Aumentos y eliminación de subsidios plantea nueva Ley Eléctrica
La lucha de los empleados y empleadas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en Honduras sigue vigente y esta semana ha tenido una nueva jornada de protesta en la ciudad de San Pedro Sula.
Esta movilización efectuada el pasado miércoles 9 de abril, es la segunda desarrollada en los últimos meses en contra de la Ley de la Industria eléctrica, que pretende segmentar la Enee y privatizar la estatal. A la actividad se sumaron miembros de las distintas seccionales del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee) del valle de sula.
A criterio del presidente del Stenee de la zona noroccidental, Edson García, con esta nueva ley el pueblo pobre se verá afectado, porque se eliminarán los subsidios, se aumentarán las tarifas mensuales y se agudizará el proceso de privatización de la Enee.
Asimismo García lamentó que esta situación se da en el marco de una política estatal que busca privatizar todos los bienes del Estado, haciendo caso a los lineamientos de organismos internacionales que pretenden entregar las empresas públicas y los recursos naturales a los sectores empresariales nacionales y extranjeros.
Como alternativa, el dirigente sindical afirmó que están conjugando la lucha en las calles con la pelea legislativa; por esa razón ya han iniciado pláticas con algunos diputados del partido Libertad y Refundación, para evitar la sanción de la ley; pero a pesar de esto, lo más probable es que no se pueda frenar dicha iniciativa, por la minoría que representa este instituto político a lo interno del Congreso Nacional.
En la actualidad la privatización de la Enee, forma parte de esa política de entrega a la empresa privada de las instituciones estatales, por ejemplo: Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria (Enp), el SANAA, entre otras. Esas transiciones son parte de las estrategias neoliberales que están incursionando también en las transformaciones educativas que orientan al fortalecimiento de este modelo capitalista en la región.
Entre tanto el dirigente sindical Boris López, asegura que la situación se complica más con lo que ocurre en la represa El Níspero, donde ya inició la propuesta de entrega de la producción de energía en el occidente del país a una empresa que tiene como asociados a la familia Callejas.
Esta problemática, muestra las verdaderas intenciones del gobierno de desprenderse de sus obligaciones administrativas de las entidades públicas y entregarlas a grupos particulares, permitiendo el debilitamiento de la institucionalidad.
Hasta el momento se está a la espera de la sanción de parte del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sobre la aprobación o no de la Ley, hecho que a criterio de muchos sectores sociales, se ratificará porque ésta es parte del Plan de Nación y Visión de País que impulsa la actual administración.
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