice Amaya.
Para el año 2004 se aprobó el reglamento de la ley que da como plazo hasta el mes de octubre de este 2014 para que desaparezca el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA y se traspase a la nueva autoridad del agua, quien encaminará el proceso de municipalización.
Una condena de 30 años
El contrato con Aguas de San Pedro se firmó en los años noventa, cuando la alcaldía traspasó la labor que realizaba la División municipal de Agua DIMA, a esta empresa quien debía ser responsable de la distribución del servicio.
El ex regidor sampedrano Wilfredo Flores, responsable de la comisión de finanzas en la administración de Juan Carlos Zuniga dice que desde que se firmó el contrato con esta empresa, el Estado ha dejado de percibir mil millones de lempiras. “Las autoridades en vez de fortalecer las instituciones del públicas las debilitan para comenzar a privatizar los servicios, eso pasó en el caso de Aguas de San Pedro, fácilmente se pudo fortalecer a DIMA y este servicio se estaría prestando desde la municipalidad y no continuaríamos atados a un contrato de 30 años”.
A criterio de Flores, para derogar el contrato, se necesita basarse en los incumplimientos de las cláusulas que dice que la empresa concesionada no debe de alterar las facturas de consumo, ni cortar el agua sin justificación alguna a sus clientes y de no responder a las denuncias de la población; lo anterior según Flores no se ha dado de una forma generalizada y por eso es difícil utilizar esos argumentos para que el gobierno cancele el tratado. Aunque si lo hacen le generaría una fuerte multa económica a la municipalidad.
Un bien nacional
Carlos Amaya cree que a pesar que hay casos concretos como Aguas de San Pedro, de Puerto Cortés y Aguas de Siguatepeque, hay que seguir movilizándose para rechazar la municipalización porque el ejemplo de estas empresas se convertirá en verdad de país.
Amaya recuerda que desde el año 2003, como sectores populares y sociales hicieron una propuesta de ley para el manejo del agua, y en esta proponían que el Estado de Honduras debe reconocer y declarar el recurso agua como un bien nacional, de carácter social, ambiental y directamente vinculado con la soberanía nacional, por lo que bajo ninguna circunstancia puede renunciar mediante venta, renta o concesión, a la conservación, distribución ni administración del agua potable.
Y con esta ley se buscaba garantizar a toda la población hondureña, el acceso al agua potable y saneamiento como un bien común y un derecho humano asegurando a las generaciones presentes y futuras. Además de mejorar la calidad de vida de la población mediante la prestación eficiente y la total cobertura de los servicio de agua y saneamiento.
Carlos Amaya recuerda que la propuesta de ley también buscaba el fortalecer técnica y administrativamente al SANAA, alcaldías así como a las organizaciones comunitarias que administraran y prestaran los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
Ante las amenazas presentes es necesario que se establezcan mecanismo de protección del recurso agua potable y la conservación de las cuencas, concluye Amaya.
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