Por Omar Rivera
Da la impresión que los diputados que aprobaron esta Ley de Secretos, no tenían idea de lo que es el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que en materia de derecho de acceso a la información pública no se admite regresividad alguna; pero a ellos no les importo, con alevosía y ventaja, le metieron retroceso a los importantes avances logrados. No solamente los parlamentarios de la anterior legislatura demostraron su ignorancia y falta de lealtad a la población, sino también el presidente Porfirio Lobo Sosa, que sancionó la Ley y la mando a publicar en el Diario Oficial “La Gaceta”.
Tampoco las actuales autoridades gubernamentales al mando de Juan Orlando Hernández, y los recién electos congresistas, muestras compromiso y conocimiento en torno a la transparencia y rendición de cuentas, ya que en el mejor de los casos se muestran abúlicos e indiferentes ante este monumental atropello a los derechos y libertades de ejecutar auditoría social por parte de la ciudadanía; algunos de estos representantes de la pueblo, han llegado a defender con pasión y gallardía, este aldabonazo a la lucha contra la corrupción y el buen gobierno.
Lo que habíamos ganado con la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la suscripción y ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la adhesión a los principios de la Iniciativa de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en ingles), no lo podemos perder con la aprobación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, por lo que los ciudadanos conscientes y valientes debemos protestar y ejecutar acciones que obliguen a la clase política, inserta en el andamiaje estatal, a revertir esta decisión.
Esta nefasta legislación le da la oportunidad a los funcionarios públicos de auto reservar y “meter bajo la cama” la información que ellos mismos producen, como consecuencias de sus actos en la administración estatal; le concede al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la facultad de declarar reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos generados, adquiridos y administrados por los funcionarios que integran dicho Consejo. Es decir, por ejemplo, el Secretario de Defensa y el Secretario de Seguridad, se convierten en juez y parte; antes de esto, era el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como ente independiente y colegiado, quien determinaba si declaraba o no secreta una información, ahora son “ellos mismos”, los funcionarios del sector defensa y seguridad, quienes blindan la información.
Justificando que ciertas operaciones e información pudiese generar efectos institucionales no deseados, daño o perjuicio interno y externo, grave o excepcionalmente grave, las autoridades podrían cubrir con un manto de opacidad los Lps. 8 mil 566 millones, correspondientes al Defensa y Seguridad, asignados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2014; alegando que se pone en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes, y la soberanía nacional, se pueden declarar secretas todas las asignaciones presupuestarias destinadas a la prevención, investigación criminal, combate al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y los asuntos concernientes a la educación y capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es inaceptable, ya que en nombre de la Seguridad del Estado, aquí en Honduras, se han cometido los más horrendos crímenes y se han ejecutado los más bochornosos actos reñidos con la Ley.
Es tradición de las entidades policiales y militares, mantener bloqueado el acceso a información oficial, y el ejemplo más crudo es la resistencia del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, a rendir cuentas sobre las recaudaciones, destino y uso de los recursos de dicha contribución ciudadana; se han negado a dar cuentas de la forma en la que han gastado más de Lps. 2 mil millones, recaudados en los dos últimos años, y seguramente evitaran que se audite los mas de Lps. 100 millones mensuales (Lps. 1 mil 200 millones al año) que recaudarán durante este 2014.
Hay tremendos riesgos con esta Ley de Secretos, iniciativa poco transparente de las autoridades del Estado, ya que hoy empiezan con el tema de defensa y seguridad, pero mañana ampliarán el ámbito de la opacidad al sector justicia, y luego a las grandes inversiones, explotación de recursos naturales y concesionamiento de servicios públicos; es sintomático de toda esta “bola de nieve” todo lo concerniente a los proceso de depuración de los operadores de justicia y los contratos suscritos por CoAlianza. Uno sabe como comienzan las cosas, pero no sabemos cómo terminan.
Los legisladores deben derogar la Ley de Secretos, atendiendo una demanda ciudadana y cumpliendo a cabalidad con la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho; de no ser así, no queda de otra que la Sociedad Civil organizada y los movimientos sociales realicen acciones judiciales para declarar esta norma como inconstitucional y –en el último de los casos- hagan uso de la movilización y la presión popular para revertir esta Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
En medio de todo esto, vale la pena recordar lo que nos decía John Emerich Edward Dalkberg Acton, más conocido como Lord Acton, en 1887: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Sin duda alguna, los funcionarios públicos deben tener un freno, contrapesos al poder que ejercen, para evitar fenómenos como los que nos indicaba el historiador católico británico, antes citado.
Tegucigalpa, MDC – 21 de marzo de 2014
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